La Colombia que continúa bajo el yugo de la violencia

La violencia que aún golpea a Colombia tiene una cara visible y se llama Tumaco. Lo que sufre este municipio de la costa del Pacífico, próximo a la frontera con Ecuador, es un reflejo de las carencias de la aplicación de los acuerdos con las FARC firmados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una población azotada por el conflicto armado, rodeada de hectáreas de cultivos de hojas de coca, que ha asistido a un recrudecimiento de los abusos. Una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en junio y agosto de este año deja claro que allí la paz es todavía un espejismo.

"Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco", denuncia el informe de la organización, presentado este jueves en Bogotá.

Estas columnas armadas aterrorizan barrios y veredas, "matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse".  A ellas se suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda que se formó tras la desmovilización paramilitar de principios de la pasada década que también cometió "graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio".

“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ese territorio encarna los peores males de Colombia, empezando por la violencia y los asesinatos. "Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50%", continúa el informe. Es decir, el doble que una metrópoli como Cali.

Las víctimas incluyen a líderes comunitarios y golpean especialmente a las franjas más vulnerables de la población. En ningún otro lugar de Colombia, además, es tan extendida la violencia sexual perpetrada por grupos armados. Entre enero de 2017 y finales de septiembre de 2018, "74 personas en Tumaco fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual -que incluyen la violación y otros delitos sexuales- relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia". Human Rights Watch relata el horror sufrido por una niña de 14 años, violada en una zona rural del municipio en octubre de 2017. "Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las once de la noche y dijeron a sus padres que el jefe del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado".

En los episodios de violencia de las disidencias de las FARC hay un nombre recurrente. Se trata de alias Guacho. cabecilla del llamado Frente Oliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Los dos informadores y su conductor desaparecieron a finales de marzo en la frontera y sus cuerpos fueron encontrados a mediados de junio en los alrededores de Tumaco. El presidente colombiano, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, fijó como prioridad la captura de ese criminal, aunque según HRW las actuaciones de las autoridades deben ir más allá.

“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, mantuvo Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”. La organización recomienda al Gobierno, además, que los desplazados en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde, que las fuerzas de seguridad pongan en marcha un plan de protección de los residentes y que redoble los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en el municipio. Al mismo tiempo, solicita a la Fiscalía que aumente en Tumaco el número de investigadores y fiscales encargados de casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.