La creciente indignación contra Orbán sale a las calles

“Hace un mes esto era algo impensable”, afirma András Biró-Nagy. El politólogo húngaro se refiere a la oleada de protestas que se suceden en su país desde que el pasado 12 de diciembre el Gobierno de Viktor Orbán aprobara la conocida como ley de esclavitud. Una norma que permite a todas las empresas elevar de 250 a 400 las horas extra anuales por trabajador y que da un plazo de hasta tres años para abonar el pago de esas horas al empleado. Este sábado miles de ciudadanos han vuelto a salir a las calles de Budapest desafiando el frío y la nieve para manifestarse contra la polémica reforma del Ejecutivo. Han sido alrededor de 10.000, según informan los medios húngaros. Desde que empezó 2019 ya se ha contabilizado una quincena de protestas por todo el país. El enfado de los trabajadores va en aumento. 

Las marchas contra Orbán están siendo lideradas sobre todo por los jóvenes, desde universitarios o recién licenciados hasta empleados de las fábricas. Esta indignación ha conseguido algo que parecía impensable en el país centroeuropeo: unir a los diferentes partidos de la oposición, que llevan fragmentados y que han sido incapaces de ofrecer una alternativa al mandato de Orbán desde que el líder de Fidesz se hiciera con el poder en 2010.

"Es momento de dejar nuestros intereses partidistas a un lado y recuperar el Estado de derecho en Hungría", dice la diputada ecologista Bernadett Szél 

“Es un hecho insólito: ahora están sentados en la misma mesa los partidos socialdemócratas, los verdes, liberales, y hasta el ultraderechista Jobbik”, dice el politólogo András Biró-Nagy, codirector del laboratorio de ideas Policy Solutions. Todos piden la derogación de esta ley, pero también han elaborado un manifiesto de cinco puntos en el que también exigen al Gobierno la independencia del sistema judicial, el fin de la propaganda mediática estatal y la libertad de prensa, que Hungría sea miembro de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y que mejoren las condiciones laborales del cuerpo policial. Algunos de los grupos sindicales amenazan con ir a la huelga general si el Ejecutivo de Orbán se niega a negociar.

“Tenemos que seguir manteniendo la presión. Es momento de dejar nuestros intereses partidistas a un lado y recuperar el Estado de derecho en Hungría”, sostiene Bernadett Szél, expresidenta del partido ecologista LMP. El pasado 17 de diciembre, esta diputada independiente fue forzada a abandonar la redacción de la televisión pública húngara después de haber pasado la noche allí junto a otros políticos para exigir leer en directo el manifiesto de cinco puntos. El vídeo que muestra la expulsión de estos diputados del edificio público se viralizó en poco tiempo.

“Es pronto para saber el impacto de estas manifestaciones. Pero lo que está claro es que el Gobierno no se lo esperaba. Están confundidos, lo que supone un pequeño logro para los opositores”, asegura Péter Krekó, director del centro de reflexión húngaro Political Capital.

El Ejecutivo, por su parte, emitió un comunicado en el que critica que la oposición solo está interesada en la “pelea política del momento” y que las “violentas protestas callejeras” están financiadas por el magnate y filántropo George Soros, archienemigo de Orbán. Hasta ahora las manifestaciones han sido mayormente pacíficas, aunque sí se han dado algunos enfrentamientos con la policía, que ha utilizado gases lacrimógenos. 

Desde que en 2010 Viktor Orbán se hiciera con el poder del Gobierno húngaro, el líder y fundador de Fidesz ha llevado a cabo una serie de políticas ultraconservadoras y liberales que han deteriorado mucho la relación de Budapest con Bruselas. Su reforma de los tribunales ordinarios ha debilitado la independencia del poder judicial, según critica la oposición.

El 5% de la población húngara en edad de trabajar lo hace fuera de sus fronteras, en otros países de la UE

La libertad de expresión también ha quedado mermada con el auge de los medios gubernamentales y el cierre de las principales cabeceras independientes. Normas como la ley Stop Soros, que criminaliza la ayuda a los migrantes, socava los valores fundamentales de la Unión Europea, según Bruselas. El pasado diciembre, la Universidad Central Europea (CEU), financiada por Soros, anunció que abandona Budapest y se marcha a Viena presionada por el Gobierno. 

“Hasta ahora la gente no se veía afectada directamente por los cambios del Gobierno, aunque eran de carácter constitucional y han socavado nuestra democracia. Pero la ley de la esclavitud les toca de verdad, les obliga a trabajar más horas. Ha sido la gota que ha colmado el vaso”, subraya el analista Krekó.

La ley de horas extra ha sido una medida para intentar contentar a los empresarios, sobre todo a las multinacionales extranjeras radicadas en Hungría, que llevaban tiempo quejándose por la falta de personal en un país que, según el FMI, tiene previsto un crecimiento del PIB del 3% para este año. El 5% de la población húngara en edad de trabajar lo hace fuera de sus fronteras, en otro país de la UE. Desde 2010 entre 350.000 y 500.000 personas han abandonado Hungría. La mayoría son jóvenes y buscan oportunidades laborales con un mejor salario que los casi 600 euros netos de media que les pagan en Hungría. “Si los inmigrantes no pueden venir al país y hay demanda de trabajo, ¿quién trabaja?”, se pregunta irónicamente Krekó.

“Los jóvenes sienten que no tienen futuro aquí, muchos están cansados de esta atmósfera política y conservadora”, explica Biró-Nagy. El partido político que concentra esa indignación juvenil es Momentum, una formación que no logró entrar en el parlamento en las últimas elecciones. Su vicepresidenta, Anna Donáth, de 31 años, anunció hace unas semanas que “2019 será el año de la resistencia”. 2019 también será un año electoral en Hungría: en primavera se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo y en otoño habrá comicios locales. “Estoy convencido de que esta movilización ciudadana puede llegar a influir en los resultados”, asegura Bálazs Bárány, del partido socialista húngaro MSZP.