EE UU sanciona a 21 altos cargos de Venezuela por fraude electoral y represión contra los opositores

Estados Unidos ha impuesto una nueva ronda de sanciones contra 21 altos cargos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, por su papel en el “fraude electoral” en los comicios del pasado 28 de julio y por la represión subsiguiente de las protestas populares y contra la oposición, según han anunciado este miércoles el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la Casa Blanca.

“Estados Unidos ha dado pasos para aumentar la presión contra Maduro y sus representantes responsables por el fraude electoral que ocurrió el 28 de julio y después, y por la brutal represión que hemos visto en los últimos meses”, apuntaba un alto cargo del Gobierno que habló con los periodistas bajo la condición del anonimato. Entre los sancionados se encuentran altos cargos de los servicios de inteligencia y contrainteligencia venezolanos, así como representantes del Gobierno chavista. “No se trata únicamente de hacer que Nicolás Maduro rinda cuentas”, agregaba el alto cargo. “Los cargos que actúan de manera ilegal para sostener su régimen, basándose en tácticas represivas, también se van a encontrar en el punto de mira de esas sanciones”.

La selección de sancionados parece encaminada a golpear al círculo de Maduro y el considerado número dos del régimen, Diosdado Cabello. Entre los castigados se encuentra la hija de éste Daniella Desireé Cabello Contreras, presidenta de la agencia de promoción exportadora venezolana desde septiembre de 2024, y Alexis José Rodríguez Cabello, director del Sebin, el Servicio Nacional de Inteligencia, y primo del ministro del Interior.

Entre los cargos del Gobierno chavista objeto de castigo estadounidense se encuentran, según el Tesoro, Freddy Alfred Nazaret Ñáñez Contreras, ministro de Comunicación y antiguo presidente de la televisión nacional venezolana; Aníbal Eduardo Coronado Millán, ministro de la Oficina Presidencial, o William Alfredo Castillo Bolle, viceministro de Políticas Antibloqueo en el Ministerio de Economía. También figuran el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier José Marcana Tabata, y Julio José García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios.

Sus nombres se suman a los de cerca de 180 funcionarios del régimen y un centenar de entidades venezolanas ya sancionados por Estados Unidos. Washington había anunciado en septiembre sanciones contra otros 16 aliados de Maduro, a los que había acusado de obstrucción del voto y violación de los derechos humanos.

“Las acciones represivas de Maduro y sus representantes, tras las elecciones presidenciales venezolanas, representan un intento desesperado de silenciar las voces de sus ciudadanos”, ha declarado el subsecretario del Tesoro en funciones para la Lucha Antiterrorista y la Inteligencia Financiera, Bradley Smith. “Estados Unidos continúa poniendo en el foco a aquellos que usan la violencia y la intimidación para socavar la gobernanza democrática y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión”.

El anuncio llega cuando a la Administración del presidente Joe Biden apenas le quedan 54 días en el poder antes de traspasar el mando al presidente electo Donald Trump, e intenta aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, aunque no está claro qué efecto vayan a tener las nuevas sanciones. Washington ya anunció la semana pasada, a través del Departamento de Estado, que reconocía como presidente electo de Venezuela al dirigente de la oposición Edmundo González Urrutia, al que declaró el 1 de agosto pasado ganador de las elecciones.

González Urrutia se encuentra en el exilio en España después de la persecución que sufrió por parte del chavismo tras declararse ganador de las elecciones y denunciar el fraude con el que Maduro se proclamó vencedor de los comicios para permanecer en el poder. El exdiplomático, reconocido como el ganador electoral por Estados Unidos, la Unión Europea (sin dar el paso de declararlo presidente electo) y países latinoamericanos, ha asegurado que planea regresar a su país y tomar posesión el próximo día 10 de enero, cuando está prevista la investidura presidencial en Venezuela. No ha revelado cómo piensa hacerlo. En la conversación con periodistas este miércoles, el mencionado alto cargo estadounidense y otros presentes se limitaron a precisar: “No hemos recibido una petición de asistencia” para ayudar al regreso del opositor. También aseguran que Washington no intervino en su salida del país.