Macron se lanza a la arriesgada reforma de la SNCF, los ferrocarriles públicos franceses

Emmanuel Macron mantiene el pie en el acelerador de las reformas. Tras liberalizar en otoño el mercado laboral, el presidente francés se prepara para transformar esta primavera otro pilar sagrado del modelo francés: la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, o SNCF.

El primer ministro, Édouard Philippe, anunció el lunes un plan para adoptar antes del verano la reforma de una empresa esencial para la vida cotidiana de millones de personas y para la cohesión territorial, pero lastrada por una deuda millonaria y la degradación de las infraestructuras. El plan contempla suprimir, para los nuevos contratados, las actuales ventajas laborales de los ferroviarios, detalladas en el estatuto de los ferroviarios. Propone hacerlo, además, por la vía exprés de las ordenanzas legislativas.

Los sindicatos están en pie en guerra. "Para doblegar al Gobierno, sin duda hará falta un mes de huelga", dijo, en declaraciones recogidas por el diario Le Parisien, Laurent Brun, secretario general de CGT-Ferroviarios, mayoritario en la SNCF. "Estaremos a la altura del desafío. Seguramente se abre uno de los movimientos sociales más importantes en la historia de la SNCF".

La reforma de la SNCF es arriesgada para Macron, elegido en mayo de 2017 con un programa liberalizador. El último intento serio para reformar a los ferrocarriles públicos fue en 1995. El movimiento contra aquella reforma y la de las pensiones de los funcionarios, descrito como la mayor protesta social desde mayo de 1968 en Francia, acabó forzando al primer ministro de la derecha, Alain Juppé, a dar marcha atrás.

Ahora es un protegido de Juppé, el primer ministro Philippe, el encargado de volver a intentarlo. Si tiene éxito, confirmará que en veinte años Francia ha cambiado y es más proclive a aceptar cambios que hasta hace poco parecían tabú.

Si no, supondrá el primer tropiezo grave de un presidente y un Gobierno que hasta hoy han gobernado sin oposición visible ni mayores contratiempos. Los ferroviarios, por la naturaleza de su trabajo, tienen una capacidad única, de la que carecen otros sectores, para paralizar el país.

"Ante la amplitud de los ataques anunciados, la CGT propondrá, en el marco unitario más amplio posible, la construcción de una réplica a la altura, con el fin de perennizar la empresa pública SNCF, los trenes públicos y las condiciones sociales de los ferroviarios", dijo, en un comunicado, el sindicato CGT. Ya antes del anuncio de Philippe, la CGT había convocado una movilización para el 22 de marzo. Ahora podría adelantarse, de acuerdo con otros sindicatos.

“No es una reforma que prepare la privatización de la SNCF”, garantizó Philippe en una declaración a la prensa. “La SNCF es un grupo público que lleva a cabo misiones de servicio público. Pertenece al patrimonio de los franceses y seguirá así.” Pero añadió: “La situación es alarmante, por no decir insostenible. Los franceses, usen o no el tren, pagan cada vez más por un servicio público que cada vez funciona peor”.

La SNCF tiene unos 160.000 empleados, de los cuales unos 140.000 se benefician del estatuto de los ferroviarios. La deuda se eleva a los 45.000 millones de euros. La reforma se enmarca en la apertura a la competencia de la red ferroviaria derivada de las reglas de la Unión Europea.

Philippe desveló el calendario, el método y el contenido del plan sobre la SNCF, dos semanas después de que Jean-Cyril Spinetta, expresidente de Air France, presentara un informe con recomendaciones.

El calendario es breve: antes del verano las grandes líneas de la reforma deben estar aprobadas. El método es similar al de la reforma laboral: diálogo con los sindicatos y, en paralelo, la posibilidad de decidir por medio de ordenanzas. Las ordenanzas son una modalidad de decretos que permiten al Gobierno legislar sin pasar por el farragoso proceso de enmiendas y debates en el Parlamento.

El contenido se resume en dos puntos. El primero es conciliador: la SNCF, que es mucho más que la emblemática alta velocidad del TGV, mantendrá las pequeñas líneas, poco rentables, pero que conectan el territorio. La posibilidad de suprimirlas, apuntada en el informe Spinetta, había inquietado a alcaldes y ciudadanos de la provincia francesa. El segundo punto, como el recurso a las ordenanzas, puede entenderse como un desafío a los sindicatos: en el futuro, las personas que entren a trabajar en la SNCF se regirán por el derecho laboral del resto de los franceses, y no por el estatuto de los ferroviarios. El estatuto de los ferroviarios, además de garantizar un empleo vitalicio y pautar la progresión profesional en la empresa, permite la jubilación diez años antes que el resto de trabajadores, entre los 50 y los 55 años.

La reforma va más allá de los ferrocarriles: pondrá a prueba la habilidad del presidente para transformar Francia. "La SNCF no es sólo una empresa de transportes", escribe el director de Libération, Laurent Joffrin, en un editorial titulado "Demasiado rápido". "Por su historia, por el papel que ha tenido en la unificación del territorio, por su cultura de servicio público igualitario (aunque en la práctica esto ya se haya cuestionado), la compañía nacional es también un pilar de la República".

Macron quiere ir rápido. Cree que puede aprovechar aún el impulso de su victoria electoral y sus primeros éxitos legislativos. Le ayuda también la debilidad de la oposición y de los sindicatos. Y considera que los franceses entienden sus planes y los apoyan. Además de la reforma de la SNCF, ha puesto en marcha la reforma “sin tótem ni tabú" —en palabras de su primer ministro— del funcionariado con la posible supresión de 120.000 puestos. La revolución que anunciaba hace un año sigue su curso.