Un dirigente chavista que fue acusado de una masacre pide asilo en España

Richard Peñalver, un dirigente chavista que en 2002 fue acusado de participar en una masacre de opositores venezolanos, pidió asilo este lunes en Tenerife, según han confirmado fuentes policiales a EL PAÍS.

Peñalver fue uno de los pistoleros que dispararon desde un puente contra opositores que marchaban el 11 de abril de 2002 por el centro de Caracas contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. La protesta derivó en un intento de asalto al palacio presidencial de Miraflores. Como resultado de los sucesos de aquel día fallecieron 19 personas, entre chavistas y opositores.

En un vídeo del canal Venevisión se ve cómo Peñalver, que era concejal en Caracas, y otros chavistas armados con pistolas abren fuego contra una multitud. En una mitad de la pantalla se ve cómo los manifestantes se tiran al suelo al escuchar los disparos de los francotiradores. 

Peñalver y otros tres pistoleros fueron encarcelados y juzgados pero consiguieron la absolución. La defensa argumentó que el vídeo de Venevisión era un montaje y que los pistoleros en realidad se defendían de disparos de la policía metropolitana de Caracas. Las víctimas denunciaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades.

En otro juicio denunciado por anomalías, fueron condenados a 30 años de cárcel nueve funcionarios de seguridad que respondieron con fuego a los tiradores chavistas.

Los chavistas consideraron a Peñalver un héroe de la patria por su actuación mientras que para las víctimas y la oposición los sucesos se convirtieron en símbolo de una injusticia. 

La información de la policía española confirma lo reportado previamente por medios venezolanos con base en el testimonio del abogado de inmigración José Antonio Carrero, de origen venezolano. Carrero se cruzó con Peñalver en la comisaría donde solicitó la protección al gobierno español. Peñalver iba acompañado de su mujer y sus dos hijos, según Carrero. 

"La sola admisión a trámite de esta solicitud desvirtúa la naturaleza del Derecho humanitario internacional y al mismo tiempo representa un riesgo para la seguridad de España", le dijo Carrero a EL PAÍS.

"Sería indignante que las autoridades españolas rechacen las solicitudes de asilo de venezolanos perseguidos y consideren la de esa persona", dijo en conversación telefónica Bony Pertíñez, esposa de uno de los policías condenados, el jefe de seguridad de Caracas Iván Simonovis.

Las autoridades de España tienen el plazo de un mes para admitir a trámite la solicitud de Peñalver.  Si es admitida por el órgano competente, la Oficina de Asilo y Refugio, el procedimiento debería ser resuelto por el Ministerio del Interior con la concesión o la denegación del asilo en un plazo de seis meses.

Después de que la noticia apareciera en medios de Venezuela, Peñalver ha borrado su cuenta de Twitter en la que se vanagloriaba de sus acciones. "Salvó la vida de miles de Venezolanos el 11de Abril 2002, socialista", decía.