Pakistán condena a los asesinos de un estudiante acusado de blasfemia

Un tribunal paquistaní ha condenado este miércoles a 31 personas por el linchamiento de un estudiante universitario acusado falsamente de blasfemia. La sentencia, que incluye una pena de muerte y cinco cadenas perpetuas, resulta especialmente significativa dado que los extremistas religiosos utilizan con frecuencia esa controvertida figura para justificar el asesinato de rivales. La muerte de Mashal Khan en abril del año pasado conmovió a Pakistán por su especial brutalidad.

Khan, un estudiante de Ciencias de la Información de 24 años, fue sacado de su habitación de la residencia universitaria donde vivía, desnudado, golpeado con denuedo por una turba, herido de bala y arrojado desde el segundo piso del edificio. El suceso tuvo lugar en el campus de la Universidad Abdulwali Khan, en Mardan, una ciudad del noroeste de Pakistán.

Las imágenes de la brutal agresión, grabadas en móvil por sus compañeros y difundidas a través de las redes sociales, provocaron una condena generalizada, incluso de las autoridades religiosas. También sirvieron para identificar a los responsables. En total, 52 estudiantes y 5 empleados de la universidad, han sido juzgados. De ellos, uno ha sido condenado a muerte, 5 a cadena perpetua y 25 a cuatro años de cárcel; otros 26 han quedado en libertad sin cargos, según ha informado la prensa local.

“Celebramos la decisión porque es una de las pocas veces en que el sistema de justicia criminal de Pakistán ha castigado a los responsables de crímenes que usan la religión para justificar sus delitos”, declara a EL PAÍS el abogado paquistaní y activista de los derechos humanos Saroop Ijaz. No obstante, Ijaz, que colabora con Human Rights Watch (HRW), considera que “se necesita hacer mucho más, dada la radicalización de la sociedad permitida por el Estado y alentada por leyes discriminatorias”.

HRW, así como otras organizaciones de derechos, llevan años pidiendo la abolición de la controvertida ley de blasfemia, aprobada en 1987 durante la dictadura de Zia ul Haq, y por la que cualquier acusado de insultar al islam, su profeta o su libro sagrado puede ser condenado a muerte con el simple testimonio de un musulmán. Se trata de un asunto extremadamente delicado en un país muy conservador y con una elevada tasa de analfabetismo entre sus 200 millones de habitantes (el 96,5 % de ellos musulmanes).

El menor rumor puede desatar una turbamulta incontrolable, algo que algunos clérigos extremistas no han tenido empacho en utilizar contra sus rivales. A menudo, su objetivo han sido miembros de la minoría cristiana, pero también políticos liberales como Sherry Rehman, antigua Embajadora de Pakistán en EE UU. Ahora mismo hay un profesor universitario, Junaid Hafeez, que lleva cinco años encarcelado y a la espera de juicio por una acusación de ese tipo.

Aunque en los últimos años ha habido algunas condenas por blasfemia, el Estado no ha ejecutado a nadie. El mayor peligro es que los exaltados se tomen la justicia por su mano como sucediera en 2011 con el gobernador de Punjab Salman Taseer, a quien mató su propio guardaespaldas por defender que había que revisar la ley. El asesino, ejecutado el año pasado, es visto como un mártir por los radicales. Desde 1990, el Centro para la Investigación y los Estudios de Seguridad de Pakistán ha documentado 65 asesinatos de este tipo.

El caso de Khan desató una oleada de solidaridad y reabrió el debate sobre el abuso de las acusaciones de blasfemia para arreglar problemas personales. Significativamente, algunos políticos, incluidos el entonces primer ministro Nawaz Sharif, evitaron criticar el linchamiento hasta que un informe policial concluyó que no había ninguna prueba de que el universitario hubiera insultado a las divinidades.