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ANÁLISIS i

¿Qué puede hacer Colombia (y el resto) por Venezuela?

Un cálculo frío de costes y beneficios debería poner en cuarentena cualquier idea demasiado osada

Manifestantes venezolanos frente a la sede de la ONU en Nueva York.
Manifestantes venezolanos frente a la sede de la ONU en Nueva York. AFP

“Para provocar un cambio en Venezuela no hay que descartar ninguna opción”. La cita no es de nadie, pero su espíritu de muchos, porque en términos similares se han expresado en los últimos días el embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos; el secretario general de la OEA, Luis Almagro; e incluso el propio presidente Trump. Pese a matices posteriores introducidos por el presidente Iván Duque o por su canciller Carlos Holmes Trujillo, a nadie se le ha escapado lo que hay implícito en ese tipo de afirmaciones.

Sea uno más o menos partidario de las soluciones de corte militar, la mente analítica debe reconocer que es normal que se contemplen a estas alturas, dado que las opciones no militares se han demostrado inefectivas. Las sanciones actuales llevan meses en activo sin tener más consecuencias que el virar de los afectados hacia horizontes ruso-chinos y el cargar de argumentos a Maduro, quien se puede basar en ellas para justificar su retórica nacionalista y de conspiración occidental-capitalista contra el país. Algo parecido sucederá con la denuncia ante la Corte Penal Internacional: sin duda loable, pero imposible de ejecutar ante la obvia ausencia de capacidad para atraer al acusado ante el propio tribunal.

Por otro lado, la oposición política interna, en un tiempo quizás depositaria de las esperanzas de cambio, está más que dividida, laminada. La estrategia madurista que deja a los críticos ante el dilema de cárcel o exilio, multiplicando así los costes de estar en contra de la oficialidad, lleva años dando sus frutos. Por lo demás, el país sigue profundamente dividido socialmente, y nada asegura que un líder opositor tenga el suficiente apoyo popular como para suponer un verdadero desafío al régimen, en las urnas (en cualquier caso, bajo control institucional) o en las calles.

Mientras ni sanciones, ni denuncias, ni oposición dan resultado, el régimen venezolano le sale cada vez más caro no solo a sus propios ciudadanos, sino al conjunto de la región, empezando por la vecina Colombia: el precio pagado en incertidumbre política y social, el coste humanitario cuyo rostro más visible es el de los ríos de personas que huyen cada día del país, no puede ser tomado a la ligera. Pero por esas mismas razones, por incertidumbre y humanidad, uno debe colocar de manera muy cuidadosa en el otro lado de la balanza el potencial daño de una acción militar completa: a poco que Maduro mantenga un caudal razonable de apoyo dentro de sus fronteras (y todo cabe indicar que, independientemente de que sea suficiente para ganar unas elecciones o no, algo tiene), cualquier posibilidad de una acción rápida y quirúrgica debería descartarse. Al contrario: estaríamos hablando de un potencial conflicto civil de alta intensidad, con sus consiguientes víctimas y el seguro aumento de desplazados. Habida cuenta, pues, ¿existe una coalición internacional viable para semejante intervención? Siquiera una regional. Por ejemplo: ¿realmente Colombia, país cuya fuerza militar es más o menos pareja a la de su vecino, tiene capacidad para asumir los costes de tener una guerra al otro lado de su frontera más importante? Incluso dejando de lado la noción de respeto por la soberanía ajena o los estragos que un conflicto prolongado podría provocar en Venezuela, un cálculo frío de costes y beneficios para las naciones andinas debería poner en cuarentena cualquier idea demasiado osada.

¿Qué le queda, pues, a Colombia? ¿Qué le queda a sus compañeros en el ya famoso Grupo de Lima? Poco, la verdad. Pero lo primero que requiere esta situación es paciencia. Cualquier cambio inmediato en Venezuela no es ya improbable, sino probablemente contraproducente para los intereses de la mayoría de actores implicados. En la paciencia quizás aparezca el resquicio de esperanza para el cambio, sobre todo si partimos de una visión austera y realista de cómo suelen funcionar las transiciones exitosas. En su libro Transiciones desde el autoritarismo, los politólogos Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter explican que el punto de partida para que éstas se produzcan es la división interna del régimen. Lo interesante es por dónde suele producirse esta división: no se trata, como podría imaginarse, de que los elementos más centristas o moderados se suban antes al carro de cambio. No: a quienes hay que buscar es a los pragmáticos. A aquellos miembros del régimen que anticipen, que entiendan, que si son los primeros en moverse, podrán conseguir una mejor posición en el país que vendrá. Es probable que a muchos les incomode la idea de entrar en tratos con acérrimos del régimen, pero el pragmatismo es una calle de doble vía: para que funcione, se debe practicar en ambos extremos.

En cualquier caso, para que los pragmáticos se comporten como tales deben anticipar que dicho cambio es probable, o al menos que pueden ayudar a provocarlo sin mayor daño para ellos mismos. Hay poca esperanza de que nadie dentro del régimen considere que las condiciones se dan ahora mismo. Menos aún con una oposición que no está en disposición de heredar el país y montar un proceso de democratización y justicia transicional de hoy para mañana. De ahí la necesidad de paciencia de aquellos que observan desde Bogotá, o desde cualquier otra capital andina. Pero, sobre todo, de realismo: si hay cambio en Venezuela, uno estable, sólido y duradero, lo más probable es que comience desde dentro. Donde, además de a los críticos, deberemos apoyar a los pragmáticos.