Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte: “Hay un camino hacia el autoritarismo que al Gobierno argentino no le molesta transitar”

Juan Carlos Maqueda (Córdoba, 75 años) se jubiló en diciembre pasado luego de 22 años como ministro de la Corte Suprema de Argentina. De posiciones liberales, llegó al máximo tribunal desde la política, propuesto por el expresidente peronista Eduardo Duhalde en los estertores de la crisis del corralito. Mientras estuvo en su cargo, no dio entrevistas. Ahora, libre de responsabilidades institucionales, se ha convertido en una voz de peso en una Argentina que, denuncia, tiene un Gobierno, el de Javier Milei, que “está jugando al límite de la constitucionalidad”.

Maqueda recibe a EL PAÍS en su piso de Buenos Aires, ubicado a pocas calles del palacio que es sede de la Cancillería, en el barrio de Retiro. Duda si debe o no ponerse el saco y la corbata, el “uniforme” que usa desde hace más de 50 años, primero como abogado y luego como convencional constituyente, diputado y presidente provisional del Senado. Aclara que se ha autoimpuesto no opinar sobre sus excompañeros de la Corte “o sobre quienes tienen la intención de entrar a ella”. Su jubilación abrió una nueva vacante en el tribunal, que ya funcionaba con cuatro de sus cinco miembros desde 2021, cuando dejó su cargo la única mujer, Elena Highton de Nolasco. El jueves, los ministros rechazaron por cuestiones formales la asunción de Ariel Lijo, uno de los dos candidatos que Milei había nombrado por decreto amparado en que el Senado estaba en receso y no podía tratar sus pliegos.

Pregunta. La Corte rechazó la licencia como juez de primera instancia que había pedido Lijo y asestó un duro golpe al Gobierno. ¿Qué opina de ese fallo?

Respuesta. El fallo siguió la doctrina tradicional de la Corte. Un juez no puede ser nombrado en dos cargos de juez distintos, sino que tiene que renunciar a uno de ellos. Son doctrinas que vienen de las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado. Cuando se acepta un cargo en comisión, se está renunciando al cargo anterior. Esto se la veía venir Lijo.

P. El Gobierno no lo tenía tan claro, porque pareció sorprendido…

R. El Gobierno está jugando al fleje, como dirían en el tenis; está jugando al límite de la constitucionalidad. La designación en comisión de un juez de la Corte tres días antes de que comience el periodo ordinario de sesiones [el 1 de marzo] es una provocación al Congreso en general y a la Cámara de senadores en particular. Si hubiera esperado tres días, los pliegos se hubiesen tratado como ya se venían tratando.

P. ¿Por qué la Casa Rosada insiste en que es constitucional?

R. La Constitución, en el artículo 99 inciso 19, establece un mecanismo de excepción, no el natural, que permite al presidente nombrar por decreto cargos que necesitan de la aprobación del Senado cuando no se está en periodo de sesiones ordinarias. Lo introdujo [el presidente Domingo Faustino] Sarmiento en 1860 y en aquella época las sesiones iban del 1 de mayo al 30 de septiembre. Los diputados y senadores tardaban semanas en llegar a Buenos Aires y los nombramientos por decreto eran un mecanismo lógico. Por eso se usó en todo el siglo XIX, pero ya en 1910 dejó de usarse para jueces de la Corte.

P. El Gobierno de Macri nombró por decreto a dos jueces de la Corte apenas asumió, en 2015…

R. Fue totalmente distinto. El decreto de Macri decía en el artículo uno que se los designaba en comisión, y en el dos mandaba los pliegos al Senado. Cuando hubo una reacción popular, los mismos interesados, que en este caso eran [Horacio] Rosatti y [Carlos] Rosenkrantz, se presentaron ante el Senado. Este Gobierno no tuvo esa intención, tuvo otra que es bastante chocante y despreciativa de los otros poderes del Estado. El inciso 19 es casi de carácter histórico, no es aplicable, lo usa el Gobierno traído de los pelos. La elección de un juez de la Corte es un tema complejo que necesita de la participación del Ejecutivo, que propone el nombre, y el Legislativo, que lo aprueba o lo rechaza. Al hacerlo por un simple decreto, el presidente lo convierte en un acto simple que responde a su voluntad. Esto, obviamente, trae muchas consecuencias.

