Argentina juzga la decadencia de sus cárceles

El 16 de octubre de 2005, 33 presos murieron en el incendio de una cárcel argentina. Los guardias de seguridad no abrieron las puertas y los reos murieron asfixiados y quemados. Casi 12 años después, la justicia argentina sienta en el banquillo de los acusados a los presuntos responsables de la llamada masacre de Magdalena, que reveló la pésima situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada del país. Poco ha cambiado desde entonces: la superpoblación ha empeorado -con una cifra récord de 37.000 reclusos-, las instalaciones son obsoletas, hay presos que fallecen por muertes evitables y otros que denuncian torturas. Las organizaciones de derechos humanos que impulsan la querella piden un mensaje judicial claro contrario a la impunidad y advierten que, dadas las condiciones actuales, la tragedia de Magdalena se puede repetir.

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El episodio juzgado comenzó con una pelea entre reos en el interior del pabellón 16 de la unidad penitenciaria 28 de Magdalena, unos 110 kilómetros al sur de Buenos Aires. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el personal de seguridad entró con armas antidisturbios al pabellón como respuesta al enfrentamiento. "Los agentes dispararon balas de goma a quemarropa, golpearon a los detenidos que se tiraban al piso y lanzaron a los perros contra ellos", señala la CPM en un comunicado junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Mientras, un grupo de presos inició un fuego en las últimas camas del pabellón, que se propagó con rapidez e hizo que los guardias se replegaran. Al salir, cerraron la puerta con candado y nunca la abrieron. Los 33 fallecidos eran menores de 26 años y sólo dos tenían condenas.

"Ha pasado mucho tiempo, demasiado. Que la Justicia tarde tanto, no sólo no repara sino que consolida la impunidad y facilita que estos hechos se reiteren", dice en un descanso de la audiencia Roberto Cipriano, secretario de la CPM. Pone como ejemplo la muerte de siete detenidos durante el incendio de una comisaría de Pergamino el pasado enero. En 2009, otros cuatro detenidos murieron en un motín en otra comisaría bonaerense. Cipriano cree que la masacre de Magdalena "visibilizó la enorme gravedad de la crisis que vivía el sistema penitenciario en Argentina y cómo se violaban los derechos humanos en esos ámbitos", pero no sirvió para mejorar las condiciones de los reclusos. "No cambió nada, empeoró. Hay una sobrepoblación crítica y eso genera déficits en las medidas de seguridad", responde. Además, denuncia que Argentina tiene "una justicia que funciona mal" y "un sistema penal muy selectivo, que encarcela a pibes (jóvenes) pobres, de las barriadas populares".

El responsable del servicio penitenciario bonaerense, Juan Baric, admite la sobrepoblación actual de las cárceles, pero afirma que la situación de los presos ha mejorado mucho en el último año y medio, en especial la alimentación, la atención sanitaria y la educación de los presos. "La situación carcelaria no es buena. Hay 37.300 (presos) entre cárceles y alcaldías y unos 3.000 más en comisarías", dice Baric. En teoría hay espacio para 10.000 menos.

Baric anticipa que llevará tiempo corregir la "situación paupérrima" de las cárceles que encontró al asumir, en enero de 2016, como parte del equipo macrista. "Nuestra provincia tiene hospitales en emergencia, escuelas en emergencia. La cárcel lo último a lo que se le da algún recurso, uno pelea con una desventaja muy grande", lamenta. "Durante 15 años no se construyó ninguna unidad penitenciaria grande", continúa.

La sociedad argentina, preocupada por la inseguridad, pide mano dura. Reclama más policías en las calles, más delincuentes en prisión y mayores penas. Desde las cárceles, pelean por más presupuesto y creen que deben buscarse alternativas al encierro. A día de hoy, el sistema penitenciario bonaerense está colapsado.