El pasado lastra a Gambia un año después del fin de la dictadura

Las sombras bailan en las paredes a la luz de una precaria vela. La joven Aminata Correa recibe a los visitantes en su casa de Banjul con una mueca de resignación. “No hay luz, ni tampoco agua. Así llevamos seis meses, viene y va”, asegura. Los constantes apagones son una de las principales quejas de los gambianos un año después de la caída del dictador Yahya Jammeh, hoy en el exilio en Guinea Ecuatorial. Se respira un ambiente de mayor libertad, pero la decepción por la desatención de los problemas reales de los ciudadanos se extiende mientras el Gobierno trata de controlar el malestar en los cuarteles, aún plagados de partidarios del ex presidente.

El pasado 11 de enero, a tres meses de las elecciones locales, el Gobierno decidió suspender los mítines políticos hasta nueva orden. La drástica medida se produjo tras una semana de enfrentamientos entre partidarios del actual presidente Adama Barrow y de su antecesor en el cargo que acabaron con decenas de heridos. Ya en noviembre, el Ejecutivo prohibía a un grupo de jóvenes del barrio capitalino de Westfield manifestarse en contra de los recurrentes cortes de luz y agua. La decisión gubernamental se basó en la misma ley que permitió al antiguo régimen enviar a opositores a prisión. El temor a una desestabilización en la calle atenaza a los nuevos dirigentes.

Y no sólo en la calle. Desde el pasado verano ha habido un constante goteo de soldados detenidos, hasta una quincena, todos sospechosos de conspirar contra el nuevo Ejecutivo e incluso de estar en contacto para ello con su ex comandante en jefe, el mismísimo Yahya Jammeh. El riesgo de involución es tan alto que Senegal, el principal apoyo militar del Gobierno actual, ha elevado la alerta, la presencia de las fuerzas de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) se ha prorrogado un año más y el presidente Barrow llegó a intercambiar unas palabras al respecto con su homólogo ecuatoguineano y anfitrión del ex dictador gambiano, Teodoro Obiang, durante la última Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Existe un fundado temor a que se hayan producido torturas y periodos de detención ilegales contra los militares sospechosos de conjura. Y es que el servicio secreto de Jammeh tan solo cambió de nombre y de jefes. No ha habido una depuración a fondo y las viejas prácticas persisten. “La gente ya no tiene miedo a que le delaten y a desaparecer de la noche a la mañana”, asegura la periodista y ciberactivista gambiana Aisha Dabo, “pero el Gobierno debería demostrar su apuesta por las libertades y por la defensa de los Derechos Humanos de manera más clara”.

En la oficina del antiguo opositor Amadou Scattred Janneh, en pleno centro de Serrekunda, se reúne un grupo de víctimas de la dictadura. Entre ellas destaca la presencia de la joven Phateema Sandeng, hija del político Solo Sandeng cuyo asesinato el 14 de abril de 2016 desencadenó el cambio político en Gambia. “Queremos justicia, que se reconozca el sufrimiento de nuestras familias”, asegura con voz firme. Ella es miembro de una asociación que está recabando todos los testimonios para intentar llevar a Jammeh ante los tribunales, un complicado proceso que pretende seguir el ejemplo del juicio contra el ex dictador chadiano Hissène Habré en Dakar.

El Gobierno de Barrow y el nuevo Parlamento salido de las legislativas del pasado abril han dedicado un año a dotarse de mecanismos para investigar y actuar contra los 22 años y medio de dictadura: una comisión de Derechos Humanos, otra de la Verdad y la Reconciliación y una más para inventariar los bienes de Jammeh, que ya han sido congelados y pasarán a manos del Estado. “Sin embargo, los problemas reales de los ciudadanos, el paro, la falta de horizontes, siguen estando ahí. Es como si se estuviera más pendiente del pasado que del futuro”, explica Dabo.

Ya existe un Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021 con el acento puesto en energías, salud, infraestructura, agricultura y turismo, para lo que el Ejecutivo cuenta con el apoyo de inversores extranjeros, desde la UE hasta China pasando por el Banco Mundial. Sin embargo, su elevado nivel de deuda externa, de hasta un 120% de su PIB, pone en peligro la viabilidad del esperado despegue económico previsto para este año. El dalasi, la moneda nacional, ya está sufriendo las consecuencias y ha perdido valor en los últimos meses.

Una buena muestra de que las cosas no han cambiando demasiado es que el flujo de emigrantes en ruta hacia Europa aún no ha descendido. En los seis primeros meses de 2017 casi 5.000 jóvenes gambianos alcanzaron las costas de Italia, consolidando a este pequeño país de apenas dos millones de habitantes en uno de los mayores emisores de emigración clandestina. Muchos de ellos estaban ya en camino, pero otros emprendieron viaje tras la llegada del nuevo régimen.