Rehenes de una guerra olvidada en el Este de Ucrania

Varios millones de personas son rehenes de una guerra olvidada en el Este de Ucrania, en los territorios secesionistas que se autodenominan “repúblicas populares” de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL). En 2014, las tendencias federalistas existentes en las provincias del mismo nombre se transformaron en independentistas, propiciadas por la huida de Víctor Yanukóvich, el presidente del Estado (oriundo de Donetsk), la anexión de Crimea por Rusia y las esperanzas despertadas por Vladímir Putin entre los ruso parlantes. Muchos de los que entonces creyeron que podían “desengancharse” de un país y “engancharse” a otro, como sucedió en Crimea, están hoy decepcionados y con los nervios a flor de piel a resultas de una guerra que se ha cobrado más de 10.000 muertos.

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“La sociedad está deprimida. Es pobre y es también infeliz, porque no cree en el futuro. La gente no quería un cambio de rostro en los carteles políticos; no quería unos líderes que se comportan como se comportaban los del partido de las Regiones [la fuerza política gobernante en Ucrania hasta febrero de 2014]", dice Andréi Purguín, uno de los líderes del independentismo prorruso de 2014. “La gente está irritada porque no hay mejoras, se siente insegura y vive asustada en un mundo de rumores”, afirma Purguín. El político fue líder del Consejo Popular (el Parlamento local de la RPD), pero hoy está al margen de la vida pública, tras ser vetado por poderosos camaradas locales con el apoyo de Moscú.

En Donetsk, el rostro de Alexandr Zajárchenko, el líder de la RPD, se multiplica en las vallas y cartelones publicitarios con los que la administración independentista llenó la ciudad para conmemorar las fiestas del 9 de mayo, día de la victoria soviética sobre el nazismo, y del 11, “día de la república”, aniversario de la consulta popular ilegal en la que los secesionistas basaron su solicitud de incorporarse a la Federación Rusa.

En la RPD, Rusia regula las principales reglas del juego entre los miembros de la élite local, pero “el Kremlin tiene muchas torres”, como aseguran los expertos, y cada una de ellas (Servicio Federal de Seguridad, Ministerio de Defensa, Administración presidencial) tutela sus intereses sobre el terreno.

Rusia fomentó las protestas contra Kiev, pero ignoró las peticiones de los secesionistas del Este para que los acogiera en su territorio como hizo con Crimea. Sin embargo, Moscú ha apoyado militar y económicamente a las “repúblicas populares” y ha garantizado la existencia de estas formaciones, donde residen 2,5 millones y 1,5 millones de personas.

La violencia bélica hoy es de baja intensidad, pero con altibajos. Los documentos firmados en el proceso de Minsk —el único cauce de negociaciones sobre el conflicto bajo la égida de la OSCE, en el que participa Ucrania, Rusia y los secesionistas— son cada vez más ignorados. Los combatientes han vuelto a recuperar posiciones en la franja de separación supuestamente desmilitarizada. En febrero, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, firmó una ley que convierte la llamada “operación contraterrorista” en una operación militar contra los secesionistas. A tenor de esa ley, la RPD y de la RPL se consideran “territorio ocupado” y se califica a la Federación Rusa de “país agresor”. Un nuevo régimen que entró en vigor el 30 de abril establece que el Ministerio de Defensa (en lugar del servicio de seguridad) pasa a coordinar las responsabilidades de distintas instituciones estatales en la zona de conflicto.

En Donetsk es popular la idea de que Ucrania iniciará una ofensiva contra la RPD en vísperas o durante el campeonato mundial de fútbol —que se celebra en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio—, mientras que Moscú tratará de evitar la violencia antes y durante el evento deportivo. "Después del campeonato del mundo veremos cambios en la política rusa hacia estas regiones y tal vez una nueva estrategia para integrarlas”, opina el periodista ruso Andréi Babitski, residente en Donetsk.

En las últimas semanas se han recrudecido las hostilidades en el frente. Según el portavoz militar de la RPD, Eduard Basurin, desde el 14 de mayo se han registrado cuatro muertos y nueve heridos entre la población civil en la localidad de Górlovka (a unos 40 kilómetros al norte de Donetsk). Además, en una semana en la RPD ha habido tres muertos y cuatro heridos entre los militares, señala el oficial. “Rusia podría justificar un contraataque alegando la defensa de la población civil e ir más allá de los límites de las actuales repúblicas”, opina una fuente vinculada con los servicios de seguridad locales.

