Los centros de acopio se multiplican en la frontera de Venezuela y Colombia
Los representantes de Juan Guaidó afinan detalles de la ayuda humanitaria, con Cúcuta como centro de operaciones
A la espera de nuevos detalles, ya se conocen los plazos. Convocados por Juan Guaidó, reconocido como presidente legítimo por medio centenar de países, los venezolanos volvieron a las calles este martes para exigir a las Fuerzas Armadas venezolanas que permitan la llegada de la ayuda internacional que rechaza el Ejecutivo de Nicolás Maduro. Guaidó ha asegurado este martes que los convoyes de apoyo humanitario ingresarán el 23 de febrero. Las manifestaciones también buscaban enviarle un mensaje a los militares para que dejen pasar los alimentos e insumos médicos que desde la semana pasada se almacenan en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde se estableció el primer centro de acopio.
En algo más de una semana, los representantes de Guaidó —en estrecha colaboración con Washington y Bogotá— han puesto en marcha la primera fase de su estrategia: el almacenamiento de las ayudas en múltiples puntos en Colombia, Brasil y una isla del Caribe. El jueves pasado llegaron los primeros camiones con suministros a una bodega en el puente internacional de Tienditas, cerca de Cúcuta, la principal urbe sobre la porosa frontera común, que se extiende a lo largo de 2.200 kilómetros. Del lado venezolano, los militares han bloqueado todos los carriles de la moderna estructura, aún sin estrenar, con dos contenedores y un camión cisterna.
El coordinador de ayuda humanitaria designado por Guaidó, Lester Toledo, anunció el lunes un nuevo lugar de almacenamiento en el Estado brasileño de Roraima. Allí llegarán las primeras toneladas de ayuda desde la próxima semana. "Podemos decir oficialmente que será el segundo gran centro de acopio después del de Cúcuta, y que Brasil se suma a esta coalición", declaró Toledo luego de ser recibido en Brasilia por el canciller Ernesto Araújo. Adicionalmente, el diputado José Manuel Olivares, que forma parte de la comisión de la Asamblea Nacional que se ha desplegado en la frontera con Colombia, estuvo en el departamento de La Guajira, más al norte, para evaluar la instalación de otro punto, cuyo anuncio es inminente. También hay delegaciones que trabajan con sigilo en las Antillas menores.
En el evento del pasado viernes en el que las autoridades colombianas, estadounidenses y los representantes de Guaidó mostraron a la prensa los paquetes de alimentos e insumos médicos en las bodegas de Tienditas, Toledo vislumbró un escenario donde ríos de gente garantizaran el ingreso de las ayudas. Incluso rememoró un recordado episodio de 2016, cuando mujeres vestidas de blanco pasaron las barricadas de la guardia venezolana para cruzar hacia Colombia, en desafío al cierre de la frontera ordenado por Maduro en aquel entonces.
Sin despegarse de su mensaje central que reclama lo que califica como “cese de la usurpación” por parte de Maduro, un Gobierno de transición y elecciones libres, la estrategia de Guaidó lleva varios días concentrada en destrabar la ayuda humanitaria enviada por la agencia de cooperación estadounidense (Usaid). El chavismo, que todavía reúne a la mayoría de las fuerzas armadas de su lado, se opone a dejarla ingresar, niega la crisis y considera esos envíos una excusa para una intervención. Guaidó intenta aumentar la presión sobre los militares que llegado el momento deberán escoger bando, y les ha advertido de que impedir la entrada de los suministros sería “un crimen de lesa humanidad”.
La fase final para ingresar las ayudas en Venezuela, han subrayado Bogotá y Washington, estará en manos de los representantes de Guaidó, que no desconocen los múltiples desafíos logísticos de una empresa que incluye a varios Estados, como la refrigeración de algunas medicinas, por mencionar solo uno. La distribución involucrará a la iglesia, varias ONG y voluntarios, según ha explicado el dirigente del partido Voluntad Popular. Los niños y mujeres embarazadas serán prioridad en los cuadros de desnutrición que están preparando para definir las zonas más críticas.
En Cúcuta, la calurosa capital departamental a más de 500 kilómetros de Bogotá que se ha convertido en epicentro de la operación, la actividad es intensa, con protestas esporádicas contra Maduro. El domingo, varias decenas de médicos venezolanos cruzaron la frontera para manifestarse a la entrada de Tienditas, donde exigieron el ingreso de la ayuda humanitaria al tiempo que denunciaron el deterioro de los centros de salud venezolanos y las precarias condiciones en que atienden a sus pacientes.
La ciudad fronteriza es también el mejor ejemplo del impacto de la inédita oleada migratoria. De los tres millones de venezolanos que han salido de su país empujados por la escasez, la hiperinflación y la inseguridad, casi 1,2 millones viven en el país vecino, 168.000 en el área metropolitana de Cúcuta, según los últimos datos de Migración Colombia. El éxodo es palpable en cada esquina, de los comedores comunitarios que reparten miles de platos a los migrantes hasta el colegio Institución Educativa de la Frontera, donde 1.200 de los 1.600 alumnos cruzan desde el otro lado todos los días para recibir clases. “El niño en Venezuela aguanta hambre, viene a Colombia con la esperanza de alimentarse”, asegura el rector, Germán Eduardo Berbesí. Desde hace un semestre, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz nacen más bebés de madres venezolanas que de colombianas.
El puente Simón Bolívar, el principal cruce que a diario atraviesan unas 35.000 personas, es desde hace años un hervidero con migrantes que van y vienen sin descanso. Las protestas de este martes no alteraban las rutinas del lado colombiano, donde se amontonan los asesores venezolanos que venden viajes en bus a ciudades que van desde Medellín, Cali o Bogotá, hasta distantes destinos internacionales como el puente de Rumichaca —en la frontera con Ecuador— por 110 dólares, Lima por 235 o Buenos Aires por casi 500. La competencia es feroz. “La gente sigue llegando, más bien aumenta. Ahora que no dejan pasar la ayuda humanitaria, sale más rápido”, afirma sobre la boca del puente uno de esos asesores, Michael Carmona, de 30 años. “El venezolano que no trabaje se lo lleva la corriente, porque aquí el que no produce no come”, apunta. En la misma calzada está su esposa, Sinaí González, de 25, con una panza que delata sus siete meses de embarazo. “Allá no la pueden atender, nos vinimos hace dos meses pensando en el bebé”.
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