P. ¿Como cuáles?

R. Afecta a la calidad institucional. Hablamos también de un exceso de decretos de necesidad y urgencia. Hoy sabemos que el presidente va a dictar un decreto cuando venga un acuerdo con el Fondo Monetario, cuando la Constitución atribuye esa facultad al Congreso.

P. El argumento del Gobierno es que como no tiene mayorías en el Congreso está paralizado…

R. Ese no fue el argumento que tuvo el convencional constituyente para poner los decretos de necesidad y urgencia. También vemos una exageración en el uso de los vetos, o una exageración que no hemos visto en los 40 años de democracia con respecto a gobernar sin presupuesto, algo que está en contra de la Constitución. Y ya van dos años. El año pasado se soportó porque el Gobierno recién iniciaba, pero ¿qué justificativo hay para este año?

P. ¿Qué ve detrás de eso?

R. Que hay un camino hacia el autoritarismo que al Gobierno argentino no le molesta transitar. Todavía no se han despertado las conciencias de la situación que está viviendo el mundo, que es de desprecio hacia las instituciones. El ejemplo más claro es Donald Trump en Estados Unidos. Son características antidemocráticas, antirrepublicanas, en contra del consenso y de la separación de poderes. Se usa la vía democrática para llegar al poder y cuando se está en el poder se empieza el camino del autoritarismo.

P. Si la Corte es un cortafuego de estos excesos que describe, ¿por qué no falló el año pasado sobre la constitucionalidad o no del decreto de desregulación del Estado que firmó Milei apenas empezó su mandato?

R. Ese decreto tuvo en un año un fallo en contra de primera instancia y otro de segunda instancia. Llegó a la Corte y la Corte lo está estudiando desde el año pasado. Sería excepcional que las tres instancias se cumplan en un año.

P. ¿Habrá entonces un fallo?

R. No todavía, pero habrá. Es un tema que le va a corresponder a mis colegas y no quiero adelantar criterios, aunque los tenga.

P. ¿Qué puede hacer la gente para detener este deterioro institucional que denuncia?

R. Votar este año en las elecciones legislativas.

P. Pero las encuestas acompañan al Gobierno…

R. Lo atribuyo a que el Gobierno anterior fue desastroso; y a que la gente cansada de fracasos y con los efectos de la pandemia encima se quiso alejar de quienes pensaban de esa forma.

P. Ha sido ministro de la Corte desde Duhalde, en 2002, hasta Milei. ¿Cómo ha sido su experiencia con los distintos gobiernos?

R. Con Duhalde y con Néstor Kirchner no tuvimos ningún problema. Los problemas empezaron con Cristina Kirchner, donde tuvimos presiones muy fuertes. Eso terminó con un proyecto de ley que cambiaba el sistema de elección del Consejo de la Magistratura [el organismo de control de los magistrados]. Pretendían que los candidatos fuesen a las listas partidarias, eliminando la independencia en la elección. En la época de Macri hubo presiones, pero no de la misma intensidad. El peor período fue el de Alberto Fernández, porque estuvimos un año entero, todo 2022, con un juicio político abierto sobre la Corte.

P. ¿Cuál fue el argumento de ese juicio político?

R. Fundamentalmente, fallos durante la pandemia que autorizaron a la ciudad de Buenos Aires a abrir las escuelas, en contra del pensamiento del Gobierno nacional.

P. ¿Cómo se viven esas presiones desde dentro de la Corte?

R. Son momentos difíciles, con presiones de todo tipo.

P. ¿Con Milei también las tienen?

R. No directamente, pero está todo esto que acabamos de describir, que son cuestiones más estructurales que afectan a la calidad institucional de la democracia argentina.

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