La inseguridad y la corrupción lastran la campaña presidencial del aspirante del PRI

La carga es demasiado pesada. José Antonio Meade, aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México no logra sacudirse la impopularidad que supone el descontrol de la corrupción y los altos índices de homicidios en el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Dos losas sobre las que vuelcan todos sus ataques sus principales rivales, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. La inflación disparada, la subida de los precios de la gasolina y la incertidumbre sobre el futuro del TLC hacen también que la economía deje de ser, al menos por el momento, una bandera que enarbolar por el exsecretario de Hacienda.

La campaña electoral se iniciará como tal el próximo 30 de marzo, pero desde mediados de diciembre, amparados bajo el término de precampaña, los principales aspirantes, los únicos postulados por sus partidos o coaliciones, están inmersos en una carrera sin freno que se prolongará hasta el próximo 1 de julio. Con López Obrador como líder en todas las encuestas, Meade y Anaya se baten en una suerte de guerra fratricida por consolidarse en la segunda posición de los sondeos –en la mayoría lo ocupa el candidato de Por México al Frente- para tratar de descabalgar a su rival y apelar al voto útil de una parte del electorado que podrían compartir.

Mientras que López Obrador ha puesto sobre la mesa el problema de la inseguridad, la coalición que forman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por la que Anaya opta a la presidencia, se vuelca en evidenciar los desmanes de la corrupción. En general, las respuestas que se ve obligado a dar el aspirante del PRI son esquivas o justifican, por omisión, la actuación del Gobierno, en el que Meade ha ocupado tres carteras distintas. “Es difícil que vaya a cambiar su posición, en su personalidad no está la confrontación y además necesita la estructura del partido”, opina Carlos Elizondo, profesor del Tecnológico de Monterrey.

El último caso ha sido la supuesta trama por la que el Gobierno habría desviado 246 millones de pesos (12.7 millones de dólares) a principios de 2016 del ministerio de Hacienda, encabezado por el hoy canciller, Luis Videgaray, a las arcas del PRI para reforzar al partido en las elecciones locales de junio de 2016, en las que el tricolor sufrió finalmente un importante revés. Uno de los Estados que perdió fue el de Chihuahua, cuyo actual gobernador, Javier Corral, del PAN, adelanta una investigación contra funcionarios del PRI supuestamente involucrados en esa trama de desvío de dinero público. Esta semana, Corral, en una conferencia de prensa que más parecía un acto electoral del Frente, denunció represalias por parte del Gobierno, a quien acusa de retener una transferencia de 700 millones de pesos (36.4 millones de dólares) como consecuencia de la investigación.

El precandidato del PRI se vio obligado a salir al paso y acusó a Corral de engañar a la ciudadanía e, incluso, de torturar a Alejandro Gutiérrez, exsecretario adjunto del PRI, detenido en diciembre en Chihuahua por participar en el presunto desvío de recursos durante el gobierno del antecesor a Corral, César Duarte, hoy huido de México.

La inseguridad también pone a Meade contra las cuerdas. El final del sexenio de Peña Nieto está bañado de sangre. A falta de contabilizar los datos de diciembre, el número de asesinatos entre enero y diciembre es de 26.574, 80 al día. Con esta media mensual de más de 2.000 homicidios dolosos, México está a punto de superar los 27.199 de 2011. Este escenario lo ha aprovechado López Obrador, líder de Morena y puntero en todas las encuestas desde hace meses, para obligar a sus rivales a hablar de las posibles políticas de seguridad. Tanto Meade como Anaya, más que proponer planes concretos, han reaccionado en contra del dos veces candidato presidencial, que ha sugerido aplicar una amnistía a implicados en narcotráfico y la creación de una guardia nacional.

La principal bandera del candidato del PRI había sido su buen manejo de la economía. La candidatura del exsecretario de Hacienda está bien vista por un amplio sector empresarial. Sin embargo, la cuesta de enero se le está haciendo dura en términos políticos también en este ámbito. La inflación se ha disparado, alcanzando el nivel más alto en 17 años y el aumento del precio de la gasolina, aunque no tiene nada que ver con los del pasado año, han servido a los rivales políticos para recordarle el “gasolinazo”, la elevada subida de las tarifas, que se vio obligado a adoptar a principios de 2017 a su llegada a Hacienda. A todo ello hay que sumar la cada vez mayor incertidumbre que pesa sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que supondría un golpe económico para el país y político para el PRI.

El tricolor trató de vender a finales de noviembre la candidatura de Meade como un soplo de aire fresco. Con su elección, el partido hegemónico en México durante 70 años, que recuperó el poder en 2012 tras dos sexenios de presidentes panistas, apostaba por primera vez por alguien que no militaba en el tricolor. Un alto cargo, a diferencia de otros del PRI, con buena fama y con un perfil tecnócrata, que parecía permitir a la formación ocupar el centro del tablero político. La decisión de Peña Nieto de decantarse por Meade abrió heridas dentro del partido, que aún están por cicatrizar.

La imagen que se buscó transmitir con Meade se fue disuadiendo con el tiempo. De hecho, el aspirante de la renovación, pocas horas después de que Peña Nieto lo destapase, le pedía al partido que lo hiciese suyo. Con los meses la situación no ha cambiado. “En términos metafóricos se puede decir que su campaña no termina de prender, con la inseguridad y la corrupción tiene que andarse con tacto, pero no parece lograr ganarse la centralidad”, opina José Woldenberg. El politólogo y académico advierte que la carrera electoral “apenas está arrancando” y que, formalmente, Meade aún es precandidato. “Quizás después pueda tomar distancia de la actual Administración”.

Pese al escenario desfavorable, en el PRI confían en que la potente estructura que ya está en marcha sirva para relanzar al candidato. Además, están a la espera de ver, en febrero, cuántos candidatos independientes logran conseguir las firmas necesarias para poder optar a la presidencia. Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que abandonó el PAN por su disputa con Anaya y El Bronco, gobernador de Nuevo León, son los que más opciones tienen, seguidos del senador Armando Ríos Piter. "Tanto el PRI como Morena creen que la fragmentación les beneficia, porque tienen más negativos que positivos; la gran pregunta será ver cuántos votos les quitan a las coaliciones", afirma Woldenberg. “La mejor noticia para el PRI es que los independientes pueden quitar más votos a sus adversarios que a él”, opina Elizondo, quien completa: “Aún queda mucho recorrido, en las últimas elecciones, solo en un caso [Peña Nieto, en 2012], el candidato que iba por delante en las encuestas en enero terminó siendo presidente”.