Sarkozy, a un paso de ser juzgado por financiación ilegal de campaña

Nicolas Sarkozy está desde este jueves un paso más cerca de ser juzgado por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, uno de los múltiples casos judiciales que persiguen al exmandatario francés. El Tribunal de Apelación de París ha rechazado el recurso del político conservador -en el Elíseo entre 2007 y 2012- contra la investigación que le acusa de haberse gastado casi el doble de lo permitido en la carrera electoral en la que perdió frente al socialista François Hollande, el denominado caso Bygmalion. Su abogado ha anunciado que hará un último intento por frenar el proceso con un recurso ante el Tribunal Supremo.

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Sin embargo, hay datos que, a estas alturas, ya nadie disputa. Sarkozy se gastó en su intento de ser reelegido 42,8 millones de euros, cuando el límite máximo fijado por el Estado era de 22,5 millones. Parte de esos gastos de campaña fueron ocultados a través de un complejo sistema de facturas falsas gestionadas en buena parte por la empresa de eventos Bygmalion, que da ahora el nombre al último proceso que le quita el sueño al expresidente y en el que están imputadas otra docena de personas, entre ellas varios miembros del UMP —el antiguo partido de Sarkozy, hoy rebautizado como Los Republicanos— que también han visto rechazadas sus apelaciones.

Lo que Sarkozy niega desde que estalló el escándalo, en 2014, es haber sabido de este exceso de gasto y del fraude que lo acompañó, una tesis que no han creído hasta ahora los tribunales por los cuales ha pasado el expediente. El dirigente fue imputado en septiembre de 2015 y, en febrero de 2017 un juez falló que debería ser juzgado por el caso, decisión contra la que Sarkozy presentó el recurso que ahora ha perdido.

De ser juzgado, sería la segunda vez en la historia de la V República que un exjefe de Estado tiene que responder ante la justicia. El primero fue su compañero de partido y predecesor en el Elíseo, Jacques Chirac (1995-2007), condenado en 2011 a dos años de prisión exentos de cumplimiento por el caso de empleos ficticios cuando estuvo al frente de la alcaldía de París.

El rechazo del recurso por el caso Bygmalion no es el único quebradero de cabeza judicial de Sarkozy, de 63 años y hoy retirado de la primera línea política. Si no prospera otro recurso que tiene pendiente, será juzgado por “corrupción” de un magistrado y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas. Sarkozy está acusado de intentar obtener, en colaboración con su abogado, información de un juez sobre otro asunto de financiación irregular en el que finalmente salió absuelto y en el que fue investigado por supuesto abuso de debilidad de la multimillonaria Liliane Bettencourt, la heredera de L'Oréal fallecida el año pasado, para obtener fondos también para su malograda campaña de 2012.

El pasado marzo, el expresidente fue imputado e interrogado durante 25 horas en relación con otro caso de presunta financiación irregular de campaña, esta vez la de 2007. Este caso tiene implicaciones políticas más graves aún, ya que se investiga si recibió para su carrera al Elíseo millones de euros dinero del régimen del entonces dictador libio Muamar el Gadafi, hecho que Sarkozy niega.