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Un grupo de eurodiputados se moviliza para impulsar una legislación sobre noticias falsas

Algunos europarlamentarios intentarán que la acción de un 25% de los Estados miembros obligue a la Comisión a tomar medidas urgentes respecto a las 'Fake News'

Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el 12 de abril en Bruselas.
Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el 12 de abril en Bruselas. REUTERS

La negativa de la Comisión Europea a legislar contra las noticias falsas y las injerencias procedentes, sobre todo, de Rusia, ha llevado a un grupo de eurodiputados de diversos países, entre ellos España, a plantear a sus Gobiernos la necesidad de buscar una vía alternativa que impida que en las elecciones de dentro de un año el grupo populista, xenófobo e independentista crezca en el Europarlamento hasta dejarlo en un peligroso estado de bloqueo. La solución la han encontrado en los artículos 74 y 76 del Tratado de la Unión Europea: un cuarto de los Estados miembros puede legislar aduciendo la necesidad de una mejor coordinación administrativa.

En esos artículos se establece que si la Comisión Europea renuncia a legislar, siete Estados miembros –el 25%– pueden instar al Consejo a “adoptar medidas que garanticen la cooperación administrativa entre los departamentos adecuados de estos Estados miembros”. Atendiendo a estas provisiones, un nutrido grupo de europarlamentarios, en su mayoría del mayoritario bloque cristianodemócrata, han instado por diversas vías a sus respectivos Gobiernos a que propongan y aprueben leyes que entre otras cosas pongan trabas logísticas y técnicas a los medios propagandísticos que, con apariencia de televisiones o diarios convencionales, actúan como agitadores de crisis europeas, como los rusos RT y Sputnik.

La semana pasada, un vicepresidente del parlamento europeo, el español Ramón Luis Valcárcel, detalló cuáles son, a su entender, las medidas a tomar en un contundente discurso ante destacados miembros del Partido Popular Europeo: “Nuestro objetivo debe ser preservar la libertad de expresión, al tiempo que exigimos a las plataformas digitales mayor cooperación y rendición de cuentas, que obligamos a los medios rusos a identificarse como lo que son, agentes externos de agitación, y que impulsamos programas de alfabetización mediática que fortalezcan la resiliencia de nuestra ciudadanía ante las ofensivas que sólo buscan manipularla. Necesitamos un verdadero escudo contra la mentira y la desinformación”.

Valcárcel, que por su apoyo a la democracia en Ucrania ha sido vetado de entrar en Rusia, fue más allá y dijo que Putin “proporciona a cada país exactamente lo que necesita para fracasar. Miedo al inmigrante, rechazo al diferente, gasolina separatista, movimientos antisistema o, incluso, un catálogo de políticas autoritarias que recuerden a lo peor del pasado. Rusia no tiene problema en apoyar, dentro de un mismo país, a la extrema derecha y a la extrema izquierda, como ocurre en Grecia. Ni tampoco en echar leña al fuego del populismo de izquierda radical o del rancio nacionalismo, como ocurre en España. Porque el objetivo de Rusia es que nos destruyamos nosotros mismos, desde dentro, sin tener que movilizar a su Ejército o que preocuparse con exceso por mantener los equilibrios geopolíticos”. 

Preguntadas por la posibilidad de que España se una a otros países afectados por la desinformación rusa como Francia, Alemania o las repúblicas bálticas en un frente contra las noticias falsas, fuentes en el Consejo de Ministros aseguran que “el Gobierno desde luego no descarta legislar, siempre con la necesidad de que reciba apoyos en la oposición”. Paralelamente, informa Juan José Mateo, el Gobierno está trabajando en autoregulación, en impulsar sistemas de alerta temprana y en introducir la lucha contra las noticias falsas en un proyecto de constitución digital que prepara el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle.

La preocupación en el bloque bipartidista en Europa es máxima. En la pasada legislatura ha triunfado el ‘sí’ en el referéndum del Brexit y en un año saldrá del Europarlamento el bloque británico. El grupo ultra Alternativa por Alemania tiene 94 escaños en el Bundestag y Angela Merkel tardó casi 140 días en negociar otra gran coalición. En las presidenciales francesas la segunda fuerza fue, de nuevo y en aumento, el Frente Nacional, de Marine Le Pen. Italia se encuentra en un bloqueo agónico por la pinza de las fuerzas extremistas de derecha e izquierda. Y España se encuentra en su crisis constitucional más grave en sus 40 años de democracia por la provocación separatista catalana. En todos esos conflictos ha tenido una parte crucial la desinformación rusa. 

La Comisión Europea abrió el año pasado un proceso de consulta pública a 39 expertos que elaboraron su propio informe, no vinculante, el mes pasado. En él admiten la enorme gravedad del problema de la desinformación, “que puede suponer una amenaza a los procesos políticos democráticos” pero recomiendan solo programas educativos e incentivos a la prensa. Un miembro del equipo de la comisaria responsable, Mariya Gabriel, dijo en una conversación con EL PAÍS que su negativa a legislar obedece a su temor a interferir en el campo de la libertad de expresión. “No queremos que se nos vea como un Ministerio de la Verdad”, dijo.

Mientras, desde enero RT y Sputnik han publicado y difundido dentro de la Unión Europea noticias falsas como que “Macron prepara leyes contra la familia”, “el agente nervioso que atacó al espía [Sergéi] Skripal vino en realidad de Reino Unido, Suecia, República Checa o los Estados bálticos”, “Bruselas prepara un paquete de medidas para beneficiar a las élites mundiales”, “Suecia refuerza su seguridad militar con un aumento de la retórica rusófoba”, “el golpe de estado europeo en Ucrania ha arrasado al país” o “Ucrania entrena a terroristas para atacar Europa y Oriente Próximo”. Todos estos casos los ha identificado el servicio de comunicación estratégica de la Unión, que apenas cuenta con un millón de euros de presupuesto. El gasto del Gobierno ruso sólo en la cadena RT cada año es de más de 300 millones.

Esos medios de desinformación se hallan también sumidos en estos momentos en una campaña para deslegitimar la acción armada de EE UU, Reino Unido y Francia contra el régimen sirio por sus ataques químicos y para desvincular a Rusia del envenenamiento del exespía ruso Skripal y su hija en Reino Unido el mes pasado.

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