Un juez ordena reunificar a todas las familias de inmigrantes separadas en la frontera

La orden obliga al Gobierno a reunir a los niños con sus padres antes de 30 días. También obliga a facilitar la comunicación telefónica entre ambos antes de 10 días. Prohíbe mantener detenidos a los inmigrantes irregulares de forma que no puedan estar con sus hijos, con la excepción legal de si suponen un peligro para el menor. Y prohíbe deportar a padres sin sus hijos. La orden habla específicamente de niños mayores de cinco años. Diversos testimonios aseguran que esa era la edad a partir de la cual la policía de fronteras aplicaba la “tolerancia cero” impuesta por la Casa Blanca y el fiscal general.

“Los actos presentados ante la Corte muestran una forma de gobernar reactiva, que da respuesta a una circunstancia caótica creada por el propio Gobierno”, dice el juez federal Dana Sabraw en un duro escrito de 24 páginas. El juez afirma que el derecho a la integridad de la familia está protegido por la Constitución. Sabraw razona que separar a las familias y aplicar la ley en la frontera son cosas distintas, y que garantizar el derecho de estas a estar juntas no afecta en absoluto a la capacidad el Gobierno para proteger las fronteras de Estados Unidos.

Donald Trump revertió el pasado miércoles sobre el papel, y a partir del jueves sobre el terreno, su política de “tolerancia cero” por la cual pretendía separar a las familias que crucen juntas la frontera de manera irregular, incluso si piden asilo. La idea, según dijo la propia Administración, debía servir como disuasión para reducir las cifras de inmigración irregular que han repuntado esta primavera, a pesar de estar en niveles históricamente bajos. La crisis de imagen, incluso entre los conservadores, obligó a rectificar al presidente y prometer que reunificaría a las familias. 

La medida cautelar impone un límite a esa promesa. El sábado el Departamento de Servicios Sociales (HHS) informó de que había logrado reunir con sus padres a 522 menores, de los más de 2.300 que fueron separados entre mayo y mediados de junio.

A pesar de asegurar que está en condiciones de reunir a todas las familias separadas, los abogados que representan a los inmigrantes y organizaciones que se han movilizado en su defensa sospechan que en realidad el Gobierno no tiene la información necesaria para lograrlo. Los niños están en el sistema de albergues mientras los padres están en el sistema penal. Algunos, ya ha sido deportados sin sus hijos. Algunos niños no tienen edad para saber los apellidos de sus padres o de dónde son. La decisión del juez obliga a resolverlo antes de 30 días.

La orden ejecutiva de Trump no elimina la necesidad de la medida cautelar, argumenta el juez. “No se puede discutir que el Gobierno no estaba preparado para la llegada masiva de niños separados. No había medidas para asegurar la comunicación entre las agencias gubernamentales responsables de detener a los padres y las responsables de alojar a los niños, ni para facilitar la comunicación entre padres e hijos. No había plan de reunificación, las familias llevan meses separadas”. El juez considera probado que también fueron separadas familias que entraron a pedir asilo legalmente a través de los puestos fronterizos, algo que el fiscal general, Jeff Sessions, prometió expresamente que no pasaría.

Además, el juez destaca que el compromiso del Gobierno es reunificar a las familias “en el momento de la deportación”. Es decir, que cuando vayan a ser deportadas serán enviadas a un centro de Texas (presumiblemente, el que se está acondicionando en Port Isabel), allí se les reunirá con sus hijos y serán deportados juntos. No cabe duda de que el Gobierno “no tiene ni planes ni procedimientos en marcha para reunir al padre con el hijo para nada más que para deportarlos juntos una vez que haya concluido el caso (judicial) de inmigración del padre”, no antes.

El origen del caso que tiene sobre la mesa el juez Sabraw es la denuncia de ACLU en nombre de una inmigrante del Congo identificada como L. En ella se contaba que L. Se presento con su hija S. S., de seis años, en la garita fronteriza de San Ysidro-Tijuana y pidieron asilo. Inicialmente, fueron detenidas juntas, pero pocos días después fueron “separadas a la fuerza”. La niña “gritaba y lloraba, suplicando a los agentes que no la separaran de su madre”, rezaba el relato de los demandantes. La niña fue llevada a un albergue en Chicago. La madre tardó cinco meses en ser liberada, durante los cuales solo pudo oír a su hija por teléfono.

Poco después, los demandantes sumaron otra mujer al caso. era una inmigrante brasileña que había cruzado ilegalmente la frontera con su hijo de 14 años e igualmente habían estado separados ocho meses. Finalmente, el juez autorizó que el caso se convirtiera en una demanda colectiva para incluir a todo aquel que se haya visto en circunstancias similares. Los hechos denunciados por ACLU fueron confirmados el 7 de mayo por el fiscal general, Jeff Sessions, cuando anunció que la separación de familias era la política oficial de Estados Unidos.

La decisión llegó el mismo día en que se iniciaba otra batalla legal en el mismo sentido. Un total de 18 estados, liderados por California, Massachusetts y Nueva York, presentaron una demanda conjunta contra el Gobierno federal en la que alegan que la separación de familias viola el derecho al debido proceso y es inconstitucional. La demanda pide al juez que obligue al Gobierno a atender todas las peticiones de asilo, que reúna a las familias separadas “inmediatamente”, que no se puedan poner condiciones a la reunificación y que se impidan las deportaciones de padres sin sus hijos.

Esta iniciativa además llegaba después de que el .martes por la mañana, durante una comparecencia en el Congreso sobre este asunto, el secretario de Servicios Sociales (a cargo de los niños), Alex Azar, dijera que era “fácil” para los padres encontrar a sus hijos en el sistema. Azar reconoció que el Gobierno no piensa reunir a los niños con los padres que están detenidos, solo los que han sido liberados o deportados, y dijo que el Congreso debe aprobar una ley que permita eludir el límite legal de 20 días para mantener a las familias juntas detenidas. La decisión del juez Sabraw anula estos criterios.