Egipto aprueba su primera ley contra delitos en internet

Después de más de tres años de debate legislativo, la Asamblea Popular de Egipto aprobó la semana pasada la primera ley que regula de forma exclusiva los delitos cometidos en Internet. Se espera que la nueva norma entre en vigor próximamente, una vez haya sido ratificada por el presidente Abdelfatá al Sisi. La promulgación de la ley era necesaria para poder perseguir delitos como el hacking de cuentas privadas o la suplantación de la personalidad en las redes sociales, que a partir de ahora serán castigados con multas e incluso penas de cárcel. Por ejemplo, la suplantación se castigará con entre tres meses y un año de cárcel y una multa de hasta 10.000 euros, en función del daño causado.

Sin embargo, el hecho de que la tipificación de algunas infracciones sea vaga y permita la clausura de páginas web, unido al talante represivo del régimen actual, hace temer que el Gobierno utilice la nueva norma para sofocar las voces disidentes con una base legal más sólida. Por ejemplo, la legislación otorga a las autoridades el derecho a “ordenar la censura de páginas web” cuando incluyan “una amenaza a la seguridad nacional o comprometan la seguridad nacional o la economía nacional”. Durante el año pasado, el Gobierno egipcio bloqueó más de 500 páginas web, entre ellas, las de medios críticos como Madamasr o Al Jazeera, a pesar de no contar con ninguna base legal para hacerlo. De hecho, ninguna institución pública asumió haber tomado la decisión ni ofreció ninguna justificación, lo que dificultó que los afectados pudieran recurrir a los tribunales.

Una interpretación expansiva de conceptos como “amenaza a la seguridad nacional” o “difusión de noticias falsas” ha sido utilizada para encarcelar a centenares de disidentes, entre ellos, algunos blogueros u opositores activos en las redes. En la última ola de arrestos, las autoridades apresaron al célebre periodista y bloguero Wael Abbas y al abogado laboralista Haitham Mohamedein, este último acusado de “usar Internet para incitar contra el Estado”. La nueva legislación ha sido criticada por no proteger la privacidad de los usuarios de Internet.