Esta fuente, que participó en el levantamiento contra Kiev en 2014, se siente hoy decepcionada por la realidad actual, dice tener pruebas de la corrupción en el reparto de la ayuda humanitaria rusa y denuncia los sobornos que se ven obligados a pagar los ciudadanos de a pie que no quieren esperar largas horas para cruzar por los puestos de control que separan la zona secesionista del territorio subordinado a Kiev.

A estas dificultades se suman las consecuencias del bloqueo de mercancías ordenado por Kiev en marzo de 2017. En relación a esa fecha, esta corresponsal constató que los comercios de Donetsk están peor abastecidos y tienen un surtido menos variado de mercancías, en su mayoría procedentes de Rusia. Las operaciones bancarias entre Rusia y la RPD tienen como intermediario a Osetia del Sur, lo que supone “una larga cadena” y un encarecimiento de los productos, según reconoce Denís Pushilin, representante de la RPD en las conversaciones de Minsk.

La moneda en curso es el rublo ruso y la grivnia ucraniana se cambia como divisa extranjera. En la RPD se ha creado una compañía de móviles, Fenix, controlada por el Ministerio de Comunicaciones local. Pese a su deficiente calidad, Fenix ha adquirido un papel predominante gracias a la avería que dejó fuera de funcionamiento los móviles ucranios. Una de las características de Fenix es que oculta o enmascara el número de teléfono cuando se utiliza para llamar a abonados en las redes ucranias.

El escaso surtido de mercancías no es solo un resultado del bloqueo impuesto por Ucrania, sino también de la menguante capacidad adquisitiva de la población local. Los sueldos rondan los 100 euros al mes, pero los precios de los alimentos son los mismos que en Moscú. La RPD gestiona los negocios de los propietarios ucranios (entre ellos de oligarcas como Rinat Ajmétov) sometidos a “control exterior”. El carbón y el metal salen hacia Rusia y de ahí a países y clientes en Asia y otras latitudes poco exigentes sobre sus certificados de origen, afirman conocedores del tema. El empresariado ruso se resiste a ayudar en este tráfico opaco por temor a sanciones y también por tratarse en ocasiones de mercancías a precio de dumping de sus propios competidores ucranios.

Rusia no concede trato de favor a los emigrantes de las “repúblicas”, que, como los uzbekos o los taiyikos, pueden permanecer un máximo de 90 días en territorio ruso y trabajar mediante la compra de un permiso laboral temporal. Los dirigentes de las “repúblicas” insisten ante las autoridades rusas para que permitan a sus "ciudadanos" obtener pasaporte ruso por un procedimiento acelerado y les den mejor acceso al mundo laboral. Pero, la generosidad del Kremlin para repartir pasaportes rusos a los habitantes de otros territorios sin reconocimiento en la ONU, como Abjazia, Osetia del Sur o el Transdniéster, no se ha extendido a los "ciudadanos" de las "repúblicas". Moscú sigue considerándolos ucranios a todos los efectos, aunque acepte sus documentos, como los “pasaportes” de ciudadanos de la RPD y la RPL. Algunos se sienten humillados por este tratamiento y otros lo aceptan con resignación.

Yekaterina y su hija Jana viven en la Quinta Mina, una zona de la ciudad de Górlovka, muy cerca de la línea de separación entre las partes en conflicto.”Hemos tenido que volver desde Crimea porque no teníamos recursos para sobrevivir en la península”, dice Yekaterina. “Para Rusia somos extranjeros, nuestra permanencia estaba limitada a 90 días y teníamos que pagar por la sanidad”, afirma. En la Quinta Mina, las cargas de artillería retumban todas las noches, pero la familia ha tenido que volver al hogar que había abandonado para refugiarse en la península. Yekaterina, sus tres hijos (uno de ellos de 7 meses) y su esposo subsisten gracias sobre todo a las pensiones de jubilación de las dos abuelas (a razón de 2900 rublos —cerca de 40 euros— cada una de ellas). 

"Voté por Rusia en el referéndum de 2014 y volvería a votar por Rusia si hubiera un nuevo referéndum, porque la situación económica en Ucrania empeora cada día y es mucho peor que aquí. Los gastos de comunidad son muy elevados y la gente apenas tiene lo necesario para sobrevivir", afirma esta pedagoga de rostro cansado. “Todos esperábamos que [Rusia] actuaría con nosotros como con Crimea, pero por desgracia no fue así. Entiendo que un país no puede alimentar a todos los emigrantes ni darles medicinas gratis”, dice Yekaterina.

“No es una justificación que Ucrania esté peor que nosotros. Aquí hemos reproducido el esquema de relaciones políticas que rechazábamos y la gente no entiende que se haya hecho una guerra para vivir así”, opina, a su vez, el activista del independentismo proruso Andréi Purguín.