Viajaban en cayuco a Europa pero acabaron asesinados por un tirano

Eran más de 50 jóvenes, dos de ellos mujeres. Al menos 44 procedían de Ghana, pero también había de Nigeria, Senegal, Togo y Costa de Marfil. Se subieron a un cayuco rumbo a Europa, pero las cosas se torcieron y acabaron en el peor sitio posible, una playa de Gambia, donde fueron detenidos por la Policía, torturados y asesinados a golpes y machetazos. El dictador gambiano Yahya Jammeh temía que fueran mercenarios enviados para derrocarle. Ocurrió en 2005, pero ahora las organizaciones de Derechos Humanos pretenden que esta masacre sea la llave para juzgar al tirano, refugiado desde enero de 2017 en Guinea Ecuatorial.

El cayuco había salido de Saly (Senegal) en la madrugada del 22 de julio de 2005 con la intención de trasladar a los jóvenes hasta un barco en alta mar. Sin embargo, el navío no apareció y cuatro horas después el grupo tocaba tierra en Barra (Gambia), donde la Policía les apresó. Tras su detención, fueron trasladados al cuartel de la Marina en Banjul. Era el Día de la Revolución, en conmemoración del golpe de Estado que llevó a Jammeh al poder, y el dictador se encontraba en un acto público. Testigos presenciales aseguran que fue informado por teléfono y abandonó el lugar de inmediato con destino al Palacio Presidencial.

Los hechos han sido reconstruidos gracias al testimonio del ghanés Martin Kyere, el único superviviente de la masacre que lleva 13 años reclamando justicia, y a las entrevistas mantenidas por las organizaciones Human Rights Watch y Trial International en el último año con 30 responsables de la seguridad gambiana, entre ellos 11 oficiales implicados directamente. Este miércoles presentan el dossier del caso con el que quieren promover que el Gobierno de Ghana pida la extradición del dictador.

En la actualidad, Jammeh se encuentra bajo la protección del presidente guineano, Teodoro Obiang, después de que fuera desalojado del poder bajo la amenaza de una intervención militar de los países de la región por negarse a aceptar su derrota electoral.

Ejecutados con hachas y machetes

La noche fue muy larga en el cuartel de la Marina a donde acudieron, entre otros, el inspector general de policía Ousmane Sonko (hoy detenido en Suiza acusado de crímenes contra la Humanidad) y el director de la temible Agencia de Información Nacional (NIA), la policía política de Jammeh. Según las citadas fuentes, ambos informaban por teléfono en todo momento al presidente.

Al día siguiente, los jóvenes fueron puestos en manos de Tumbul Tamba, el sanguinario jefe de los jungulers, la unidad paramilitar que se encargaba del trabajo sucio que recibía órdenes directas de Jammeh. Su suerte estaba echada. Fueron separados en grupos y enviados a distintos cuarteles y comisarías. Según un ex miembro de esta unidad entrevistado por HRW, ese mismo día ocho jóvenes fueron ejecutados con hachas, machetes, cuchillos y palos mientras estaban maniatados. Sus cuerpos fueron abandonados en el bosque.

"La cabeza de uno de ellos estaba reventada con algo pesado, otro tenía la cara totalmente destruida, le caía sangre de las orejas, de la nariz, a un tercero le corría desde los ojos", aseguró un ex comisario de policía a los investigadores. Jammeh había ordenado no usar armas de fuego en las ejecuciones extrajudiciales para no alertar a la población tras el asesinato del periodista Deyda Haidara un año antes.

Una semana más tarde, el resto de emigrantes, unos 45 jóvenes, fue trasladado a Kanilai, la ciudad natal del dictador, según ha explicado el entonces miembro de los Jungulers Bai Lowe. Durante este traslado, Martin Kyere logró escapar. "Íbamos atados en la parte trasera de una pick up (…) Me di cuenta de que íbamos a morir. Conseguí soltarme las manos, salté y corrí hacia el bosque. Los militares dispararon, pero pude esconderme", aseguró Kyere quien días más tarde pudo cruzar hacia Senegal y recibir ayuda para regresar a Ghana, donde informó a las autoridades.

Sus compañeros no tuvieron tanta suerte. Una vez en Kanilai les pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, los llevaron hasta un pueblo abandonado al otro lado de la frontera, los ejecutaron y arrojaron sus cadáveres a dos pozos luego sellados con piedras, según los testigos.

El ministro de Exteriores ghanés, Nana Akufo-Addo (hoy presidente del país) abrió una investigación que no pudo llegar muy lejos por el rechazo gambiano a facilitar ninguna información. La masacre, nunca resuelta, abrió una crisis entre ambos países que se cerró en falso en 2009 con unas conclusiones que exculpaban al régimen de Jammeh y que Ghana aceptó porque obligaban a Banjul a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas. Nadie asumió las responsabilidades ni fue detenido por aquellos hechos.

Pero Kyere no estaba dispuesto a rendirse y durante todos estos años mantuvo vivo el recuerdo de sus compañeros y reclamó justicia. La caída de Jammeh en enero de 2017 parece haber cambiado las tornas. "Estos migrantes africanos no fueron asesinados por elementos incontrolados sino por un escuadrón de la muerte que recibía órdenes directamente del presidente Jammeh", asegura el abogado Reed Brody, apodado el cazador de dictadores por su labor en los procesos de Pinochet e Hissène Habré y consejero jurídico de HRW, "sus subordinados destruyeron rápidamente elementos de prueba esenciales con el objetivo de impedir a los investigadores internacionales descubrir la verdad".

Martin Kyere, familiares de las víctimas y organizaciones ghanesas de Derechos Humanos han solicitado al Gobierno de Ghana que abra una nueva investigación a la luz de las nuevas pruebas aportadas con el objetivo de que solicite la extradición de Jammeh, algo que no han pedido las nuevas autoridades gambianas al no darse las condiciones políticas y de seguridad para procesarle. El presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang se niega a entregar a Jammeh. Por ahora.