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ANÁLISIS i

¿Quién les cumplirá a los estudiantes colombianos?

Si este movimiento se convierte en un aspecto sostenido de la legislatura entonces llegará el momento de hacer promesas

Cientos de estudiantes en una protesta en Medellín.
Cientos de estudiantes en una protesta en Medellín. EFE

Cualquier movimiento, pasa por la decisión favorable de los representantes electos. Se entrelaza así la tensión inevitable de la relación entre la política dentro de las instituciones y la que se hace en la calle, en las redes y en las aulas: la segunda carece de sentido sin una respuesta de la primera, pero el proceso de negociación y presión se puede convertir fácilmente en uno de embaucamiento. El movimiento estudiantil se enfrenta, así, a la cuestión ineludible: ¿quién les cumplirá sin intentar cooptarlos?

El primero la lista es, lógicamente, el propio presidente de la República. Porque Iván Duque tiene en su poder aumentar el gasto en educación superior para el siguiente año, como ya anunció que haría en respuesta a las propias marchas. Propuso un incremento mucho más modesto que lo que se demandaba, cierto es. Lo cual ha dejado a los movilizados con la impresión de patente insuficiencia. Dos factores han llevado al presidente a moverse tan tímidamente. El más obvio e inamovible es la propia limitación fiscal. El presupuesto para educación lleva estancado desde 2014, momento en el cual, como bien apuntaba el economista Jorge Restrepo, comenzó el shock del abaratamiento del petróleo. La situación hoy es marginalmente mejor, pero no permite alegrías. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se encarga de hacer de guardián del equilibrio presupuestario ante las demandas del resto de ministerios, e incluso del propio Duque. Si la fase del ciclo fuese otra, más favorable, el presidente con afán joven y centrista podría responderle mejor a los alumnos. O quizás no: porque el otro límite a su capacidad de respuesta es esencialmente político.

Por muy impresionantes que fuesen las movilizaciones de ayer, la verdad es que, a día de hoy, no se aprecia que exista una mayoría social favorable a incrementar la inversión en educación si ésta conlleva un aumento de impuestos. Sólo un 25% de la ciudadanía estaría en esta tesis.

Es cierto que el marco de la pregunta está sujeto a debate, pues quizás una parte de los que no se posicionan a favor lo hacen no porque no prioricen la educación, sino porque consideran que, de recibir más fondos, el Estado los malgastaría. En ese sentido, cuenta con una ventaja para capitalizar el movimiento quien hace de la anti-corrupción una prioridad. Y, en la constelación cambiante que es hoy día la oposición, todos hablan de corrupción. A ello se añade la posibilidad de cambiar la distribución del gasto público ya existente. La fuente más obvia es la que muchos sugirieron ayer: defensa. Si el país está entrando en una nueva fase histórica más pacífica (algo que, en cualquier caso, está por confirmar hasta que se asienten las aguas del posconflicto), ¿por qué no iba a reflejarse en la división del esfuerzo público por áreas?

No cabe duda de que, en un contexto de limitación presupuestaria, cambio estructural de prioridades y discurso anti-establishment, quien no está en el gobierno juega con ventaja para prometer soluciones aunque éstas sean caras. Así es como comienza el complejo baile cuyos primeros pasos vimos ayer. Los líderes opositores hacen suyos los mensajes de la calle, los llevan a los medios y al interior de las instituciones. Las personas movilizadas responden con una natural mezcla de agradecimiento y desconfianza. Agradecimiento, porque su mensaje cuenta con paladines donde en últimas se toman las decisiones. Desconfianza, o cuanto menos cautela, por el riesgo de cooptación antes referido: no se trata, por supuesto, de transferir legitimidad y votos a cambio de nada.

Además, como quiera que la oposición no está completamente unida (igual que no lo está el propio movimiento estudiantil, por cierto), es éste un baile a tres o más. Por ejemplo: aunque Sergio Fajardo y su plataforma hicieron campaña basándose en el valor de la educación como nadie, el incremento de gasto no era necesariamente su prioridad. Gustavo Petro ayer fue acusado y criticado por lo que algunos entendieron como un intento excesivo de capitalización de las movilizaciones, aunque juega a su favor que siempre ha mantenido un nítido mensaje a favor del aumento de las inversiones. Por último, el polo de atracción representado por Claudia López y Angélica Lozano se ha posicionado gracias a la consulta anticorrupción como una referencia para cualquier puente entre las demandas de la calle y la regeneración institucional. Ninguno de estos tres puntos de referencia está en posición de capitalizar completamente las movilizaciones. Por ello es probable que les salga más a cuenta adoptar una posición estratégica de retaguardia, dejando que la calle tome la iniciativa. Porque si este movimiento se convierte en un aspecto sostenido de la legislatura que acaba de comenzar, si logra mantener cierta tensión y presión social de aquí a que los colombianos vuelvan a las urnas, entonces llegará el momento de hacer promesas. Entonces cumplirle a los estudiantes les quedará a todos más difícil, pues quien gane gracias en parte a sus votos tendrá una deuda que no le será perdonada.

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