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Los fiscales que investigan la corrupción en la justicia de Perú enfrentan amenazas

El Congreso bloquea las pesquisas contra la mafia Cuellos Blancos del Puerto y el fiscal general hostiga a los investigadores

El fiscal general peruano, Gonzalo Chávarry, con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
El fiscal general peruano, Gonzalo Chávarry, con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Cuatro meses después de que se destapase la red corrupta en el seno del sistema de justicia de Perú a través de escuchas policiales divulgadas por la prensa nacional, pocos miembros de la mafia Cuellos Blancos del Puerto —mollar en la trama— están detenidos o colaboran con las investigaciones. El procurador anticorrupción peruano Amado Enco ha denunciado que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, “no va a impulsar nada porque está comprometido con dicha trama y en el Congreso ocurre lo mismo”. Además, las fiscales que detectaron la existencia de dicha organización están siendo objeto de represalias.

La primera magistrada castigada por el fiscal Chávarry es Jacqueline Pérez, que en julio pidió apartar de sus puestos a dos fiscales provinciales del Callao por sus tratos ilegales con el entonces presidente de la Corte Superior de ese puerto, Walter Ríos, hoy detenido e investigado por formar parte de la red infiltrada en el aparato de justicia del país sudamericano.

La fiscal Pérez coordinaba las fiscalías penales corporativas del Callao, y tenía el rango de fiscal superior provisional. Pero el fiscal de la Nación anuló su designación el viernes, la rebajó de rango y la envió al despacho de uno de los fiscales a quienes ella pidió separar. En la práctica, la ha apartado de la investigación de la trama de corrupción.

“No es posible vivir pensando en que la criminalidad y la corrupción nos van a sobrepasar o avasallar: pensar de esa manera es negar al Perú. Fiscales como Rocío Sánchez y Sandra Castro saben dónde están los problemas, saben dónde están los culpables, y les hacen frente. Su actuación como fiscales en la investigación de los Cuellos Blancos del Puerto lo ha demostrado”, comentó Pérez en un acto de reconocimiento organizado el lunes por tres organismos de la sociedad civil. Un informe de Castro difundido en agosto señala que el fiscal general es miembro de dicha organización criminal.

En 2017, Castro y Sánchez fueron asignadas a la fiscalía provincial especializada en crimen organizado del Callao, cuando seguían a una banda de narcotraficantes y sus abogados aparecieron en las escuchas telefónicas magistrados y trabajadores administrativos del sistema de justicia. Más adelante fue el turno de políticos y empresarios fujimoristas, y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Los audios de esas conversaciones revelan que el tráfico de sentencias y nombramientos prevaricadores de jueces y fiscales en el Callao se repitió por lo menos en el sur de Lima y en la región Ayacucho.

“Como fiscalía que investiga un delito que ha movido los cimientos de nuestro sistema de justicia lo que nos tiene que preocupar es el no a la impunidad. No tenemos temor de investigar a las personas que han generado toda esta desazón”, destacó la fiscal Sánchez. En una entrevista en Radio Exitosa, el fiscal general rechazó el miércoles las pesquisas de los Cuellos Blancos. “Yo tengo la oportunidad de cambiar a esas señoras fiscales que son provisionales. No lo hago para que no se piense que quiero limpiarme o apartarme de una u otra forma de la investigación”, señaló.

Chávarry también amenazó al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, quien investiga a la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, por recibir fondos ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011. Este año, Fujimori acudió al presunto líder de los Cuellos Blancos del Puerto, el hoy destituido juez César Hinostroza, con el fin de evitar la investigación bajo la ley de crimen organizado. “Quien dirige la institución es quien habla, yo puedo removerlo. [No lo hago] porque no quiero que se tome como una represalia porque me está citando”.

El fiscal Pérez interrogará el 19 de noviembre a Chávarry sobre su vínculo con Hinostroza y sobre el blindaje que ordenó la lideresa fujimorista cuyo partido tiene mayoría en el Congreso. La abogada Jeannette Llaja apuntó, en declaraciones a este diario, que la fiscalía especializada de crimen organizado del Callao fue creada el año pasado con un plazo que vence en diciembre. “Si la junta de fiscales supremos no prorroga su existencia, a las fiscales las pueden enviar a otra dependencia y la investigación corre riesgos”, explicó.

Trámite congelado

“El caso está muy difícil de que avance. El Congreso no solo no discute las cuatro denuncias constitucionales contra Chávarry, sino las otras que hemos presentado contra jueces supremos y fiscales supremos para que puedan ser investigados por su relación con la red”, indicó el procurador Enco a EL PAÍS. “No entiendo por qué la fiscalía no ordenó el registro domiciliario de Hinostroza y de los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura: ha pasado mucho tiempo ya en el que han podido desaparecer material. Son personas con conocimiento del Derecho y no se sabe hasta dónde tienen influencias, hasta dónde llegan sus brazos. En un caso tan complejo, la reacción del Ministerio Público debió ser inmediata de allanar inmuebles y registrar información, pero Chávarry se siente comprometido y lo único que está haciendo es favorecerlos”, agrega Enco.

El miércoles por la mañana, la policía allanó el domicilio de Hinostroza, quien está preso en Madrid adonde huyó infringiendo una orden de arraigo. El exjuez, quien ha pedido asilo en España, fue detenido por la Interpol el 20 de octubre y Perú enviará un pedido a las autoridades españolas para extraditarlo.

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