Ortega redobla el asedio al periodismo independiente en Nicaragua
La ONU exige que cese el acoso a "defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación críticos"
El asedio del régimen de Daniel Ortega contra el periodismo independiente en Nicaragua se intensificó el fin de semana con un violento episodio de represión policial. Los antidisturbios golpearon en Managua a los reporteros que protestaban por los registros y el allanamiento de tres medios de comunicación y nueve ONG locales. Esta escalada provocó una contundente reacción de la comunidad internacional, empezando por Naciones Unidas, que exigió al Gobierno que deje de perseguir a los opositores y acosar a la prensa crítica.
Las últimas agresiones se produjeron el sábado, cuando el periodista Carlos Fernando Chamorro se presentó en las instalaciones de la Policía Nacional de Nicaragua para rechazar la ocupación de las oficinas de Confidencial, el medio que dirige desde hace más de dos décadas. Pero su petición de explicaciones derivó en una demostración de fuerza de las autoridades. Los antidisturbios golpearon a los presentes, reporteros que cubrían los hechos y que protestaban por el abuso de poder.
Durante la noche del viernes, varios agentes irrumpieron en la redacción de Confidencial, que este domingo seguía ocupada, y en las de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, emitidos por el Canal 12. “Fuimos a plaza del Sol a demandarle a la policía la orden de asalto contra la redacción de Confidencial. Salió el oficial Soza a dialogar. Entró a hacer consultas. Treinta minutos después salió con una jauría de 50 antimotines que nos agredieron”, denunció el informador.
Se trata del enésimo episodio de acoso al periodismo que denunció los casos de corrupción que afectan al régimen y desprecio a la convivencia democrática. La huida hacia adelante del Gobierno ha motivado en numerosas ocasiones la condena de las principales instancias internacionales. Este fin de semana volvieron a pronunciarse Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos exigió a Ortega que cese la persecución de “defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno”. “Asimismo”, agregó la expresidenta chilena en un comunicado, “insto a las autoridades a que respeten y garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”.
Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, consideró que “se acelera la cuarta fase de la represión en Nicaragua”. Esto es, “la consolidación de un Estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener apariencia de legalidad para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”. “La reducción de los espacios de la sociedad civil confirma que tras reprimir las protestas con brutalidad, detener arbitrariamente y criminalizar los opositores, se intenta oprimir y exterminar todas las voces disidentes. Las democracias exigen pluralidad política”, escribió en su cuenta de Twitter.
“Denuncio al dictador Daniel Ortega, jefe supremo de la policía nacional, como responsable del asalto policial contra las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Saquearon nuestra redacción. Un ataque brutal contra la libertad de prensa, y libertad de empresa”, insistió Chamorro, que también presenta el programa Esta Semana, líder de audiencia en Nicaragua.
El Gobierno, además, informó de que ya procedió a la ilegalización de las nueve ONG intervenidas. Sus bienes pasan a la administración del Estado para la creación del llamado Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo, informa Efe. Aparte de los medios asediados, las organizaciones despojadas de su estatus legal son Cisas, Cinco, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia. A ellas se añaden las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, y la Fundación Popol Na.
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