Sarkozy se enfrenta a otro juicio por corrupción y tráfico de influencias

La maraña judicial atrapa cada día más a Nicolas Sarkozy. Una semana después de ser imputado por la supuesta financiación de su campaña de 2007 con dinero libio, los jueces decidieron sentar al expresidente francés en el banquillo por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas. Sarkozy está acusado de intentar obtener, en colaboración con su abogado, información de un juez sobre otro caso de financiación irregular en el que finalmente salió absuelto.

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La decisión de llevarle al Tribunal Correccional, revelada el jueves por Le Monde, representará, si se acaba celebrando, el segundo juicio para el expresidente. Los abogados de Sarkozy quieren recurrirla. A principios de 2017 los jueces anunciaron que le sentarían en el banquillo por la financiación de la campaña de 2012, el llamado caso Bygmalion. Todavía no hay fecha para el inicio de ninguno de los dos juicios. El antecesor y mentor político de Sarkozy, Jacques Chirac, ha sido hasta ahora el único presidente de la V República juzgado. En 2012, cuando ya había abandonado el poder, fue condenado a dos años de prisión exentos de cumplimientos.

La acumulación de imputaciones y juicios para Sarkozy erosiona todavía más la reputación del político conservador, que gobernó Francia entre 2007 y 2012 y que, pese a estar oficialmente retirado, sigue ejerciendo un papel tutelar en la derecha de este país. Su currículum judicial contrasta con la hoja impoluta, por ahora, de sus sucesores, François Hollande y Emmanuel Macron, que emprendieron reformas con el fin de moralizar la vida pública.

El caso de las escuchas —también llamado caso Paul Bismuth, por el pseudónimo que Sarkozy usaba en las conversaciones telefónicas con su abogado, Thierry Herzog— es el vértice en el en que confluyen dos de los casos clave que han perseguido a Sarkozy esto años. Uno es el caso Bettencourt, en el que Sarkozy era investigado por supuesto abuso de debilidad de la multimillonaria Liliane Bettencourt para obtener fondos para su segunda campaña —que perdió ante Hollande— y por el que fue absuelto. El otro es el de los supuestos pagos del régimen del dictador libio Moamar el Gadafi para financiar la campaña que llevó a Sarkozy al Palacio del Elíseo en 2007.

En 2014, los jueces que investigaban la financiación libia de la campaña presidencial pincharon la línea telefónica oficial de Sarkozy, por entonces ya expresidente. Fue así como descubrieron que él y su abogado, Herzog, usaban otra línea extraoficial, teléfonos portátiles que los interlocutores usaban bajo una identidad falsa para sus conversaciones secretas. El nombre secreto del expresidente Sarkozy era Paul Bismuth. En estas escuchas, los investigadores descubrieron que Sarkozy y Herzog hablaban de cómo obtener informaciones privilegiadas sobre un recurso en el Tribunal de Casación en el marco del caso Bettencourt, y cómo aprovecharse de la presencia en este tribunal del magistrado Gilbert Azibert, considerado próximo al expresidente. Las conversaciones daban a entender que, a cambio de la ayuda de Azibert en aquel caso, el expresidente estaría dispuesto a ofrecerle un cargo en el Principado de Mónaco.

La investigación, que terminó en 2016, concluyó que Sarkozy y Herzog “se beneficiaron de la presidencia de Gilbert Azibert dentro del Tribunal de Casación”, según la requisitoria de la Fiscalía Financiera Nacional, creado en 2013, bajo la presidencia de Hollande. “También permitió establecer que Gilbert Azibert supo sacar ventaja de la situación, solicitando, y obteniendo, como recompensa y contrapartida, la intervención de Nicolas Sarkozy para respaldar su candidatura para un cargo judicial en Mónaco”. En este documento, citado por Le Monde, los magistrados de la Fiscalía Financiera Nacional comparaban las prácticas del expresidente y de su abogado con las de “delincuentes experimentados”. Ambos, junto a Azibert, deberán ser juzgados.

Por ahora Sarkozy no ha sido declarado culpable en ninguno de los casos citados, ni siquiera juzgado, pero su carrera desde que abandonó el Elíseo en 2012 ha sido un continuo goteo de acusaciones y revelaciones, una continua batalla político-judicial que no ha terminado. Su último intento de regresar a la primera fila de la política fue en las primarias de Los Republicanos, el gran partido de la derecha francesa. Quedó eliminado en la primera vuelta, y uno de los argumentos de sus adversarios fue precisamente que alguien imputado en varios casos no era digno de aspirar y ocupar la función presidencial.

El caso potencialmente más grave para el expresidente es el del financiamiento libio. La semana pasada, tras 25 horas de declaración bajo custodia policial, los jueces le imputaron por corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y desvío de fondos públicos libios. Varios testimonios —del entorno de Gadafi y de un intermediario franco-libanés-- y algunos documentos de origen libio— coinciden en que Gadafi entregó millones de euros a Sarkozy para su elección en 2007. Las cifras mencionadas oscilan entre los 5 y los 50 millones de euros. Tras quedar en libertad, en una entrevista con la cadena TF1, el expresidente negó con vehemencia las acusaciones y las atribuyó a un complot de la “banda de Gadafi, que es una banda de asesinos”.

La gravedad de este caso va más allá del propio Sarkozy, como ocurre con los otros, y afecta a la integridad de la democracia francesa: a la posibilidad —que por ahora nadie ha probado— que una dictadura extranjera influyese en las elecciones de la llamada patria de los derechos humanos.