Andorra procesa a dos exministros de Hugo Chávez por un expolio de 2.000 millones
La juez encausa a 28 personas por el saqueo entre 2007 y 2012 de la petrolera estatal venezolana
Jaque judicial a la trama de exministros de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por expoliar 2.000 millones de euros de la joya de la corona del país latinoamericano, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas por EL PAÍS.
La trama escondió el botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.
Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al día-, la maquinaria cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló este periódico.
Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, se movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra, un país de 78.000 habitantes blindado hasta el pasado año por el secreto bancario.
Para no levantar sospechas, el grupo camufló sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que -según los investigadores- no existieron.
El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.
En la nómina de encausados figuran también el expresidente de la filial de la petrolera Ingeniería y Construcción José Ramón Arias Lanz; la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz; así como el ingeniero José Enrique Luongo o el empleado de Salazar Pablo Noya. La lista se completa con Estíbaliz Basoa y Reinaldo Luis Ramírez Carreño.
La magistrada, que investiga la trama desde 2012, estima en un auto de 74 páginas que los procesados “se unieron para controlar las licitaciones públicas de PDVSA y la construcción de infraestructuras energéticas contratadas por filiales de PDVSA, Corpoelec y Electricidad de Caracas”.
Según la juez, la organización se sirvió de la infraestructura diplomática de Venezuela para captar empresarios que, tras el pago de sobornos, conseguían los contratos de PDVSA. La trama pagó 400.000 euros a un alto funcionario de la embajada del país latinoamericano en China para que comercializara los servicios de la red entre compañías asiáticas.
Un hombre del expresidente contra las cuerdas
Jerarca de la primera etapa de gobierno de Hugo Chávez, el que fuera viceministro de Energía y Petróleos Nervis Villalobos movió a través de una decena de depósitos en Andorra 124 millones de euros, según la Policía de este Principado. Este ingeniero reconvertido en asesor de empresas fue arrestado en Madrid en octubre de 2017 por una causa distinta del expolio de PDVSA y España concedió su extradición a EE UU
Otro de los hombres fuertes del chavismo, Javier Alvarado, el todo poderoso exviceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), manejó a través del banco andorrano 46 millones de euros, según los investigadores.
La causa judicial en Andorra que indaga el saqueo de PDVSA coincide con la investigación emprendida en 2017 por la Fiscalía General de Venezuela, que cifra en 4.200 millones el expolio de la petrolera y sitúa al exministro Villalobos como "cabecilla" de la organización criminal. Las pesquisas del Ministerio Público del país latinoamericano condujeron a la detención de Salazar en diciembre de 2017.
La magistrada andorrana menciona que Venezuela investiga a 11 personas por el saqueo de PDVSA por los presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo.
La juez también ha procesado a una decena exdirectivos y exempleados de la BPA. La entidad, intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales, abrió decenas de cuentas a la trama sin advertir la condición de sus miembros de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Así es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por sus vínculos con la administración, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.
Una decena de exdirectivos de BPA, encausados
Exdirectivos de la Banca Privada d'Andorra (BPA) ayudaron a la trama que expolió Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) a ocultar su botín. Así lo sostiene la magistrada andorrana Canòlic Mingorance. La juez estima que el banco "creó sociedades fantasma" y recurrió a testaferros para esconder el dinero de la red.
Entre los encausados figuran el que fuera director general y consejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel; el exdirector de la Oficina Internacional Pablo Laplana; la exdirectora de la filial del banco BPA Serveis Cristina Lozano; y el exdirector general adjunto Xavier Mayol.
También ha procesado la juez a los exejecutivos, exempleados de la BPA y profesionales vinculados al caso Santiago Rosselló, Alejandro Saura Alonso, Isabel Sarmiento, Joan Cejudo, Josep Elfa y Jordi Guimó, Jose Antonio y José Luis Rivero.
Anna Piñero Carrabina, presunta testaferro que figuró en sociedades creadas por el banco, aparece como encausada en la resolución judicial.
La juez considera que estos ejecutivos captaron a los venezolanos como clientes sin extremar los controles de prevención de blanqueo. La red de exministros de Hugo Chávez justificó los 2.000 millones de euros que ingresó en el banco andorrano entre 2007 y 2012 –cuando el Principado estaba protegido por el secreto bancario- bajo el paraguas de supuestos honorarios por asesoría. Los investigadores apuntan a que los informes nunca existieron. Y, si existieron, no ocuparon más de dos folios.
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