Un Estado vasallo

Quizá algún día Reino Unido recupere su soberanía nacional, si es que eso significa algo. Que hoy es más bien menos que poco.

Pero de momento, y por largo tiempo tras el Brexit —en realidad, por plazo indefinido— quedará encajonado como un Estado vasallo de la Unión Europea (UE). Es decir, que el Brexit será, durante un calendario indeterminado, un no-Brexit.

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Reino Unido quedará sujeto a muchas normas de la UE. Distintas partes del mismo deberán atenerse a distintas reglas. Una de ellas, el Ulster, seguirá bajo control jurisprudencial del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE). Londres contribuirá ampliamente al presupuesto común. Pero no podrá influir en las directivas ni en las políticas de la Europa continental. Será un Estado tercero.

La lectura atenta del informe jurídico sobre Irlanda elaborado por el fiscal general de Theresa May, Geoffrey Cox, proyecta técnicamente, sin concesiones, ese sombrío panorama (Legal effect of the Protocol on Ireland/Northern Ireland, www.gov.uk).

Coincide en su análisis con las críticas de los euroescépticos más fanáticos, aunque evita su corolario más político. A saber, la denuncia de que con el Acuerdo de Retirada el futuro Reino Unido no volverá al Imperio, ni al sueño de una Commonwealth efectiva, ni a la soberanía nacional, sino que quedará abocado al vasallaje.

Las conclusiones más brutales (para la ciudadanía británica) de Cox son siete:

1. El Ulster “permanecerá en el Mercado Interior europeo y en la Unión aduanera de la UE”, mientras que Gran Bretaña estará en una “unión aduanera separada” con la UE.

2. Aunque ambas normativas no choquen, podrán diferir, de forma que el TJUE “continuará teniendo jurisdicción sobre Irlanda del Norte”.

3. Eso implica que “a efectos reguladores, a Reino Unido se le trate como a un tercer país” desde el primer momento.

4. Dichas provisiones, incluidas, entre otras, en el Protocolo irlandés, implican que —pese a concesiones retóricas—, en términos “de la legislación internacional”, este durará indefinidamente, hasta que sea reemplazado por un acuerdo de relaciones futuras. Y el actual “Acuerdo de retirada no otorga” a Londres “instrumentos legales para obligar a la UE a concluir un pacto” para el porvenir.

5. Reconocimiento de fracaso: aunque “nosotros intentamos negociar un mecanismo unilateral de terminación” del período transitorio, “fue rechazado por la UE”.

6. Dado que no existe ese mecanismo, el carácter indefinido de la situación transitoria de los dos primeros años puede eternizarse, “incluso en el caso de que las partes sigan negociando muchos años después”; y también “si consideran claramente rotas sus negociaciones”.

7. Así que, “existe el riesgo legal de que Reino Unido quede sujeto a reiterativas y prolongadas rondas negociadoras”.

La publicación de este texto, que el Gobierno se negaba a entregar a los parlamentarios, ha sido obligada por estos. Se comprende el motivo (insidioso y antiliberal) de May en su pretensión de oscurantismo: evitar la prueba tangible de que ha incumplido sus principales compromisos ante el electorado.

Pero hurgando cada coma del documento, surge otra poderosa sospecha: darlo a la luz equivale a regalar a los 27 todas las bazas en favor de la interpretación europea, si algún día este pacto se aprobase y fuese llevado ante árbitros y jueces.