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Reino Unido fijará sueldos mínimos para que los ciudadanos de la UE accedan a su mercado laboral

El Gobierno de May publica el documento base de inmigración para el Brexit

Una pintada en contra de la UE, en la carretera de Yorkshire Moors (Reino Unido).
Una pintada en contra de la UE, en la carretera de Yorkshire Moors (Reino Unido). Getty

Los ciudadanos de la UE que quieran desplazarse a trabajar a Reino Unido ya no tendrán ventajas respecto al resto de inmigrantes procedentes de otras áreas, según los planes migratorios elaborados por el Gobierno de Theresa May. El Ejecutivo británico está decidido a establecer a aprovechar el fin de la libertad de movimiento de personas que supondrá el Brexit para establecer un nuevo sistema de entrada basado exclusivamente en la cualificación profesional del aspirante. Y en las condiciones laborales en las que pretenda acceder al mercado de Reino Unido, en las que se ha contemplado como exigencia mínima de salario unos 33.000 euros anuales para trabajadores cualificados que aspiraran a obtener un visado de cinco años.

"Será un sistema único, basado en las habilidades laborales del solicitante, y centrado en el talento y la experiencia que la gente pueda aportar, en vez de estar condicionado por su lugar de origen. Será un modo de aprovechar al máximo los beneficios de la inmigración y de demostrar que Reino Unido está abierto a las necesidades empresariales", ha explicado el ministro de Interior, Sajid Javid, a la BBC.

El Ejecutivo británico se ha comprometido a publicar este miércoles su "papel blanco", o borrador sobre los nuevos planes de inmigración que se pondrán en marcha una vez se consume la salida del país de la Unión Europea. Theresa May mantiene como una de sus obsesiones reducir el número de inmigrantes. La migración neta —la diferencia entre la cantidad de personas que llegan al país y las que se van— fue de 273.000 el último año, y el ministro se ha comprometido a reducir la cantidad a un nivel "que responda a nuestras necesidades económicas pero no resulte a la vez una carga para nuestras comunidades o nuestras infraestructuras".

En el seno del Gobierno de May se ha discutido intensamente el modo de abordar esta política. El ministro de Economía, Philip Hammond, ha sido uno de los más firmes opositores al establecimiento de cualquier tipo de cuota o restricción salarial que perjudique a las empresas británicas. El Ejecutivo de May reconoce que ha planteado como exigencia mínima de salario unos 33.000 euros anuales. Esa sería la cantidad mínima establecida en el contrato laboral de aquellos trabajadores cualificados que aspiraran a obtener un visado de trabajo de cinco años. Esa cantidad es ya la exigida para muchos trabajadores procedentes de países no comunitarios. Se abrirá ahora un proceso de consultas políticas y empresariales, ha asegurado el ministro, para comprobar si la cifra se ajusta a la realidad y a las necesidades de las empresas. En cualquier caso, se advierte, el nivel no podrá ser inferior al del salario medio británico en un puesto de las mismas características.

El Servicio Nacional de Salud (NHS), que tiene entre su personal a muchos profesionales procedentes de la UE, ya ha advertido de que con ese nivel mínimo no podrá mantener sus niveles de contratación ni cubrir sus necesidades.

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