Tortura y erario: ópera en tres actos

La campaña por la disputa presidencial en México prometía choque de trenes, escándalos mayúsculos y puñaladas traperas, y no ha defraudado. A seis meses de distancia de la jornada electoral, las acusaciones del gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, ponen contra la picota a miembros claves del círculo del mandatario Enrique Peña Nieto y del PRI, y salpican la imagen pública del propio candidato oficial a la presidencia, José Antonio Meade. La respuesta de los aludidos ha sido del tamaño del embate y ahora acusan de torturador a Corral. 

Como en una buena ópera, el affaire se ha desarrollado en tres capítulos. En el primero, el Gobierno de Chihuahua investigó y denunció pública y penalmente al tesorero de la administración local anterior, por haber desviado millones de pesos a las campañas del PRI nacional. La investigación entraña a miembros claves de la élite política, entre ellos el todopoderoso Manlio Fabio Beltrones, a hombres de confianza de Peña Nieto en el partido.

En el segundo acto Corral fue aun más a fondo. Arropado por una veintena de activistas, intelectuales y cabezas de organismos de la sociedad civil, acusó a la Secretaría de Hacienda de retener recursos que pertenecen a Chihuahua en represalia por su investigación en contra del PRI. Indignado, reveló que el chantaje le fue comunicado por el propio ministro de Hacienda, José Antonio González.

La denuncia pública de Corral cayó como una granada en Los Pinos. En el tercer acto el imperio contraatacó a fondo. Primero, Enrique Peña Nieto aseguró que lo de Corral era un acto político electorero; luego, el presidente del PRI y el propio Meade, quien había sido ministro de Hacienda antes de convertirse en candidato oficial, acusaron al Gobierno de Chihuahua de haber torturado en prisión al extesorero, de quien habían surgido los datos para la denuncia. Acto seguido, la miríada de medios de comunicación y columnistas favorables al régimen cubrieron a Corral de epítetos; desde su pasado como agitador y político rijoso hasta su incapacidad para mejorar la inseguridad en su Estado.

Las acusaciones de las dos partes son sumamente graves. A nadie sorprende que un tesorero estatal haya desviado fondos para una campaña federal del PRI. En los últimos meses han salido a la luz pública varios casos más, al grado de que parecería un patrón de comportamiento desde que el PRI regresó al poder en 2012. Lo que resulta menos conocido es que el ministerio a cargo de las finanzas y la recaudación fiscal, que ha presumido de mantenerse al margen de la alternancia en el poder, sea utilizado políticamente de una manera tan burda. El pago mismo de los impuestos o la legitimidad para el castigo de evasores quedaría en entredicho si se percibe que la política fiscal y hacendaria están siendo utilizadas como un garrote faccioso.

Pero el contraataque no es menos severo. En el acto público de denuncia, Javier Corral se hizo acompañar de personajes conocidos por una larga trayectoria en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Acusarlo de que la investigación en contra del PRI fue obtenida bajo tortura es un golpe bajo en la línea de flotación del Ejecutivo de Chihuahua. Uno de los testigos de calidad de Corral, Jorge Castañeda, ya ha exigido al gobernador poner al funcionario encarcelado a disposición de protocolos internacionales para demostrar que no ha sido torturado.

El período electoral que vivimos es el peor enemigo de la verdad. Sin duda, ambas partes han escogido vías públicas para maximizar el daño a su rival. El secretario de Hacienda ha declarado públicamente que el gobernador tergiversó una frase y que el chantaje nunca tuvo lugar. Asegura que los fondos no han sido retenidos a Chihuahua y que se trata de simples procesos de normatividad. Por su parte, el Gobierno estatal afirma que lo de las torturas es una invención para desviar la atención de las infamias que está cometiendo el PRI.

Las dos acusaciones son demasiado graves para que se diluyan en una declaración informal. En los dos casos, tortura y uso faccioso del erario, la información tendría que abrirse cabalmente para permitir llegar al fondo de las cosas. La acusación de Corral es valiente y trascendente, y por lo mismo debe estar limpia de mácula. Y Hacienda es una institución que no puede vivir bajo la sospecha de ser un instrumento electorero.

Las campañas se prestan a los infundios, ciertamente; pero también son los momentos en que la clase política rompe la veda con la que suele protegerse el resto del tiempo y se permite ventilar los trapos sucios de sus rivales. Y ciertamente nadie los conoce mejor que ellos mismos. ¿Infundios o verdades? Hacienda y Corral tendrán que recurrir a algo más que el micrófono para mostrar su inocencia.

@jorgezepedap