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Los ‘chalecos amarillos’ fuerzan un debate sobre los referendos impulsados por la ciudadanía

El movimiento cumple un mes, ya más debilitado en la calle, pero sigue marcando la agenda en Francia

Un 'chaleco amarillo' reclama el referéndum ciudadano en Montpellier, en el sur de Francia. En vídeo, la gran crisis de Macron, en seis claves.

Un mes después de las primeras concentraciones de chalecos amarillos, el movimiento empieza a debilitarse en las calles y carreteras, pero sigue sumando victorias políticas. Después de que el Gobierno francés anulase la subida de la tasa al carburante y aprobase ayudas de 10.000 millones de euros para reforzar el poder adquisitivo, los activistas han conseguido que se discuta otra de sus reivindicaciones. El primer ministro, Édouard Philippe, ha aceptado este lunes abrir el debate sobre los llamados referendos de iniciativa ciudadana, vigente en países como Suiza e Italia y reclamados en Francia por la extrema derecha y la izquierda populista.

“Vamos a abordar el debate. No veo cómo se puede estar en contra de este principio”, dijo Philippe en una entrevista con el diario Les Échos. “El referéndum puede ser un buen instrumento en una democracia, pero no sobre cualquier tema ni en cualquier condición”. Un gran debate nacional, que incluirá a los chalecos amarillos, debe tratar esta y otras cuestiones hasta marzo.

Los chalecos amarillos —una revuelta sin líderes, estructura ni programa que lleva como emblema la prenda de emergencia obligatoria en los automóviles— han ido modificando sus objetivos desde la primera manifestación nacional, el 17 de noviembre.

Al principio, querían la supresión del aumento de la tasa al diésel y la gasolina, prevista para el 1 de enero. A esto se añadió un elenco heterogéneo de peticiones, que iba desde la reducción generalizada de impuestos para la clase media y la reintroducción del impuesto sobre las fortunas hasta la dimisión del presidente, Emmanuel Macron. La acción de los chalecos amarillos ha sido doble en estas semanas: presencia permanente en todo el país, con ocasionales bloqueos en rotondas, y los sábados protestas en los centros urbanos.

El referéndum de iniciativa ciudadana, o RIC, ha surgido en los últimos días como el nuevo objetivo del movimiento. En las manifestaciones del fin de semana, esta petición era uno de los eslóganes más presentes en las pancartas. La idea es impulsar la organización de referendos mediante la recogida de un número determinado de firmas, 700.000 según algunas propuestas. La otra cuestión, además del número de firmas requerido, es para qué servirían los referendos. ¿Para proponer leyes? ¿Enmendarlas? ¿Reformar la Constitución? ¿Destituir cargos electos?

La Constitución de la V República, adoptada hace 60 años, otorga un lugar central a estas consultas, pero delimita las vías para organizarlas y el alcance.

El artículo 3 establece que “la soberanía nacional pertenece al pueblo, que la ejerce por sus representantes y por la vía del referéndum”. El artículo 11 precisa que es el presidente de la República, a propuesta del Gobierno, quien puede someter a referéndum un proyecto de ley que afecte a la organización de los poderes públicos, a las reformas económicas, sociales o medioambientales, o a la ratificación de un tratado internacional que pueda repercutir en las instituciones.

La reforma constitucional de 2008 entreabrió la puerta a los referendos de iniciativa popular. Un nuevo párrafo del artículo 11 permite desde entonces proponer un referéndum sobre los asuntos mencionados a iniciativa de una quinta parte de los miembros del Parlamento apoyados por una décima parte de los votantes inscritos en las listas electorales. La opción es complicada de llevar a la práctica dado el alto umbral de firmas necesarias, en torno a 4,5 millones. Nunca se ha aplicado.

El referéndum de iniciativa ciudadana iría más allá, pues, como indica su nombre, la iniciativa la tendrían los ciudadanos y no los parlamentarios, y el umbral de firmas podría ser inferior. En la campaña de las últimas elecciones presidenciales, en 2017, la candidata Marine Le Pen, del Frente Nacional (hoy Reagrupamiento Nacional) lo llevaba en su programa. Este fin de semana, en un mensaje en la red social Twitter, describió el RIC como "una herramienta esencial para el buen funcionamiento democrático". "¡Desbloquear nuestra democracia, pasa por devolver la palabra al PUEBLO!", escribió Le Pen, que por ahora es la líder que más beneficio saca en los sondeos de la crisis. Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, también defiende los referendos de iniciativa ciudadana y la posibilidad de que sirvan para revocar a cargos electos.

Las manifestaciones de los chalecos amarillos del sábado —quinto fin de semana consecutivo de protestas— revelaron la decreciente capacidad de convocatoria del movimiento. En todo el país se manifestaron 66.000 personas, según el recuento final. La semana anterior fueron 126.000. El ministro del Interior, Christophe Castaner, ha anunciado que en los próximos días la policía quiere desmantelar los campamentos y puntos de control en carreteras y rotondas.

“Ya basta. Por la seguridad de los chalecos amarillos, de los ciudadanos y de las fuerzas del orden”, dijo Castaner, que aludió a las ocho personas muertas en el último mes en accidentes relacionados con las protestas.

El 'truco' para aumentar el salario mínimo

El primer ministro francés, Édouard Philippe, precisó este lunes la letra pequeña del anunciado aumento del llamado smic, el salario mínimo en Francia. Es la medida estrella de las que la semana pasada anunció el presidente, Emmanuel Macron, para apaciguar la revuelta de los chalecos amarillos. Como dejó entrever Macron en su declaración, los 100 euros suplementarios que recibirán los franceses que cobran el salario mínimo no será, en rigor, un aumento del salario mínimo, que legalmente seguirá igual: 1.498,47 euros brutos; 1.184,93 euros netos. El complemento de 100 euros se efectuará mediante un aumento de la llamada prima de actividad, destinada a ayudar a las personas con salarios bajos. Philippe explica en el diario Les Échos que recibirán los 100 euros suplementarios al mes personas con ingresos de hasta 2.000 euros netos mensuales, es decir, más allá de los receptores del smic.

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