Palestina denuncia a EE UU ante la ONU por el traslado de la embajada

Palestina ha denunciado a Estados Unidos frente al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por trasladar su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Según recoge el texto, Palestina solicita que la Corte obligue a Estados Unidos a dar marcha atrás y a retirar su legación diplomática de la Ciudad Santa porque “constituye una violación de la Convención de Viena”. El gobierno del presidente Mahmud Abbas invoca el artículo 1 del Protocolo Adicional para el arreglo de Controversias de ese tratado, que Estados Unidos firmó en 1972 y Palestina el pasado mes de marzo, para justificar la competencia del tribunal para juzgar el caso. Palestina insta al organismo internacional a tomar las medidas necesarias para que la administración norteamericana “cumpla con sus obligaciones” y le pide, además, que garantice que “no se repita su conducta ilegal”.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en diciembre de 2017 el reconocimiento de Jerusalén como capital del estado israelí. Una decisión que refrendó el pasado mes de mayo, con el traslado de la embajada de Estados Unidos a Ciudad Santa, y que generó violentas protestas en los territorios palestinos ocupados por Israel tras la guerra de 1967, en las que murieron 62 manifestantes.

Palestina argumenta que según la Convención de Viena, las misiones diplomáticas enviadas por un Estado como representación ante otro "deben establecerse en el territorio del Estado receptor", algo que no se cumple en este caso debido al "especial estatus de Jerusalén".

Según ha confirmado el Ministerio de Exteriores palestino, ese mismo mes, enviaron una carta al Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitándole que no transfiriera la embajada a Jerusalén, porque eso constituiría una violación de la Convención de Viena. La misiva no obtuvo respuesta con lo que, en julio, el gobierno palestino puso en conocimiento del Departamento de Estado la controversia, como parte del protocolo a seguir antes de denunciar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. “Es un paso utilizado por Palestina para defender sus derechos e intereses frente a acciones y medidas ilegales. Palestina tiene el derecho a proteger su territorio y los derechos de sus nacionales rechazando todas las formas de chantaje político y financiero”, dijo este sábado el ministro de Exteriores palestino, Riad Malki.

Una clara alusión al recorte presupuestario a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglas en inglés) de 350 millones de dólares anunciado por el gobierno de Donald Trump que pone en riesgo la continuidad de servicios básicos, como la sanidad o la educación, para los refugiados. Un duro golpe para los palestinos y un castigo especialmente para Gaza, donde el 80% de la población depende de un modo un otro de la ayuda internacional. La UNRWA tiene registrados oficialmente en la franja a 1,3 millones de refugiados a los que presta asistencia a través de 267 escuelas, 21 centros de salud, 16 oficinas de servicios sociales y 12 centros de distribución de comida, cuyo futuro ahora está en riesgo.

En un comunicado hecho público por su oficina en Ramala, el titular de Exteriores palestino también denuncia “los intentos sistemáticos de Israel de cambiar el statu quo de Jerusalén” y asegura que, al acudir al tribunal, “el estado de Palestina pretende preservar el carácter de la Ciudad Santa, con dimensiones espirituales, religiosas y culturales únicas”.

La última vez que llegó a este tribunal una controversia relacionada con el conflicto palestino israelí fue hace 14 años. En aquella ocasión, como Palestina no era aún miembro de pleno derecho del organismo, fue la Asamblea General de la ONU quien pidió a la Corte que se pronunciase sobre la legalidad del controvertido muro que Israel había comenzado a construir en Cisjordania. Una polémica barrera -compuesta de verjas electrónicas y paredes de hormigón de hasta nueve metros de altura, que Israel dice haber erigido por razones de seguridad- y que, además de dejar del lado israelí los asentamientos judíos, separa físicamente Jerusalén Este de Cisjordania, deja aisladas algunas poblaciones árabes y complica notablemente la movilidad de los palestinos.

El 9 de julio de 2004, el tribunal, con sede en La Haya, declaró ilegal el muro “porque impide el autogobierno palestino”, dijo. Una decisión que respalda que la barrera es contraria a Derecho Internacional pero que, al tratarse de una opinión consultiva, no es vinculante para Israel que, además, no reconoce la jurisdicción del tribunal en la materia.