El conflicto mapuche profundiza la división del Gobierno de Bachelet

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el 19 de noviembre, en las que la derecha opositora está en una posición privilegiada para recuperar el poder con el candidato Sebastián Piñera, el Gobierno de Michelle Bachelet enfrenta una nueva crisis interna. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, integrante del pequeño anillo de confianza de la mandataria y encargado del orden y la seguridad, ha renunciado al Ejecutivo por diferencias en el manejo del conflicto con los indígenas mapuches en el sur del país.

La salida del socialista Aleuy, que ha sido negada públicamente por la propia Bachelet y su ministro del Interior, Mario Fernández, se suma a la caída de todo el equipo económico del Gobierno a fines de agosto pasado por discrepancias por un proyecto minero. “No hay crisis en La Moneda”, señaló ayer la jefa de Estado. “Aleuy me ha planteado que necesita descansar”, agregó la mandataria.

Aunque efectivamente el subsecretario del Interior está formalmente haciendo uso de sus vacaciones por unas dos semanas, de acuerdo con una fórmula propuesta por el Ejecutivo, desde su entorno se asegura que no regresará a su cargo en el palacio presidencial.

La crisis política en esta ocasión se produjo a raíz del conflicto indígena. En La Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, hace décadas se vive un enfrentamiento violento entre los mapuches —que reclaman sus tierras ancestrales—, y la policía, los latifundistas y las empresas agrícolas y forestales. En el marco de esta larga pugna, en julio de 2016 un grupo de mapuches atacó una iglesia evangélica en la localidad de Padre de las Casas. En el interior del templo, adultos y niños celebraban una ceremonia. El Gobierno de Bachelet se querelló invocando la Ley Antiterrorista contra los cuatro acusados: Alfredo Trancal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol.

Detenidos en forma preventiva, hace 110 días los cuatro mapuches comenzaron una huelga de hambre. Para terminar con el ayuno, que fue deteriorando gravemente su estado de salud, reclamaban al Gobierno el retiro de las querellas por la Ley Antiterrorista. Sometidos a un proceso bajo la ley penal común, aseguraban, demostrarían su inocencia. Pese a que el Ejecutivo había desechado en reiteradas ocasiones recalificar las querellas, el pasado viernes La Moneda anunció un sorpresivo cambio de estrategia. Luego de una reunión de la presidenta con los familiares de los huelguistas, el ministro del Interior señaló que se retiraría la invocación a la Ley Antiterrorista.

La decisión de La Moneda se tomó mientras Aleuy, el principal responsable del orden y la seguridad del Gobierno, se hallaba de viaje en Argentina en la llamada Operación Huracán, que terminó con la detención de ocho mapuches. El subsecretario del Interior no estaba en contra de buscar una salida a la delicada situación de los huelguistas, porque finalmente ningún Gobierno quiere terminar su período cargando con el peso de alguna muerte, pero no apoyaba el camino que finalmente eligió Bachelet. A su compleja posición se sumaron las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social, el comunista Marcos Barraza, que señaló que en la Operación Huracán “se abusó de efectismo comunicacional”.

Sin respaldo político

Desautorizado públicamente por la presidenta y sin respaldo político para seguir ejerciendo su cargo, Aleuy tomó la decisión de renunciar a cinco meses de entregar el poder a la próxima Administración en marzo del próximo año. Desde que en mayo de 2015 Bachelet decidiera pedirle la renuncia a Rodrigo Peñailillo, su ministro del Interior y hombre de confianza, Aleuy había sido uno de los principales sostenes políticos de La Moneda. No mantenía una relación de amistad con la presidenta ni necesariamente estaba a favor de la mirada refundacional de este Gobierno, pero era reconocida su influencia y sobre todo la lealtad con la Jefa de Estado. En un Ejecutivo sin coalición y con un jefe de gabinete sin poder, como Mario Fernández, en la práctica Aleuy era el encargado de la gobernabilidad interna.

El oficialismo se halla en un momento complejo. Por primera vez el centroizquierda llegará con dos candidatos a una presidencial y ninguno de los postulantes alcanza un respaldo importante, según las encuestas. Pero esta situación parece no importarle a La Moneda, que está centrada su legado y cumplir con su agenda. Mientras Piñera tiene un 31,3% de respaldo, según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP), el senador Alejandro Guillier, apoyado por los socialistas y otras fuerzas del oficialismo, está en segundo lugar, con el 14,5% de las preferencias. Carolina Goic, senadora y representante de la Democracia Cristiana, alcanza apenas un 2,2%, en el cuarto lugar.