La ofensiva de los Estados para proteger a los ‘dreamers’ avanza en los tribunales

Luz verde judicial a la ofensiva para intentar salvar a los dreamers, los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos. Un juez federal ha permitido a 16 Estados y el Distrito de Columbia demandar al Gobierno de Donald Trump para tratar de revertir su decisión de acabar con el programa DACA, que protege de la deportación a ese colectivo y que se ha convertido en un caballo de batalla de los grupos migratorios.

El Departamento de Justicia anunció en septiembre el fin de la directiva del Gobierno de Barack Obama, que concede permisos temporales de residencia legal en EE UU para unos 800.000 inmigrantes adultos para trabajar, estudiar o servir en el Ejército. El programa está previsto que finalice el próximo 5 de marzo. En un difícil juego de equilibrios, el presidente Trump —cuya política de mano dura en inmigración le catapultó a la Casa Blanca— ha instado al Congreso a aprobar una ley que impida la deportación de los dreamers a cambio de adoptar políticas restrictivas en seguridad, como su proyecto de construcción de un muro fronterizo con México.

Tras el anuncio del Gobierno, una decena de Estados —gobernados por demócratas como Nueva York y Virginia pero también republicanos como Massachussetts y Iowa— anunciaron que lo recurrirían. El Departamento de Justicia pidió que se desestimara ese recurso alegando que el programa de Obama era “inconstitucional” porque se aprobó en 2012 por decreto y también porque el desmantelamiento de DACA iba a ser gradual.

Sin embargo, Nicholas Garaufis, juez federal de Brooklyn, permitió el jueves que el recurso siguiera adelante. El magistrado consideró válido el argumento de los Estados de que el fin del programa migratorio afectaría a empresas y universidades, y calificó de “no persuasiva” la opinión del Gobierno de que la protección a los dreamers no puede revisarse legalmente.

El recurso esgrime que la decisión del presidente republicano es discriminatoria, lo que vulneraría la protección de igualdad bajo la ley amparada por la Constitución. El juez Garaufis permitió que ese recurso prosiguiera, así como otro de un inmigrante de 26 años, que a los seis años llegó a EE UU desde México, que ha demandado la rescisión de su permiso de trabajo en 2015.

En paralelo, otros cuatro Estados, demócratas y republicanos, han interpuesto en la justicia de California otro recurso contra el plan de Trump.

El futuro de los dreamers es un asunto de elevada carga política, económica y social en EE UU, que corre el riesgo de girarse en contra de Trump. Un 82% de los votantes, incluidos cerca de un 70% de republicanos, opina que los dreamers deberían poder quedarse legalmente en EE UU y solicitar la ciudadanía, según una encuesta de finales de septiembre de la Universidad Quinnipiac. Un 10% considera que deberían ser forzados a abandonar EE UU y un 6% cree que deberían poder quedarse en el país pero sin convertirse en ciudadanos de pleno derecho.

Las tensiones entre Estados y Gobierno federal son una constante de la historia de EE UU. Durante los ocho años de Gobierno del demócrata Obama, fueron frecuentes los recursos judiciales de Estados mayoritariamente conservadores contra decretos aprobados por la Casa Blanca, desde asuntos migratorios a medioambientales. En los nueve meses de presidencia de Trump, la batalla judicial de Estados progresistas, como California y Washington, ha logrado a paralizar en tres ocasiones un veto a la entrada a EE UU de inmigrantes de países musulmanes.