La policía federal de fronteras que propone Juncker suscita reticencias en los países del Sur

El proyecto de la Comisión Europea para federalizar el control de las fronteras exteriores de la UE levanta dudas y reticencias en varios países y, muy en particular, en los del sur del continente. La iniciativa, que se hará oficial este miércoles durante el discurso anual del presidente de la Comisión sobre el Estado de la Unión, pretende convertirse en un histórico salto en la consolidación de un espacio europeo de libertad de movimiento sin fronteras interiores. Pero el establecimiento de una policía federal de fronteras que planteará Jean-Claude Juncker ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo supone perder en parte la autoridad nacional sobre una zona muy sensible del territorio.

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Los países meridionales, entre ellos, España, ya se resistieron en 2015 a un proyecto similar pero de alcance más modesto. Bruselas confía en que la reciente crisis migratoria haya disipado parte del rechazo. "Ha llegado la hora de convertir Frontex [Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas] en una auténtica policía de fronteras", señalan fuentes del organismo comunitario. Y aseguran que las crisis de este verano, con el caso prominente de las personas rescatadas por el barco Aquarius (rechazadas por Italia, desembarcadas en España y repartidas entre varios países europeos), han marcado un punto de no retorno hacia la europeización de la gestión migratoria. 

Pero los países del Sur, según las fuentes consultadas, mantienen su inquietud, entre otras cosas, porque el nuevo plan de la Comisión, adelantado por EL PAÍS el pasado viernes, resulta mucho más ambicioso. La Comisión no se conforma ya con una Guardia europea basada en la mera aportación voluntaria de recursos nacionales y supeditada siempre a la autoridad del país donde opere.

El nuevo proyecto legislativo va mucho más lejos y aboga por dotar a la Guardia europea de amplias competencias en áreas como el control de los flujos migratorios irregulares desde fuera de la UE, la devolución de irregulares a sus países de origen, la detección de los pasos ilegales entre países del club y la lucha contra los canales de tránsito en países terceros.

Fuentes del Gobierno español se reservan de momento su valoración sobre el plan, a la espera de conocer todos los detalles oficiales. El Ejecutivo de Pedro Sánchez calibra su posición en un debate tan volátil como políticamente explosivo y que puede evolucionar rápidamente en los próximos días.

El miércoles, tras el anuncio de Juncker, Sánchez recibirá en Madrid al primer ministro austriaco y presidente semestral de la UE, el conservador Sebastian Kurz, destacado representante del ala más dura del continente en política migratoria. Y la próxima semana, a instancias del propio Kurz, se reunirá en Salzburgo el Consejo Europeo, una cumbre informal en la que se espera alcanzar un consenso que supere la descomunal brecha abierta por las crisis migratorias desde 2015.

El Gobierno de Sánchez se ha alineado claramente en el bando de Alemania y Francia, partidario de avances en la integración europea frente al repliegue nacionalista de países como Italia, Holanda o Austria. Pero en materia migratoria y de gestión de fronteras las líneas no son tan claras. Todos los países, reconoce una fuente comunitaria, defienden una "respuesta europea", pero los de primera línea fronteriza reclaman fondos comunitarios y reparto de emigrantes mientras que los del interior apuestan por centralizar el control de la frontera exterior.

Los países de la periferia temen perder no solo la soberanía sobre una parte del territorio, sino también la supervisión de una política que implica importantes y estrechas relaciones con países terceros, como es el caso de España con Marruecos o de Italia con Libia y Túnez. La irrupción de Bruselas en ese delicado tejido de contactos podría resultar contraproducente para los intereses de los países más expuestos.

Pero la Comisión de Juncker parece dar por superados esos temores y se decanta claramente por la tendencia centralizadora. El tremendo salto en la comunitarización de la política migratoria llegaría acompañado de una dotación presupuestaria mucho más abultada.

La Comisión ya propuso el pasado mes de junio multipicar casi por tres, hasta los 34.900 millones de euros, el presupuesto para gestión de migración y fronteras exteriores en el próximo periodo presupuestario (2021-2027) en relación con el periodo actual (2014-2020).

El plan incluye reforzar la agencia Frontex, para la que se reservan 12.000 millones de euros con los que se pretende financiar, entre otras cosas, un cuerpo de 10.000 efectivos a partir de 2020. En la actualidad, apenas cuenta con 1.500.

Por primera vez se añade, además, un fondo especializado para la gestión de fronteras que contará, según la propuesta, con 9.300 millones de euros. Bruselas no oculta que la principal finalidad de esa partida será blindar el perímetro exterior de la zona Schengen (de libre circulación) para evitar una reintroducción de los controles fronterizos como ocurrió durante la crisis migratoria de 2015. Todavía hoy, con los flujos claramente en descenso, se mantienen controles en seis países de la zona Schengen (Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega).

Otros 10.400 millones de euros nutrirán un Fondo de Asilo y Migración, una partida que pretende contribuir, entre otras cosas, a aumentar el número de retornos efectivos de personas sin derecho legal de residencia. El ratio de devoluciones será el criterio de más peso a la hora de repartir este fondo entre los países de la UE, según las normas propuestas por la Comisión.