¿Por qué Irlanda enciende el Brexit?

La cumbre de Salzburgo lo está escenificando con rotundidad extrema. La cuestión irlandesa es la madre de todas las batallas del Brexit. ¿Por qué?

Porque concentra plásticamente todas las paradojas, contradicciones, líneas de fractura e inconveniencias de la secesión del Reino Unido respecto de la Unión Europea (UE).

El Reino Unido quiere desgajarse del mercado interior (inicialmente mercado común) y de la unión aduanera (arancel exterior común), dos pilares fundadores del espacio comunitario (y del propio éxito económico británico). Pero ambos objetivos prefiguran una línea de separación hacia afuera. O mejor, trasladan esa divisoria al interior de la UE: a la isla de Irlanda, entre la República independiente del Eire y el Ulster norteño que aún forma parte del Reino Unido.

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Londres relocaliza ahí, en el corazón de la isla verde, esa frontera. Más propiamente: la crea ex novo, pues había sido suprimida a todos los efectos prácticos desde la adhesión de ambos países a las Comunidades (1973) y el Acuerdo de Viernes Santo (1998) que pacificó al Norte, escindido por las pugnas violentas de católicos/republicanos y protestantes/unionistas.

La crea de nuevo porque un mercado interior se rige por unas reglas comerciales distintas a las del exterior (y de competencia, y de estándares industriales y para resolver los conflictos que se susciten ante un juez común, en este caso el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo). Es un mercado necesariamente unido hacia el interior, que ecualiza también a las personas (primero, porque son quienes producen y mueven las mercancías); a los servicios, en un 40% asociados a las manufacturas (posventa, marketing, mantenimiento, apoyo tecnológico), a los capitales (que financian el invento). Y porque el conglomerado se une por una tarifa exterior común armonizada que grava uniformemente todas las importaciones y exportaciones.

Como sintetiza un estupendo periodista irlandés, Tony Connelly, Gran Bretaña “abandona el mercado interior, abandona la unión aduanera. Eso crea una frontera. Crea una frontera en el sentido legal. Un mercado interior tiene una frontera. Una unión aduanera tiene una frontera, porque hay distintas normas a cada lado de esa frontera” (Brexit & Ireland, Penguin , 2017).

El preacuerdo para el divorcio entre la UE y el Reino Unido del pasado 8 de diciembre consagró la intención de minimizar -para las mercancías- esa nueva frontera, hacerla lo más blanda posible, incluso invisible: pero para la UE se trataba de un “objetivo” (según las directrices negociadoras de 27/4/2017), mientras que para Londres, un verdadero “compromiso para evitar una frontera dura, incluida cualquier infraestructura física o chequeos y controles relacionados”. Ambas partes sabían, sin embargo, que eso sería tecnológicamente carísimo (alguna estimación apunta a los 20.000 millones anuales) si fuese posible, y es casi un imposible si el Brexit fructifica (e innecesario en caso contrario).

El propósito era evitar la disrupción comercial (entre vecinos que ordeñan sus vacas a un lado y refinan la mantequilla y el queso en el pueblo contiguo… del otro lado); la ruptura de las cadenas de valor (ganado crecido en la República, engordado en el Ulster y comercializado desde Inglaterra); la reinstalación de los pasos fronterizos (ominosos: reavivan el dolor de la época del terrorismo y la represión cuando los puestos fronterizos eran objeto preferente de las bombas terroristas); los pesados formularios fiscales internacionales (nadie se acuerda hoy de ellos) y las colas y otras pérdidas de tiempo, dramáticas para la competitividad en la era del clic electrónico.

Pero una frontera blanda es un desiderátum que también puede entrañar mucho peligro. Porque en la isla menor “hubo siempre un contrabando muy extendido cuando las tarifas impuestas por Dublín o Londres diferían lo suficiente como para conferir una ventaja de precio al petróleo o al ganado o al alcohol que era más caro bajo una jurisdicción que bajo la otra” (Brexit, no exit, Denis Macshane, IB Tauris, 2017). Y ya se sabe que el contrabando es caldo de cultivo de las mafias, y estas, de la ruina del imperio de la ley y de las instituciones.

Es también un objetivo de viabilidad práctica muy problemática. ¿Cómo establecer controles al movimiento de personas (la gran apuesta xenófoba de los brexiteers fanáticos) que actúan como conductores de camiones de transporte, y no controlar en cambio la mercancía que trasladan, o al menos no perjudicarla con períodos de espera perjudicial, sobre todo si se trata de productos muy perecederos? O como escribía gráficamente ayer un lector digital del europeísta The Independent: “Si no quieres una frontera dura, ¿cómo paras a un ciudadano europeo que visita Irlanda y toma un ferry hacia Reino Unido?”

El mismo lector apuntaba que el rechazo británico del mercado interior y de la unión aduanera replantea la efectividad del Acuerdo de paz de Viernes Santo, pues “solo se sostiene si Irlanda y el Ulster son completamente iguales en comercio y aduanas”. Poner en riesgo la paz es ya cuestión de mucha mayor cuantía que la del mero comercio. Sobre todos para los irlandeses, sean del Norte o del Sur. Pero cuestionar aquel acuerdo de paz puede acarrear mayores problemas a la propia unidad del Reino (en principio) Unido, debido a la llamada “cláusula de unidad” (entre las dos Irlandas) contenida en su punto 1, susceptible de añadir un secesionismo ulsteriano del Reino Unido al separatismo de este en relación con la UE.

Este artículo, que es el primero y principal, reconoce la “legitimidad de cualquier opción” de los ciudadanos del Norte “respecto a su estatus, tanto si prefieren continuar apoyando la Unión con Gran Bretaña como si [optan por] una Irlanda unida soberana”. Y consagra un singular derecho de autodeterminación a los habitantes de ambos lados en conjunto al reconocer que “corresponde al pueblo de la isla de Irlanda en solitario y sin impedimento exterior” tomar una decisión sobre “el establecimiento de una Irlanda unida”, mediante referéndum.

Pues bien, el Brexit podría constituir ese “impedimento exterior” a la libre y mayoritaria voluntad globalizada de los irlandeses. Que fue expresamente reconocida por el Consejo Europeo del 29 de abril de 2017 (tras la activación por la primera ministra Theresa May del artículo 50 del Tratado de Lisboa iniciando el divorcio). Y ampliada en sus contundentes efectos políticos para Londres. Si, de acuerdo con el resultado del eventual referéndum de unificación, se alumbrase “una Irlanda unida”, el “territorio entero de dicha Irlanda unida sería en consecuencia parte de la Unión Europea”, al modo de la República Democrática Alemana cuando fue absorbida por la República Federal. El documento de las directrices de negociación que consagró esta cláusula, entre otras (como la de Gibraltar, otorgando derecho de veto a España sobre la aplicación en el Peñón de cualquier acuerdo futuro con Londres), fue significativamente aprobado por los 27 en tan solo cuatro minutos, incluidos los dos minutos perdidos a la espera de que se sentasen dos de los gobernantes asistentes.