Rosenstein, un jurista inquebrantable para Trump
El fiscal general adjunto designó a Mueller como investigador de la trama rusa
El 17 de mayo de 2017 cambió para siempre la vida de Rod Rosenstein. Sin consultar a la Casa Blanca, el fiscal general adjunto de Estados Unidos decidió nombrar un investigador especial de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Donald Trump montó en cólera. Rosenstein, un jurista inquebrantable y respetado por demócratas y republicanos, decidió poner por delante la independencia de la Fiscalía frente al presidente. Dijo actuar por el “interés público”. Más de un año después, su futuro está ahora en la cuerda floja después de que la prensa informara sobre un hipotético plan suyo para desbancar a Trump, algo que Rosenstein niega.
Trump vive atrapado en una telaraña: no esconde su furia con Rosenstein, epítome de la “caza de brujas” que dice sufrir en la investigación rusa; pero sabe que desprenderse de él podría ser una jugada de alto riesgo porque se interpretaría como una intromisión hacia el fiscal especial, Robert Mueller. Las dobles apariencias se han convertido en un espectáculo atroz y sintomático del Washington actual: Trump critica ferozmente al Departamento de Justicia y acusa a Rosenstein de tener tintes demócratas, pero al día siguiente no tiene más remedio que aparentar normalidad en un acto público con él y el fiscal general, Jeff Sessions, que se inhibió de la investigación rusa por un conflicto de intereses.
Rosenstein (Filadelfia, 1965), que se graduó con cum laude en Derecho en la Universidad de Harvard, siempre fue una especie extraña en el mundo polarizado del republicano Trump. Trabajó en el Departamento de Justicia durante la presidencia del demócrata Bill Clinton y del republicano George W. Bush. Ese bipartidismo se visualizó el año pasado en el Senado cuando de los 100 senadores, solo seis votaron en contra del número dos de Justicia, algo insólito entre los nominados de Trump.
El nombramiento de Mueller, sin embargo, ha convertido a Rosenstein en un enemigo declarado de los conservadores más radicales. El pasado julio un pequeño grupo de legisladores republicanos inició un procedimiento para destituirlo de escaso recorrido. En caso de dimitir o ser despedido, ocuparía su puesto provisionalmente el procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco, que decidiría sobre la suerte de Mueller.
Francisco, que es el representante del Gobierno ante el Tribunal Supremo, tiene un claro expediente conservador en asuntos legales: trabajó para el fallecido juez conservador del Supremo Antonin Scalia y en el Departamento de Justicia con Bush. También ha ejercido de abogado y ha hecho una interpretación muy amplia del poder ejecutivo, lo cual podría beneficiar a Trump.
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