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Venga a vivir a Canadá, pero no vaya mucho al médico

Las personas que solicitan la residencia permanente canadiense deben probar que no causarán gastos excesivos en servicios sociales o sanitarios

Refugiados arrestados por la policía canadiense tras haber cruzado la frontera con Estados Unidos, cerca de Hemmingford, Quebec, el pasado agosto.
Refugiados arrestados por la policía canadiense tras haber cruzado la frontera con Estados Unidos, cerca de Hemmingford, Quebec, el pasado agosto. Getty Images/FP

Canadá goza de la imagen de un país de brazos abiertos en el mundo. Sin embargo, La Ley sobre la inmigración y la protección de los refugiados prohíbe otorgar la residencia permanente a personas susceptibles de causar costos elevados en cuidados sanitarios o servicios sociales.

La cadena Global News difundió hace unos meses el caso de la familia Sharp. Los padres, originarios de Estados Unidos y Australia, vieron rechazada su solicitud familiar de residencia permanente porque uno de sus hijos tiene parálisis cerebral. “Si un individuo supera los 6.655 dólares canadienses al año (unos 4.400 euros) en gastos relacionados con servicios sociales o sanitarios, se le podrá negar la solicitud de residencia permanente, tanto a él como a su familia. Hay que recordar que el sistema de salud canadiense es universal y gratuito”, señala a El País Jesús Hernández Limones, director general de la firma de asesoría jurídica CI Canadá y consejero certificado por el Ministerio de Inmigración, refugiados y ciudadanía.

El pasado 13 de diciembre, un comité parlamentario presentó un informe sobre este tema. El documento menciona en sus conclusiones que la ley actual “no está en sintonía con los valores canadienses”, por lo que se recomienda reformarla para hacerla más abierta. El informe indica que cada año se ahorran 135 millones de dólares canadienses (unos 88 millones de euros) por esta disposición, cifra que representa apenas el 0,1% del total de gastos nacionales en salud. Entre 2013 y 2016, 3.960 solicitudes fueron denegadas. Sin embargo, pasaron a 1.444 luego de revaluaciones en múltiples casos.

Insuficiencia renal crónica, deficiencias intelectuales y VIH fueron las causas más frecuentes, según el informe. Hernández Limones evoca otras razones que ha constatado: “Por ejemplo, hay la necesidad de algunos tipos de prótesis o de acceso a largas sesiones de rehabilitación. También se dan casos de niños que requieren de tratamientos hormonales costosos por temas de crecimiento, de algunos tipos de cáncer y de problemas cardiacos que habían pasado desapercibidos antes de la revisión médica obligatoria”.

Ahmed Hussen, Ministro de Inmigración, refugiados y ciudadanía, ya había expresado ante los miembros del comité parlamentario la intención del gobierno de Justin Trudeau de hacer cambios para disminuir el número de solicitudes rechazadas en un 80% o 90%. Se desconoce hasta el momento en qué fecha podrían presentar los liberales la propuesta de modificación a la ley. Los conservadores, sin cerrar completamente la puerta a una reforma, consideran que es necesario contar con más datos financieros. Por su parte, el Nuevo Partido Democrático pide que se elimine completamente la restricción.

En este escenario, será también importante persuadir a las provincias, ya que son las encargadas de brindar los servicios sociales y sanitarios. Algunas, como Nuevo Brunswick y Saskatchewan, han expresado su oposición a cualquier cambio. Otras más, como Ontario y la Columbia Británica, estarían a favor, siempre y cuando el gobierno federal compense los gastos suplementarios. Miembros del Consejo de canadienses con discapacidad han señalado en distintos foros que los puntos de la ley en vigor son discriminatorios, ya que van en contra de la Carta canadiense de derechos y libertades y de la Convención de Naciones Unidas relativa a las personas con discapacidad, la cual fue ratificada por Canadá.

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