Mapuches

El conflicto armado que se embandera en los derechos de los indígenas ocupa, de repente, el centro de la escena. Hasta allí llegó por distintas vías. En la Argentina, por la desaparición de Santiago Maldonado, el joven cuya suerte se desconoce desde el 1 de agosto, cuando la Gendarmería Nacional, que controla la frontera del país, disolvió una protesta de una organización mapuche. Fue en la provincia patagónica de Chubut. La desaparición de Maldonado es atribuida por organismos de derechos humanos, buena parte de la oposición política y un sector muy amplio de la opinión pública a la Gendarmería. El Gobierno de Mauricio Macri, envuelto en una crisis, rechaza esa imputación. La justicia actúa con una extraordinaria timidez. La incógnita se agiganta y es tomada como bandera por Cristina Fernández de Kirchner, en plena campaña electoral.

El dramático enigma que plantea Maldonado fue la peor manera de correr el velo sobre un fenómeno al que casi nadie prestaba atención en el país. El surgimiento de una agrupación que, con métodos violentos, lucha por el reconocimiento de la nación mapuche como una entidad soberana anterior al Estado nacional. La democracia argentina incorporó a su agenda hace tiempo los derechos de las comunidades originarias, que fueron incorporados a la Constitución en 1994. Desde entonces se crearon varios organismos para gestionar y financiar la situación de los indígenas. La novedad es, ahora, de otra índole. Los reclamos de esos pueblos, entre los cuales está el mapuche, no se formulaban en términos separatistas ni se expresaban en acciones armadas.

Los políticos argentinos recién abren los ojos ante este cruce de política y violencia que protagonizan grupos pequeños, pero muy agresivos, de la comunidad mapuche.

La furia apareció con Resistencia Ancestral Mapuche. Sus militantes, que actúan encapuchados, reconocen como jefe a Facundo Jones Huala, quien está preso en la ciudad de Esquel, a 1.800 kilómetros de Buenos Aires, a la espera de su posible extradición a Chile. Allí se le acusa del incendio de la hacienda Pisu Pisué, en enero de 2013. Desde entonces, Jones Huala se escapó a la Argentina. La justicia cree que allí está la razón del incremento del delito a los pies de la cordillera de Los Andes, en la provincia de Chubut: la justicia detectó robos, privaciones de la libertad, incendios, destrucción de maquinaria agrícola.

La genealogía de Resistencia Ancestral Mapuche hay que buscarla del otro lado de las montañas. En Chile, hace más de dos décadas que actúa la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que apela a la violencia para conseguir el reconocimiento de un Estado anterior al chileno. La CAM recuperó notoriedad hace dos semanas, cuando comenzó el juicio oral por el asesinato de Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne Mackay, dos ancianos que fueron quemados vivos por militantes de esa facción hace cuatro años, en la localidad de Vilcún.

Los políticos argentinos recién abren los ojos ante este cruce de política y violencia que protagonizan grupos pequeños, pero muy agresivos, de la comunidad mapuche. En Chile, en cambio, el debate es cotidiano. Mucho más en estos meses, durante los cuales se disputa la sucesión presidencial. Sebastián Piñera, el favorito en las encuestas, propone el reconocimiento constitucional para esa etnia. Pero denuncia la existencia de un movimiento terrorista. El oficialismo, y sobre todo su candidato, Alejandro Guillier, rechazó hasta el mes pasado esa calificación.

El panorama se agravó hace una semana. Una fracción del nacionalismo mapuche, desprendida de la CAM y denominada Weichan Auka Mapu (WAM), se atribuyó la quema de 29 camiones. La WAM comenzó a actuar a partir de 2013, fecha desde la cual se le imputan 30 atentados. Michelle Bachelet, a desgano, debió desenfundar la ley antiterrorista.

La WAM tiene una peculiaridad inédita: ataca objetivos religiosos. En la justicia chilena se investiga su participación en la usurpación violenta del Seminario San Miguel, en 2014, y 18 atentados contra templos católicos, en 2016. Este rasgo se vuelve significativo en el corto plazo. En enero próximo el papa Francisco visitará Chile. Y una de las ciudades que incorporó a su itinerario es Temuco, cabecera de operaciones de la WAM.

El Pontífice tiene predilección por los movimientos indigenistas. Uno de sus vínculos con la comunidad mapuche es el dirigente social Juan Grabois, que vive en Neuquén e integra el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano. Sin embargo, en la Santa Sede han comenzado a pedir informes sobre la WAM, por temor a que pudiera complicar la llegada de Francisco.

Estas organizaciones mapuches, que se sirven de atentados como instrumento para su lucha, levantan consignas anticapitalistas y suelen tener como blancos a grandes propietarios. Por ejemplo, la protesta que disolvió la gendarmería argentina, y durante la que habría desaparecido Maldonado, incluyó la intrusión violenta de un campo de la empresa Benetton. Este aspecto del conflicto comienza a ser examinado con más detalle en la Argentina. Sobre todo porque en Neuquén, un poco más al norte de la zona en la que suelen producirse los atentados, se extiende el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta. Las principales petroleras internacionales están decidiendo inversiones en esa reserva, que ha sido calibrada como una de las más importantes del planeta. El conflicto mapuche tiene, para esa corriente de negocios, otra significación.