El destino incierto de los rohingya un año después de escapar de la muerte
Más de 700.000 personas siguen en campos de refugiados en Bangladés. Las autoridades insisten que su estancia allí es provisional, pero el regreso a Myanmar aún es arriesgado
El destino de los rohingya es incierto. Un año después de una ofensiva militar donde la ONU vio “un ejemplo de libro de limpieza étnica”, esta minoría musulmana que huyó masivamente de Myanmar hacia la vecina Bangladés se debate entre la permanencia en una tierra donde su presencia solo es autorizada de forma provisional y la imposibilidad de emprender un arriesgado camino de regreso a casa. Las cerca de 720.000 personas que se han instalado en Kutapalong —el mayor campo de refugiados del mundo— y otros enclaves cercanos viven liberadas de la sombra muerte tras la ofensiva que las Fuerzas Armadas birmanas emprendieron el pasado 25 de agosto de 2017, pero siguen sufriendo las consecuencias de una grave crisis todavía por resolver.
“Cuando llegamos no teníamos noticias de los siete hijos que dejamos atrás. Nos dijeron que habían incendiado nuestra casa y que ellos se habían marchado. No teníamos forma de contactar con ellos, estábamos muy preocupados”, relata Abu Ahmad, de 52 años, desde un asentamiento temporal. Este padre de familia, cuyo testimonio ha recogido la ONG Médicos Sin Fronteras, encontró en Bangladés la asistencia médica que su hija paralítica no podía tener en Myanmar y también pudo reunirse, al fin, con el resto de sus hijos. Él y su mujer los dejaron atrás para buscar ayuda antes de que la violencia se desatara en la región el verano de 2017. Ahora, explica Ahmad, sobreviven con uno o dos euros al mes en una vivienda que ellos mismos construyeron a partir de madera, bambú y plástico que les ofrecieron las autoridades bangladesíes. La tranquilidad recobrada no ha hecho retroceder a la familia en el deseo de volver a su hogar: “La gente de un país no puede quedarse en otro. Estamos preparados para regresar, pero ¿cómo podremos hacerlo si aún hay un conflicto allí?”
Hasta la fecha no se han alcanzado las garantías para un viaje de vuelta pese a la urgencia de la comunidad internacional por resolver la crisis migratoria. En junio, la enviada de la ONU en Myanmar, Christine Schraner Burgener, alertó de que las tensiones entre los rohingya y la mayoría budista del estado de Rajine siguen vivas y pidió una investigación “transparente e independiente” sobre las violaciones de derechos humanos en la región. Más recientemente, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado las torturas que han sufrido seis rohingya que regresaron momentáneamente de Bangladés a su tierra natal. “Myanmar no ha emprendido ninguna de las medidas necesarias para que puedan volver de forma segura y digna. Con las condiciones actuales, el regreso no va a llevar meses sino años”, advierte por correo electrónico Phil Robertson, director de la organización en Asia.
Los responsables políticos no han despejado el horizonte incierto para los rohingya. El pacto entre Bangladés y Myanmar por el retorno de los refugiados de noviembre de 2017 no se ha empezado a aplicar y los representantes de ambos países no se comprometen a fijar un calendario para el regreso. La líder birmana, Aung San Suu Kyi, dijo este martes que la rapidez del proceso depende de Bangladés y el ministro de Asuntos Exteriores bangladesí, Shahriar Alam, admitió en una reciente entrevista en la cadena Al Jazeera que los progresos son muy lentos y que no han comenzado las repatriaciones. Además, Alam se mostró tajante sobre una eventual asimilación de la minoría musulmana: “No existe tal plan porque Bangladés es el país con más densidad de población de la Tierra. Les quitaron sus derechos como ciudadanos, pero esto es algo de lo que se debe ocupar Myanmar”.
Las lluvias del monzón —que se prolongan desde junio hasta septiembre— hacen aún más difícil el día a día en los campos de refugiados. Sin embargo, la posición de esta minoría musulmana a la que un Estado de mayoría budista arrebató la ciudadanía en 1992 tampoco es mejor en su tierra. "Desde principios de este año, unos 13.000 refugiados han emprendido la ruta de Myanmar a Bangladés", explica por correo electrónico Paul Vrieze, portavoz de ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) en Myanmar. Aunque Vrieze asegura que desde agosto de 2017 no han podido verificar de forma independiente las condiciones de vida sobre el terreno, la ONU estima que 120.000 personas siguen internadas en campos de detención y otras decenas de miles están confinados en sus pueblos. Al respecto, un informe de de Amnistía Internacional (AI) de este marzo denunciaba, a partir de imágenes obtenidas por satélite, la ocupación de tierras por parte del Ejército birmano arrasando casas y vegetación.
El 23 de agosto de 2017, dos días antes de la ofensiva militar, el exsecretario general de la ONU y recientemente fallecido, Kofi Annan, ya lanzó una advertencia: “Si no se toman acciones concretas pronto, existe el riego de volver a otro ciclo de volver a otro ciclo de violencia y radicalización”. Sus palabras, parece, cayeron en saco roto y la crisis no ofrece signos de mejora. “En el último año la situación ha ido a mucho peor tanto para los rohingya que siguen en Myanmar y como para los que se han marchado”, sentencia Robertson.
Una lista de muertes para condenar la represión
La ONG Médicos Sin Fronteras estimó que en el primer mes de violencia contra los rohingya, en agosto de 2017, al menos 6.700 fueron asesinadas. Sin embargo, este recuento solo alcanzó a contabilizar las muertes en 31 días de una ofensiva que tuvo un impacto más allá de estas fechas. Por este motivo, un grupo de refugiados ha empezado a elaborar una lista de fallecidos que en un futuro podría constituir una herramienta para perseguir a los responsables de las matanzas.
Mohib Bullah, uno de los responsables de la iniciativa que se ha gestado desde el exilio en Bangladés, aseguró a Reuters que fueron “familia a familia y nombre a nombre” para elaborar la lista. El índice, que eleva el número de asesinatos a 10.000, cataloga las víctimas por nombre, edad, apellido del padre, dirección y motivo de la muerte. El registro también incluye el balance de un brote de violencia contra los rohingya que tuvo lugar en octubre de 2016.
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