La Fiscalía de Oaxaca investiga la participación de policías municipales en la desaparición de los jóvenes de Tlaxcala

La Fiscalía de Oaxaca está investigando la participación de policías en la desaparición de los ocho jóvenes de Tlaxcala, que fueron vistos por última vez en las playas de Zipolite y Huatulco. La dependencia ha confirmado que, tras las primeras indagatorias, está analizando “si existe algún nivel de involucramiento de elementos de policías municipales”, aunque no ha especificado de cuántos ni cuáles municipios. Este anuncio se da justo después de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, fuera preguntado por el caso y por el presunto señalamiento de una de las víctimas de haber sido secuestrada por agentes de Huatulco. Solo una mujer ha sido localizada con vida de todo el grupo que desapareció en la costa a final de febrero. Las autoridades todavía no han confirmado si el resto de jóvenes fueron hallados dentro de un coche que fue abandonado, con nueve cuerpos en su interior, en la carretera de Oaxaca con Puebla.

La brutal desaparición de los jóvenes de Tlaxcala en uno de los paraísos turísticos de México ha conmocionado al país. Pero, una semana después, todo lo que rodea al caso son todavía preguntas. Los jóvenes desaparecidos venían de poblaciones muy cercanas a la capital de Tlaxcala, como Apizaco, Santa Úrsula Zimatepec o Yauquemehcan. Pero nadie ha confirmado que fueran amigos ni que viajaran todos juntos.

Por la información de las fichas de búsqueda se sabe que Brenda Mariel Salas, de 19 años, y Angie Lizeth Pérez, de 29, salieron juntas en un Ford Fiesta desde Tlaxcala hasta Huatulco. Ahí se les perdió la pista el 27 de febrero. Brenda es hasta ahora la única superviviente del grupo. Fue localizada en Puebla, aunque ninguna autoridad ha confirmado ni cómo llegó hasta allí, ni cuándo, ni en qué estado. Se han publicado unas declaraciones, atribuidas a la joven, de que fue secuestrada por policías de Huatulco; por esa razón, se cuestionó al gobernador de Oaxaca sobre la actuación policial, lo que ahora ha derivado en esta investigación a los agentes.

También viajaban juntos Raúl Emmanuel González y Noemí Yamileth López, ambos de 28 años. La última vez que se supo de ellos fue el 28 de febrero en Zipolite, a unos 50 kilómetros de donde se perdió la pista de Angie y Brenda. Ese mismo día y en ese mismo lugar también desapareció Jacqueline Ailet Meza, de 23 años, según contó su madre en una publicación de Facebook: “Mi hija desapareció la noche de ayer en una playa de Huatulco, llamada Zipolite, la levantaron y hasta el momento de hoy no sabemos nada de mi hija. Fue levantada en un local de comida cerca de la misma playa, la esperan dos pequeños de cinco y tres años de edad”.

Del resto de los jóvenes la información es más confusa. La familia de Lesly Noya Trejo, de 21 años, la situó por última vez a las 11 de la mañana del 28 de febrero en Zipolite. No ha trascendido con quien viajaba la joven. En redes sociales, amigos y familiares advirtieron de la desaparición de Rubén Antonio Ramos y Rolando Armando Evaristo, ambos de 22 años, aunque no se sabe cuándo o dónde desaparecieron.

La principal pista sobre los jóvenes es un coche, con matrícula de Tlaxcala, que apareció justo en el límite con Puebla. En el vehículo se encontraron nueve cuerpos, cinco hombres y cuatro mujeres, pero la Fiscalía de Puebla todavía no ha confirmado públicamente que se trate de los jóvenes desaparecidos en la costa. El hallazgo del coche también abre muchos interrogantes: ¿quién y cómo pudo llevar nueve cadáveres en un coche durante 400 kilómetros? El vehículo estaba, además, abandonado justo en el tramo que empieza el Estado de Puebla. Para llegar a ese punto, en un puente llamado Calapa, desde las playas de Oaxaca son por lo menos seis horas de viaje. ¿Por qué trasladar hasta allá los cuerpos?

La falta de respuestas oficiales ha abierto la puerta a bulos y desinformación, que achacan a los jóvenes pertenecer a una banda dedicada al robo de casas. En México, desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico con el entonces presidente Felipe Calderón (2008-2012), se han repetido los patrones de criminalización de víctimas de desaparición forzada. La madre de Angie Pérez escribía a EL PAÍS: “Mi hija no tenía que ver con ese grupo, si realmente se investiga se sabrá que hay muchas cosas ahí y mi hija no se merecía eso”.