El gran lío de los protocolos

Se ha armado un tremendo lío internacional. Tal vez sin proponérselo, el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque se ha metido en un callejón complejo, cuyas salidas traerán costos complicados para las relaciones internacionales del país e incluso en la dinámica de la política doméstica. La historia es la siguiente: El Estado Colombiano, bajo el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), estableció la política de una salida negociada al conflicto armado colombiano. El objetivo principal era negociar con las FARC, la principal guerrilla del país, mientras que con la guerrilla del ELN se tomó la decisión de esperar. La idea del Gobierno, para ese momento, era que la guerrilla más pequeña, más débil, al final sería arrastrada a la paz con la firma de un acuerdo con las FARC.

Efectivamente, las negociaciones entre Estado colombiano y las FARC arrancaron. Con el paso del tiempo, el Gobierno se fue dando cuenta de que su lógica del tren de la paz que arrastra no era viable. Entonces, arrancó una negociación con el ELN. Allí, se establecieron unos países garantes: Cuba, Ecuador, Brasil, Chile, Venezuela y Noruega. Además, se establecieron reglas de juego, se les llamó Protocolos. En lo fundamental estos protocolos describían lo más claro posible los pasos de la negociación y que debería hacer cada parte. Entre todos los protocolos, había uno que describía qué debía pasar en caso de un rompimiento de las negociaciones.

Los protocolos decían que habría un plazo de 15 días, contados desde la fecha del anuncio, para que las partes y los países garantes planearan el retorno de los negociadores del ELN a Colombia. Además, se plasmó que, en caso de ser necesario hacer inserciones de los negociadores del ELN a territorio colombiano, habría un cese de actividades militares por parte de las Fuerzas Militares en estas áreas por un término de 72 horas.

Hace poco más de una semana, el ELN le dio la estocada final a la mesa de negociación, una mesa que estaba prácticamente muerta desde hacía varios meses. Fue definitivamente cancelada por el Gobierno luego de un brutal atentado terrorista del grupo guerrillero en una academia de policía en la capital colombiana. En ese momento, el Gobierno tomó dos decisiones. Por un lado, anunció la reactivación de órdenes de captura para los exnegociadores del ELN. Por otro lado, anunció que no reconocería los protocolos y que le pedía a Cuba que entregara a los miembros del ELN al Estado colombiano.

El anuncio traía dos consecuencias inmediatas. Por un lado, ponía a Cuba en un riesgo inmenso de ser incluido nuevamente en la lista de países que ayuda al terrorismo, pues la no entrega de los miembros de la guerrilla significaba que los protegía. Por otro lado, ponía en aprietos a los países garantes y particularmente a Noruega, que en la vida real prestaba el apoyo logístico más importante. El argumento del Estado colombiano es una verdadera vergüenza. Dicen que los protocolos no los firmó el Estado colombiano, sino el Gobierno de Juan Manuel Santos, por tal razón, el Gobierno de Iván Duque tenía la autonomía para desconocerlos.

A nivel internacional no importa el Gobierno, el que firma es el Estado. Eso es de conocimiento básico de cualquier estudiante de Relaciones Internacionales en la primera semana de clases. El argumento del Gobierno es tan ridículo que llevaría a pensar que las decenas de tratados que ha firmado Colombia, en materia de DDHH, Tratados de Libre Comercio, o el de Roma que crea la CPI, deberían ser ratificados cada cuatro años.

Por otro lado, la situación en la que queda Cuba o Noruega es muy complicada. Si reconocen los protocolos podrían existir consecuencias internacionales, y si no lo hacen su papel como mediadores a nivel internacional quedará cuestionado por muchos años. Igualmente Colombia asume costos altos, pues el ELN no volverá a confiar en la palabra del Estado colombiano en caso de que en algunos años se habrá nuevamente la puerta de la negociación, pero sobre todo, la imagen que proyecta internacionalmente es que no se cumple lo que se firma.

El presidente Duque se ha metido en una pelea sin sentido. Tuvo la oportunidad de unir al país entorno a la lucha contra el terrorismo y con ello habría encontrado por fin un rumbo para su Gobierno. En vez de eso, se metió a pelear por unos protocolos que al final terminará reconociendo o aceptándolos y puso a expertos, académicos, incluso de derecha, a escribir y manifestar el tremendo papelón que estaban haciendo a nivel internacional.