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190 secuestros nomás (Alto Baudó, Chocó)

Secuestrar por razones políticas siempre fue aberrante, pero hoy es tan monstruoso como seguir creyendo en la guerra

En Colombia es posible esta frase: “en el 2017 hubo 190 secuestros nomás”. Hubo un tiempo, a comienzos de este siglo, en el que las cifras de secuestrados describían nuestra pesadilla y medían nuestra deshumanización: 3.572 casos al año, 297 casos al mes, 9 casos al día. Fue el punto más alto –o sea el punto más bajo– en la historia de un delito repugnante que empezó a darse en 1933, y que en un principio fue una amenaza para los poderosos, pero que en manos de las guerrillas, de los narcotraficantes y de los paramilitares se fue convirtiendo en un arma política de fundamentalistas, en un macabro modo de financiamiento y en una industria descarnada y sin atenuantes –una profesión atroz– que sigue siendo prueba de que el ser humano es capaz de ya no serlo.

Hubo casos en las primeras planas que seguimos, todos, en el filo de nuestras sillas: para poner contra la pared a los Gobiernos, que sobrevivían a pesar de las masacres y los actos terroristas y los Estados ajenos al Estado, fueron secuestrados empresarios, políticos, periodistas. Y ellos escribieron –y luego publicaron– decenas de testimonios dolorosos de cautiverios que aún son lecciones de horror y de piedad. Pero hubo un momento en el que el secuestro dejó de ser el gran temor de las élites rurales a ser el gran temor de la sociedad en pleno: ciudadanos de la clase media caían por las carreteras del país en las llamadas “pescas milagrosas”, y soportaban, si salían con vida del pozo, encierros de meses y de años, no porque tuvieran el dinero que sus familias trataban de reunir, sino porque simplemente pasaban por ahí: por Colombia.

Fue el negocio cruel del secuestro lo que convirtió a las guerrillas, de las Farc al ELN, en una farsa: “el poder” pasó de ser un anhelo –el de la redención de la tierra y la justicia social– a ser una serie de cuentas en el exterior llenas del dinero conseguido a cambio de extorsionar, secuestrar y traficar drogas. Se cree que, para presionar los diálogos con el establecimiento, pero también para enriquecerse y desdibujarse y parecerse a sus peores enemigos, las Farc secuestraron a 9.447 colombianos: 3.325 –3.325 familias con serias razones para despreciar a las guerrillas y desconfiar de las guerras– han sido confirmados. Hace seis años, a punto de comenzar a negociar la paz en La Habana, las Farc anunciaron que abandonaban para siempre esa forma de la tortura. Demasiado tarde. Pero mejor demasiado tarde que nunca.

De 3.572 secuestros en el 2000 hemos pasado a 190 secuestros “nomás” en el 2017: es una mala noticia 94% menos mala.

Ha sido así porque la sociedad colombiana no lo soportó más, pero también porque, mientras se iban acabando las Farc, la policía refinaba sus estrategias para impedirlo: el año pasado fueron capturados 149 secuestradores de pequeñas pero sofisticadas bandas. Secuestrar por razones políticas siempre fue aberrante, pero hoy es tan monstruoso como seguir creyendo en la guerra. Para creer en la guerra hay que estar viviendo de eso: el martes 21 de octubre de 2017 el ELN secuestró y asesinó a Aulio Isarama Forastero, el líder de un resguardo de Alto Baudó –en el Chocó–, en pleno cese del fuego de los diálogos. Para despreciar una paz hay que ser un populista en campaña: el expresidente uruguayo Pepe Mujica vino a Cartagena a verificar la paz “porque lo enmendable es el porvenir”, pero el expresidente uribista Álvaro Uribe lo tildó de “criminal”, por su pasado –el de Mujica– y porque hoy le sirve considerar “cómplices de la guerrilla” a quienes apoyen la implementación de los acuerdos.

Es que siempre habrá vendedores de la idea de que una paz puede ser peor que una guerra: sería “infamia” si el concepto existiera en la política.