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El Gobierno francés intenta desactivar la huelga ferroviaria asumiendo gran parte de la deuda

El Estado se hará cargo de 35.000 millones de euros que debe la SNCF, la compañía pública de ferrocariles

Édouard Philippe, tras reunirse con los sindicatos de la SNCF
Édouard Philippe, tras reunirse con los sindicatos de la SNCF AFP

La huelga intermitente en la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles franceses, está a punto de convertirse en una rutina. Los franceses se han acostumbrado a planificar sus desplazamientos, incluso sus vacaciones, en función de los paros convocados dos de cada cinco días por los sindicatos ferroviarios. La protesta, que perturba pero no paraliza la vida cotidiana del país, ya forma parte del paisaje de la Francia del presidente Emmanuel Macron.

Casi dos meses después de que comenzara la movilización contra la reforma de la compañía, el Gobierno del primer ministro Édouard Philippe dio este viernes un paso que puede ser clave para desactivarla. Philippe anunció a los líderes sindicales que el Estado asumirá una buena parte de la deuda de la SNCF, 35.000 millones de euros de un total de 54.000 millones, una deuda que lastra los ferrocarriles franceses en vísperas de la apertura del mercado a la competencia.

El anuncio puede desatascar un pulso que en los días de huelga afecta a más de cuarto millones de usuarios.

A la salida de la reunión con Philippe, los sindicatos anunciaron que por ahora mantendrán los paros, programados hasta finales de junio. Pero representantes de UNSA, el segundo del sector, y CFDT, el primero en el ámbito nacional, celebraron el avance que supone el compromiso del Gobierno para que el Estado —es decir, el contribuyente— se haga cargo de una deuda que se ha disparado en años recientes. Entre otros motivos, por las inversiones en líneas de alta velocidad no rentables. La deuda afecta sobre todo a SNCF-Réseau, la filial de la compañía pública de ferrocarriles encargada de las infraestructuras ferroviarias.

En una declaración después de reunirse, por separado, con los representantes sindicales, Philippe dijo que el Estado asumirá la deuda en dos etapas: 25.000 millones de euros en 2020 y 10.000 millones en 2022, año en que termina el mandato presidencial de Macron. "La SNCF recuperará márgenes de maniobra financiera para el futuro", dijo. Y explicó que los 35.000 millones equivalen a 14 años de presupuestos de inversión del Estado en el conjunto de nuestras carreteras, ferrocarriles y canales.

La nueva deuda saldrá de las cuentas de la SNCF y se sumará a la deuda pública, aunque el primer ministro descartó la creación de un impuesto específico para financiarla. En paralelo, el Estado aumentará las inversiones en 200 millones de euros anuales para modernizar la red. La contrapartida es lo que Philippe llamó "esfuerzos de productividad" para mejorar la competitividad ante la apertura de la competencia, dictada por acuerdos en la UE.

"Nunca un gobierno se había comprometido tanto por el servicio público ferroviario. Espero que todo el mundo lo comprenda plenamente y asuma sus responsabilidades", avisó Philippe.

Las palabras de Luc Bérille, secretario general del sindicato UNSA, declarándose "tranquilizado", apuntan a un posible avance en la resolución de un conflicto cuyo resultado puede marcar el resto del quinquenio de Macron. El primer sindicato ferroviario, la CGT, mantiene la beligerancia. El sábado participará en las movilizaciones anti-Macron organizadas con La Francia Insumisa, el partido del exsocialista Jean-Luc Mélenchon.

El presidente, elegido en mayo de 2017, logró aprobar en otoño sin problema una reforma laboral que liberalizó la contratación y el despido. La prometida resistencia de la calle se esfumó pronto. Con la reforma de la SNCF ha sido distinto. Al contrario que en otoño, esta vez los sindicatos se han unido contra los planes del Gobierno, que contemplan excluir a los nuevos contratados de los beneficios laborales de los que disfrutan ahora los ferroviarios. El beneficio más criticado, aunque sólo es accesible a unos pocos trabajadores, es la jubilación a partir de los 50 años. Otras medidas de la reforma son la apertura a la competencia y la transformación de la compañía en una sociedad anónima con el 100% de capital público.

Ninguna parte ha cedido hasta ahora. Los sindicatos de la SNCF organizaron una consulta entre los trabajadores, cuyo resultado se conoció esta semana. Un 95% rechazó la reforma. Participaron 90.000 de los 150.000 empleados de la empresa. El Gobierno se siente legitimado por los sondeos: un 58% de franceses rechaza la huelga, según el más reciente del instituto Ifop. También hace valer la mayoría favorable en la Asamblea Nacional, controlado por el partido de Macron, y previsiblemente en el Senado, dominado por el partido de la derecha tradicional, Los Republicanos. En la batalla entre el Parlamento y las protestas en la calle, Macron y Philippe defienden que el Parlamento tenga la última palabra.

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