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Egipto sancionará a los usuarios de Twitter y Facebook que difundan ‘fake news’

Los disidentes temen que el régimen egipcio utilice la nueva ley para silenciar las voces críticas. La medida afectará a las cuentas con más de 5.000 seguidores

Protesta en El Cairo para reclamar la liberación de periodistas presos, el pasado marzo.
Protesta en El Cairo para reclamar la liberación de periodistas presos, el pasado marzo.

Al rebufo del furor internacional alrededor de las llamadas fake news o falsas informaciones, el Parlamento de Egipto aprobó esta semana tres leyes para reforzar la supervisión estatal de los medios de comunicación que incluyen sanciones a aquellos que publiquen noticias falsas o inciten a violar la ley. En una de sus provisiones más controvertidas, una ley equipara las cuentas con más de 5.000 seguidores en redes sociales como Facebook o Twitter a un medio de comunicación, abriendo la puerta a que los usuarios más populares puedan ser procesados por sus críticas al Gobierno.

El régimen liderado por el mariscal Al Sisi ha encarcelado a miles de disidentes, incluidos decenas de periodistas y blogueros por haber expresado opiniones críticas. En el último ránking de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa, el país ocupa la posición 161 de los 180 países incluidos en la lista.

Activistas y organizaciones de la sociedad civil han criticado la vaguedad de la definición de las “noticias falsas” en el articulado de la ley, pues cualquier crítica al régimen podría ser interpretada bajo esta categoría. Sus temores no son infundados. De hecho, el Gobierno egipcio ya ha recurrido a este tipo de acusaciones en diversas ocasiones aprovechando la amplia preocupación a nivel global por los bulos que circulan en medios y redes.

Por ejemplo, la pasada primavera, lanzó una campaña contra la cadena británica BBC por un reportaje que documentaba la extendida práctica de las desapariciones forzadas. La emisora fue incluso denunciada ante los tribunales y vio amenazada su presencia en Egipto. Sin embargo, los jueces fallaron a su favor.

El órgano encargado de decidir qué es una fake news será el Consejo Supremo para la Administración de los Medios, cuyo máximo responsable será nombrado a dedo por el presidente Al Sisi. Lo mismo sucede con el resto de órganos de nueva creación destinados a “regular” los medios de comunicación en Egipto, ya sean los tradicionales —prensa escrita, radio y televisión—, o bien las páginas de información on line. Es decir, no gozarán de ningún tipo de independencia del Gobierno. Las nuevas leyes se inscriben en el proceso de concentración de poderes en el Ejecutivo iniciado tras el golpe Estado de 2013 que tiene como objetivo amordazar la sociedad y someterla al control absoluto de los servicios de seguridad.

Una de las leyes, que entrará en vigor tras la ratificación del presidente, establece que los periodistas podrán filmar todos aquellos lugares que no estén prohibidos. No obstante, no especifica cuáles son estas excepciones. Entre las otras disposiciones, el posible arresto preventivo de reporteros por delitos de opinión, o la prohibición de obtener licencias para páginas web sin la aprobación del Consejo Supremo para la Administración de los Medios, que tendrá la capacidad de clausurar páginas web e imponer multas a sus responsables. El Parlamento no tuvo en cuenta las aportaciones del Sindicato de Periodistas, y la mitad de su Junta Directiva ha amenazado con dimitir.

La aprobación de las normativas llega apenas un mes después de que el Parlamento diera luz verde a una ley que regula por primera vez los delitos en Internet. Aquella norma ya otorgaba al Gobierno la potestad de bloquear el acceso a páginas web cuando representen “una amenaza a la seguridad nacional o comprometa la seguridad nacional o la economía nacional”.

Durante el año pasado, el Gobierno egipcio bloqueó más de 500 páginas web, entre ellas, las de medios críticos como Madamasr o Al Jazeera, a pesar de no contar con ninguna base legal para hacerlo. De hecho, ninguna institución pública asumió haber tomado la decisión ni ofreció ninguna justificación, lo que dificultó que los afectados pudieran recurrir a los tribunales.

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