Abogados turcos denuncian la persecución del Gobierno de Erdogan

Hayri Gozuacik ejercía desde 2001 como abogado en Ankara. Ahora vive como refugiado en Bélgica y alejado de su familia que aún reside en la capital turca. Se tuvo que ir en 2016, dos semanas después del intento fallido de golpe de Estado al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. La policía registró su casa y oficina para detenerle. Un fiscal pidió cadena perpetua para él por "fundar y dirigir una organización terrorista".

Como él, unos 1.539 abogados han sido procesados, 580 arrestados y 103 están condenados "por intentar defender la independencia del poder judicial tras la declaración del Estado de emergencia aún vigente en Turquía", según ha alegado la iniciativa The Arrested Lawyers (Los Abogados Detenidos, en español), durante un encuentro con periodistas organizado el 12 de abril en Madrid por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. En su web la plataforma, que fue creada por letrados turcos que han sido obligados a vivir en el exilio, se define como una asociación que intercede por los "defensores de los derechos humanos y los abogados turcos". 

"No es posible hablar de un poder judicial imparcial e independiente turco, aunque nunca lo fue totalmente, porque en la actualidad los tribunales están compuestos por consejos ejecutivos dirigidos por el Gobierno y por jueces con menos de tres años de experiencia", ha denunciado Gozuacik. Entre los 103 abogados condenados por los tribunales las penas van desde los dos años como Ferhat Kizilkaya y Saban Top hasta los 12 años como Ali Riza y Mehmet Canpolat, apunta The Arrested Lawyers en su informe "Encarcelamiento de los abogados turcos". 

La mayoría han sido relacionados de manera directa o indirecta con el clérigo islamista Fetulá Gülen, quien fue acusado por Erdogan de ser el artífice del fallido golpe de Estado. Según apunta Amnistía Internacional en el Informe sobre derechos humanos 2017/2018, en Turquía más de 50.000 personas estaban en prisión preventiva por cargos relacionados con la “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullahista”. La misma acusación con la que persiguieron a Gozuacik. El Gobierno de Erdogán ha llevado adelante, desde julio de 2016, despidos masivos de unos 107.000 trabajadores públicos "por presuntos vínculos no especificados con grupos terroristas". "A muchas de ellas se les impidió en la práctica continuar ejerciendo su profesión, y tuvieron problemas para encontrar otros empleos después de ser calificados de 'terroristas' a consecuencia de sus despidos", señala esta ONG. 

Uno de los perseguidos por pertenecer al movimiento de Gülen es el también turco Mehmet Siginir, quien ha fundado en España la Plataforma Pro Derechos y Libertades como una deuda personal con su propio hermano y para denunciar la situación en su país. Siginir pudo huir en 2016 de Turquía tras un intento de detención por ser empleado en una de las imprentas que trabajaban para la cofradía islamista de Gülen. Ahora reside en España como ciudadano comunitario porque está casado desde 2006 con una española. Pero su hermano, quien fue profesor por 14 años, no tuvo la misma oportunidad, y tras permanecer un año en prisión, ha sido condenado a más de seis años de cárcel porque su hijo recibía clases en una de las escuelas vinculada al gülenismo y usaba una aplicación encriptada de mensajería, ByLock.

"Mi hermano ni siquiera tenía un teléfono inteligente pese a que yo le insistía constantemente", afirma Siginir. El fundador de Pro Derechos y Libertades, donde recoge todas las denuncias contra el Gobierno turco, se ha tropezado también en España con acusaciones hechas por turcos residentes en el país de que "es terrorista", por su antiguo trabajo como traductor y editor. "Al menos el Gobierno español no ha caído en el juego de Erdogan y ha rechazado las solicitudes de extradición del Gobierno turco. Pero en otros territorios se han entregado a ciudadanos de mi país", lamenta.

El creador de esta plataforma ha señalado que "Interpol está siendo socavada por el Gobierno turco, especialmente el sistema de notificaciones". En este sentido, Ugur Tok, director de Platform for Peace and Justice, otra iniciativa ciudadana que denuncia la represión de Erdogan, ha explicado que "Interpol dejó de aceptar peticiones [de extradición] porque no se puede involucrar en persecuciones políticas".

Por su parte, el abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez, socio del bufete madrileño, insistió en que los mecanismos que se están usando en Turquía son los mismos que se usaron en Venezuela para "reprimir a los opositores". Gutiérrez, quien ha representado al líder opositor venezolano Leopoldo López, ha dicho que el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo está estudiando algunos casos de tortura en Turquía para presentar "procedimientos por crímenes de lesa humanidad cometidos por Erdogan".