El destierro como castigo a las familias de los atacantes se abre paso en Israel

“Vamos a reforzar la seguridad en los asentamientos. Tomaremos todas las medidas. No toleraremos el terrorismo ni en Gaza ni en Judea y Samaria (nombres bíblicos de la actual Cisjordania). Golpearemos con fuerza”. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acudió el martes al cruce de carreteras donde el pasado jueves un palestino mató a tiros a dos soldados israelíes antes de huir en dirección a la cercana Ramala. Allí lanzó un mensaje destinado a los más de 400.000 colonos judíos asentados en el territorio ocupado palestino tras el repunte de la violencia de los últimos días. “Durante el fin de semana se practicaron más de 100 detenciones, y ayer [por el lunes] hubo 36 arrestos. Encontraremos al asesino, solo es cuestión de tiempo”, prometió rodeado de soldados en el acceso a la colonia judía de Givat Asaf, en Cisjordania. “Este lugar es el corazón de nuestra patria”.

Después de siete agresiones contra israelíes encadenadas en apenas una semana, el Gobierno no ha reparado en esfuerzos para intentar tranquilizar a los habitantes de los asentamientos. Los colonos constituyen la base de partidos integrados en la coalición, como el ultranacionalista Hogar Judío, y su voto resulta clave para la hegemonía política del Likud de Netanyahu. En su primera reunión tras el atentado que segó la vida de los jóvenes reclutas, el Gabinete ministerial aprobó en la noche del domingo el proyecto de ley que permitirá desterrar de su lugar de arraigo en Cisjordania a las familias de los autores de los ataques.

Además de sufrir la demolición de sus viviendas y de perder los permisos de trabajo y residencia en Israel, en su caso, los parientes más cercanos que convivan con los agresores podrán ser sometidos al castigo bíblico de ser deportados “a otro lugar de Cisjordania” en un plazo de siete días después de los ataques.

Alerta del fiscal general

A pesar de las advertencias del fiscal general del Estado, que alertó de que la propuesta legislativa violaba las libertades constitucionales y el derecho a la propiedad de los familiares, los ministros del comité legislativo acordaron enviar a la Kneset (Parlamento) el proyecto. “Esta ley generará graves dificultades [para Israel] en el plano internacional”, concluía el informe del fiscal general al Ejecutivo, aireado ayer por la prensa en hebreo, en una velada alusión a un procesamiento por la Corte Penal Internacional, no reconocida por Israel pero con jurisdicción sobre Palestina desde 2015.

Los ministros tampoco han atendido las objeciones presentadas por el Ejército y las fuerzas de seguridad. “Esa legislación es inaplicable, y puede exacerbar las tensiones”, destacado ante el Gobierno el jefe del Shin Bet (servicio de seguridad interior), Nadav Argaman, según la versión publicada por el periódico Haaretz.

“Esta gente [la familia de los atacantes] apoya el terrorismo y anima a otros a seguir ese mismo camino. Quienes actúan así son cómplices del crimen”, argumentó al día siguiente el ministro de Turismo, Yarin Levin, ideólogo del ala más radical del Likud, en la radio del Ejército.

El proyecto de ley para desterrar a los familiares de los atacantes palestinos había sido vetado hasta ahora por Netanyahu escudándose en sus repercusiones legales y diplomáticas. Como nuevo titular de la cartera de Defensa —que acumula junto con la de Exteriores y otros departamentos menores—, el primer ministro es ahora responsable directo de la seguridad de los colonos. “La expulsión de los terroristas es una herramienta efectiva, cuyas ventajas superan, en mi opinión, sus inconvenientes”, defendió el lunes ante los diputados del Likud, según el relato del diario Maariv,

La luz verde de Netanyahu a la polémica iniciativa del destierro no garantiza, sin embargo, su aprobación final tras un largo proceso de al menos tres votaciones en la Kneset. Y en caso de que llegue a ser promulgada, el Tribunal Supremo, último guardián de la legalidad en Israel, puede llegar a anularla por violar principios constitucionales, como ya ha advertido el fiscal general.