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El Gobierno egipcio no quiere que los ciudadanos contesten encuestas extranjeras

La ley castigará con hasta cinco años de cárcel distribuir cuestionarios sin contar con la aprobación del Estado

Después de los sonados fracasos de las encuestas en las elecciones españolas, las estadounidenses y el referéndum del “Brexit”, el prestigio y la credibilidad de las compañías demoscópicas ha sufrido un duro golpe. Mientras el sector anda en pleno examen de conciencia, el Ministerio del Interior de Egipto instó recientemente a sus ciudadanos a no participar en encuestas telefónicas a través de un comunicado público. Sin embargo, la gendarmería egipcia no está preocupada por el hecho de que las encuestas se equivoquen, sino más bien de todo lo contrario: ¡que acierten!

El mariscal Abdelfatá al Sisi durante su reciente visita a los Emiratos Árabes Unidos
El mariscal Abdelfatá al Sisi durante su reciente visita a los Emiratos Árabes Unidos AFP

En una dictadura, la información es un bien muy preciado, sobre todo si puede revelar las vergüenzas del sistema que tan laborosamente ocultan los medios oficialistas. Por esta razón, en Egipto, toda encuesta, ya sea de tipo político, académico o incluso comercial, debe ser aprobada por el Estado. En concreto, ya desde la época del dictador Mubarak, el guardián de la ortodoxia demoscópica es el CAPMAS, un órgano público encargado de elaborar las estadísticas oficiales.

 

Así pues, a la policía egipcia nunca le molestaron, por ejemplo, las encuestas del instituto Baseera, siempre aprobadas por el CAPMAS, y que han solido situar la popularidad del mariscal Abdelfatá al Sisi alrededor del 90% durante la mayor parte de su mandato. Y es que en las dictaduras, las encuestas suelen tener el mismo valor para pulsar la opinión pública que una elección o referéndum “a la búlgara”. A ver quién es el valiente que se atreve a criticar al Gobierno en un sondeo cuando la policía puede arrestar a un grupo de chavales por subir una canción satírica a las redes sociales.

 

En cambio, sí parecen preocuparle, y mucho, las encuestas telefónicas realizadas desde el extranjero, es decir, aquellas que no han pasado por el cedazo del CAPMAS. La razón, es la de siempre: la oscura “mano de la conspiración extranjera”, omnipresente en la propaganda de las autocracias árabes. “El ministerio llama a los ciudadanos a ser cautos sobre los métodos retorcidos de recoger información sobre la situación dentro del país que pretenden dañar la seguridad nacional”, rezaba el comunicado.

 

El régimen de al Sisi no pierde ninguna ocasión para reafirmar su monopolio sobre los sondeos, y castigar con dureza al que se atreva a discutirlo. De acuerdo con la ley de asociaciones recién aprobada por el Parlamento egipcio, nuevo ejemplo de su mentalidad liberticida, se recogen penas de cárcel de hasta 5 años para los miembros de cualquier ONG que distribuyan un cuestionario o encuesta, independientemente de su temática, sin contar con la aprobación del Estado.

 

Según algunos blogueros, el renovado celo de las autoridades respecto a cualquier sondeo independiente es evitar que refleje el brutal descenso de la popularidad del presidente al Sisi, que a principios de noviembre aprobó un durísimo plan de ajuste económico que está generando un gran sufrimiento en la sociedad. “Hoy en día, muy poquitos son los apoyan a al Sisi. Te diría que menos que a Mubarak antes de la revolución. La presión del Estado es ahora asfixiante, sin ninguna válvula de escape”, comentaba la semana pasada un egipcio de visita enTúnez por motivos de trabajo. Son opiniones como esta, supongo, las que el ministerio de Interior cree que dañan la “seguridad nacional”.