Los 33 muertos de Magdalena siguen sin justicia 12 años después

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La noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2005 marcaron un triste hito en las cárceles argentinas. Un incendio originado tras un motín terminó con la vida de 33 presos de un presidio ubicado en Magdalena (a 100 kilómetros de Buenos Aires) que quedaron encerrados por acción de los guardiacárceles, hasta que se los tragó el fuego. Este jueves, doce años después, resultaron condenados apenas tres de los 17 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que estaban procesados por el hecho, tras meses de proceso.

El tribunal sentenció al exdirector del presidio, Daniel Oscar Tejeda; el Secretario de la unidad Reimundo Héctor Fernández -el jefe operativo esa noche- y Rubén Alejandro Montes de Oca, quien se quedó con las llaves del pabellón. A Tejeda le cae la figura de homicidio culposo y a los otros dos, la de abandono de persona seguido de muerte. Los restantes 14 imputados fueron absueltos.

Para los organismos sociales que patrocinaron en el juicio a los familiares de las víctimas, en más de una década no se ha modificado un ápice el estado de la cárcel, y el hecho representa “el emergente de la crítica situación de encierro en la provincia de Buenos Aires que se ha agravado a lo largo de los años”. Desde la gobernación asumen leves índices de hacinamiento, pero enfrentan a los organismos en cuanto a las denuncias de torturas y aseguran: “No se volvería a dar un escenario similar” al de la Masacre de Magdalena.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) son quienes denuncian las falencias en la Unidad 28, como se conoce al penal de Magdalena, y sostienen con fotos un daño estructural que el ejecutivo provincial dice estar reparando. En las imágenes se ven celdas sucias, muros descascarados por la humedad, hacinamiento, basura acumulada y conexiones eléctricas pasadas de inseguras.

La sobrepoblación en los presidios es uno de los principales problemas del sistema judicial argentino. Según cifras de la CPM, a agosto de 2017 faltaban 17.464 plazas. El organismo que preside el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel dice que en 2005, año de la masacre, había 26.421 personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses. Hoy son más de 39.000. “En Magdalena tenemos una capacidad total para 900 internos y alojamos a 1200. Hay un 30% más, que es aproximadamente el excedente que tenemos en el resto del sistema”, admite a EL PAÍS Juan José Baric, director de política penitenciaria del SPB. “Efectivamente tenemos gente de más, pero negamos el hacinamiento”, continuó el cargo, “donde hay una construcción para dos personas tal vez haya tres o cuatro, pero no son cárceles derrumbadas, son dignas y cumplen con los estándares de la constitución”.

La Unidad 28, inaugurada en 1997, es el lunar más claro de este problema. Desde el 2005 a la actualidad, la cantidad de personas detenidas allí pasó de 592 a 1199. En ese mismo tiempo, no se amplió la capacidad de alojamiento. “Tenemos unidades tanto del siglo XIX como del XXI y varían mucho las construcciones. Las unidades viejas tienen dimensiones chicas, pero las más modernas son más espaciadas, entonces tenes la posibilidad de alojar algún interno más. No es lo ideal, está claro, pero no es un hacinamiento”, afirma Baric.

En las últimas décadas el delito en Argentina creció a un ritmo vertiginoso, nada comparable con la velocidad que maneja la Justicia. El incremento incesante de la tasa de encarcelamiento profundizó los índices de hacinamiento y, por ende, las violaciones de los derechos humanos, hasta el punto de que, según la CPM, más de 120 personas mueren por año bajo custodia del Estado. La prisión de Magdalena aloja a más de 700 personas cuya culpabilidad aún no ha sido probada o confirmada por las máximas instancias judiciales. O sea, el 37% de los detenidos en la UP 28 están penados y el 63% procesados.

La descompresión significaría una mejor relación en el cautiverio. Según Baric, “un 70% de la población carcelaria es perfectamente manejable y con la que podés trabajar. Pueden recapacitar, trabajar, estudiar, practicar un deporte como cualquier persona de la calle. Hay un 30% que es más complicado y de ese 30%, hay un 5% que es difícilmente manejable, muy difíciles de resocializar”. Aunque muchas veces el problema no es tanto de los presos, sino de quienes los vigilan.

El informe de la CPM, realizado sobre 777 entrevistas a detenidos en la U28 o familiares, da cuenta de “2.015 hechos que implicaron agravamientos en las condiciones de detención, todas ellas torturas o malos tratos: agresiones físicas, requisas vejatorias, desatención de la salud, deficiente alimentación, robo/daño de pertenencias, malas condiciones materiales y aislamiento”.

Baric desmiente “categóricamente lo de las torturas”. “Si detectamos un oficial de la fuerza que comete un exceso o un delito se lo separa, se lo denuncia penalmente y se inicia un sumario interno donde se lo exonera”, describe el cargo, y resalta que “desde que llegamos, tenemos unos 5.000 sumarios iniciados por distintos temas, que van desde maltratos hasta inasistencias o indisciplina. Es esta una fuerza de 23.000 efectivos y hemos encontrado 300 efectivos con antecedentes penales desde antes de su ingreso y condenados que seguían trabajando como si nada ocurriera”.

El secretario asegura que no podría volver a repetirse un episodio como el de la masacre de Magdalena porque “todos los colchones que se compran son ignífugos, tanto los de gomaespuma como los de algodón, ambos están tratados con elementos retardantes por lo que al contactar con el fuego, hacen una pequeña brasa y se consumen rápidamente”. Carla Ocampo Pilla, abogada de la CPM, prefiere analizar los hechos antes de la primera llama, y destaca que el proceso judicial fue posible gracias a la memoria de los internos que fueron testigos y además ayudaron en el rescate. Muchos otros, penitenciarios, fueron testigos recién cuando los imputaron.

Hubo un solo penitenciario que intentó ayudar el día del incendio, el jefe de guardia de la seguridad exterior, Cristian Núñez, pero recibió un palazo en la cabeza por parte de un interno que no confió en él y al desvanecerse, perdió el 70% de su cuerpo por quemaduras. Es por ello por lo que la CPM pidió penas menores para Núñez, que el día de la reconstrucción de los hechos “solo atinó a llorar”, según cuenta Ocampo Pilla.

“En muchos testimonios, los agentes concluían que apenas tenían formación en tiro y nula en control de incendios. Hay una deficiencia en el sistema en sí, aunque no exculpo a los penitenciarios. Es muy difícil hacer un juicio 12 años después pero los presos, la inacción policial la tienen tatuada a fuego. No es para menos, muchos de ellos aún son custodiados por esos a los que ven como verdugos”, finaliza la mujer. Y aporta un dato: "los 33 fallecidos eran menores de 26 años y solo dos tenían condenas".