EE UU pone fin a la neutralidad en la Red impulsada por Obama

Ricos y pobres. Rápidos y lentos. La era de la neutralidad en la red ha tocado hoy a su fin en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en su siglas inglesas), bajo control republicano, ha aprobado por tres votos contra dos la retirada de las medidas establecidas en 2015 con Barack Obama para blindar la equidad en internet. Frente a una red entendida como “bien público”, donde los proveedores del servicio están obligados a tratar por igual todos los datos sin importar su origen, tipo y destino, se va a imponer un sistema que permite diferentes velocidades en función del pago y de los intereses de los operadores. Un triunfo del liberalismo, una derrota de las grandes tecnológicas y, como mínimo, una incógnita para el consumidor.

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El cambio, presentado como “una victoria de la libertad”, ha llegado de la mano de los grandes proveedores. Gigantes de las telecomunicaciones como Comcast, AT&T o Verizon se han aliado con la Administración de Donald Trump para romper el dique legal que evitaba precisamente que esas empresas acabasen imponiendo sus dictados en el tráfico y los contenidos de la red. Bajo el sistema aprobado en la era de Barack Obama, el operador debía ofrecer siempre el mismo trato. Se le impedía bloquear el acceso a páginas web, lentificar la conexión o acelerarla bajo pago. El criterio era la equidad. Evitar la discriminación. Salvaguardar la neutralidad del sistema nervioso del conocimiento mundial. Todo ello se ha venido hoy abajo.

Las consecuencias de esta desregulación pueden ser profundas. “La neutralidad en la red garantizaba la competitividad darwiniana entre todos los posibles usos de Internet de forma que sobreviviesen los mejores”, ha escrito Tim Wu, el profesor de la Universidad de Columbia que acuñó el concepto. Derribado este blindaje, otra etapa evolutiva da comienzo. El operador, que hasta ahora no podía interferir en el tráfico de su autopista, ya puede crear carriles rápidos, lentos o directamente denegar la entrada.

Aunque los proveedores no han hecho públicos sus planes, se abre la puerta a que negocien acuerdos con portales, a que puedan ofrecer paquetes de servicios de internet parecidos a los de las televisiones por cable, y que, a la postre, doten de mayor velocidad a sus asociados en detrimento de los que no. E incluso, según los expertos, que bloqueen a quienes compitan con sus ofertas.

El caleidoscopio de escenarios es casi inagotable, pero se resume en la posibilidad de escalas de servicio y, por tanto, precios distintos para el usuario y también para las grandes compañías. Este último punto es especialmente delicado. Una queja antigua de los operadores es el gasto generado por los portales más grandes, cuyo uso masivo de datos acapara el ancho de banda. Esto puede dar pie a tarifas especiales, algo asumible posiblemente por Google, Amazon o Facebook, pero oneroso para nuevas empresas o aquellas en situaciones financieras precarias.

El presidente de la comisión, Ajit Pai, principal enemigo de la neutralidad en la red, ha negado reiteradamente que los cambios vayan a aumentar costes al usuario o permitir bloqueos. Entre sus argumentos figuran que nada de esto ocurría antes de 2015 y que, por el contrario, la reforma ha reducido la inversión en banda ancha hasta el punto que, de continuar esta caída, no solo peligraba la velocidad en la red sino que el consumidor se iba enfrentar a un aumento de los precios.

“La retirada de la neutralidad supondrá restaurar la libertad, volver a un Internet mejor y más barato. Seguirá habiendo protección para el consumidor y su acceso no se verá limitado. Pero no es nuestro trabajo decidir quién gana y quién pierde en la economía de Internet. El gobierno dejará de regular sobre cómo los proveedores deben manejarse, y estos tendrán incentivos para afrontar la próxima generación de redes y servicios”, dijo Pai.

Una vez aprobada la iniciativa, solo hay dos formas de impedir la aplicación. Los tribunales o una ley. Ninguna parece fácil de lograr en el corto plazo. Pero el frente opositor no deja de ser amplio y poderoso. Los demócratas, al igual que las grandes compañías de internet, desde Google a Facebook, consideran que la desregulación ataca el nervio central de la red.

“La medida sitúa a la Comisión en el lado equivocado de la historia, la ley e Internet. Pero esto no acaba aquí, el futuro no se merece este final”, sentenció Jessica Rosenworcel, comisaria demócrata de la comisión. “El daño es importante, se van a impedir nuevas empresas y se da la espalda a los intereses de la gente”, afirmó en un escrito el congresista demócrata, Mike Doyle, quien ha anunciado que va a presentar una ley para impedir la desregulación. Una iniciativa destinada al fracaso ante la casi monolítica oposición de los republicanos a la reforma de Obama. Otro golpe de Trump a su legado.