La pelea por el mapa de Irlanda

Apenas queda una semana... Y el mapa de Irlanda sigue siendo el pozo sin fondo en las discusiones sobre el Brexit, la salida de Reino Unido de la UE. Antes de la cumbre europea del 18 y 19 de octubre, Londres debe presentar una nueva propuesta. O asentir al último plan que ayer lanzó Bruselas, de extrema flexibilidad: una espita de esperanza.

La cuestión irlandesa es la cuadratura del círculo: cómo evitar el retorno a una “frontera dura” entre la República del sur y el Ulster —parte de Reino Unido—, cuando este se separe. Desde la entrada de ambas islas en 1973, aumentó su relación. Y el Acuerdo de Viernes Santo impuso en 1998 la paz en la guerra civil entre católicos y protestantes del Norte. El patrocinio europeo fue clave, con sus costosos programas de reconciliación.

Restablecer la frontera del Ulster dañaría a la actual paz y también a la economía

Desde entonces, desapareció la frontera física entre la República y el Ulster, como se ve en el primer gráfico. El comercio intrairlandés y el británico-irlandés quedó abierto, gracias a la pertenencia de todas las partes al Mercado Interior (MI) europeo y a su Unión Aduanera (UA). Los puestos aduaneros quedaron esquinados a puertos y aeropuertos. Ahí se cobra la tarifa exterior común europea a mercancías de terceros países no europeos.

La secesión británica tanto del MI como de la UA supone, en principio, que en el mismo espacio —la isla pequeña— donde había un solo mercado, habrá dos. Y cada uno con sus normas, estándares y tribunales. Es lo que retrata el gráfico 2. La frontera hoy virtual que rodea al Ulster debería convertirse también en aduana al tráfico norte-sur. Y los puertos y aeropuertos, en barrera al comercio este-oeste (entre las dos islas).

Es lo que todos pretenden evitar: Dublín, Belfast, Londres y Bruselas. Porque la paz del Norte respira con una economía abierta. Porque las cadenas de valor agroindustriales han atravesado las antiguas líneas demarcatorias. Porque romperlas entorpecería no solo el comercio, sino también la producción, empobreciendo a todos. Porque reinstaurar las garitas de aduanas y los puestos de control podría resucitar en la memoria colectiva la pesadilla de los años de plomo.

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Así que en este asunto capital se juega casi todo. Pues es simbólico para el soberanismo británico. Y trascendental para que el Mercado Interior europeo siga siéndolo integralmente, sin agujeros negros ni zonas grises incentivadoras del contrabando.

El 8 de diciembre se estableció el objetivo en un preacuerdo sobre el plan de retirada. Obligaba a Londres a proponer “soluciones específicas” para el caso “único” de Irlanda (informe conjunto de los negociadores, punto 49) y su tráfico interno de mercancías. Es lo que en otros documentos se conoce como “soluciones imaginativas”; irónicamente, como “mágicas” y en la práctica, como “tecnológicas”: una aduana virtual, mediante códigos de barra y sin colas físicas.

Y en caso de que eso se revelara imposible, o no pactable, Londres “mantendrá el pleno alineamiento” con las reglas del MI y la UA en que se basa la cooperación norte-sur. O sea, que Reino Unido no estaría incluido en el mercado europeo, pero el suyo propio sería una fotocopia idéntica, con lo que se evitaría cualquier roce legal y disrupción comercial.

Londres no logró convencer a sus (aún) socios de que la solución mágica era viable. Aparte de su alto costo: 20.000 millones de libras anuales, según sus aduanas: casi el doble de la actual contribución neta del Reino al presupuesto de la UE. Es decir, que quedaría el “pleno alineamiento”. Pero eso le molesta. Así que en el plan Chequers (Libro Blanco del 12 de julio), lanzó otra alternativa: conectar a todo Reino Unido en el Mercado Interior; semiincorporarlo a la UA, recolectando él la tarifa exterior común; y redactar conjuntamente un “manual de normas” (common rulebook) que remplazaría a las del MI en su relación con Gran Bretaña.

Los europeos no se fían de las aduanas británicas: son un coladero de fraudes

La reciente cumbre de Salzburgo rechazó esas pretensiones: porque los 27 no quieren deslocalizar su soberanía en la colecta de impuestos exteriores (las aduanas británicas son un coladero para los fraudes desde China, multados por Bruselas); porque no se aplicaría plenamente el derecho europeo, sino otro; y porque no queda claro el papel de árbitro del Tribunal de Justicia de la UE.

Por eso, el equipo negociador europeo de Michel Barnier se mantuvo en su esquema original: el tercer mapa, con su cortafuegos (11/6/18). A saber, frontera abierta, como hoy, entre el Norte y el Sur de Irlanda: el Ulster “será considerado parte del territorio aduanero de la Unión” (Borrador del acuerdo de salida, 19/3/2018, página 110). La tarifa exterior se aplicaría a todos los demás productos británicos.

Es el mismo sistema aplicado en Canarias hasta su incorporación a la UA en 1991. Más duro: hasta 1952 hubo control de pasaportes entre ambas islas (Irlanda y Gran Bretaña) (The origins of the Irish border, Katy Hayward).

En aras del pacto, Barnier extremó ayer la flexibilidad de su tercer mapa. Las empresas británicas rellenarían sus facturas digitalmente y previo embarque hacia el Ulster o Eire; se escanearían las mercancías de los camiones; los únicos controles físicos serían fitosanitarios (plantas) y de sanidad animal; los inevitables de mercancías se harían en los propios barcos u otros puestos de tránsito. Frontera blanda. Y citó, en público, el ejemplo canario. Ahora, la pelota está en Londres. Y en los muy, muy, muy recelosos unionistas de Belfast.