Blair propone dureza contra la inmigración para evitar el Brexit

El ex primer ministro británico Tony Blair propone endurecer el control de la inmigración europea como única manera de evitar el Brexit. La propuesta, resumida en un artículo que firma este domingo en The Times, entraña un formidable ejercicio de contorsionismo político, no solo por su naturaleza aparentemente contradictoria, sino por la propia historia personal de quien la formula: muchos en Reino Unido culpan a Blair del aumento en la preocupación pública por la inmigración que alimentó el voto por salir de la Unión Europea.

Cuando ocho países de Europa del Este se unieron a la UE en 2004, el Gobierno laborista de Blair, al contrario que la mayoría de países europeos, decidió no aplicar controles transitorios a la inmigración procedente de esos nuevos socios. Pero “eran otros tiempos”, escribe quien fue jefe de Gobierno entre 1997 y 2007, “y en aquel entonces la economía era fuerte”. Hoy, añade, “no hay desvío posible del Brexit sin afrontar las quejas que lo alimentaron. Paradójicamente, debemos respetar el voto del referéndum para cambiarlo”.

El último laborista en ganar unas elecciones generales defiende, en un artículo que resume un documento producido por su Instituto para el Cambio Global, endurecer los controles domésticos y “negociar dentro de Europa modificaciones al principio de libertad de movimiento”. De esa manera, explica Blair, se cumpliría el deseo de la gente expresado en el referéndum de hace un año, permitiendo que Reino Unido siguiera en la UE.

“Si genuinamente creen que el Brexit es el camino adecuado, entonces háganlo”, conmina a la clase política. “Pero si no lo creen, al menos prueben una vía diferente, respondiendo a las ansiedades detrás del Brexit con soluciones que funcionen; y alejen al país del inmenso daño de un Brexit duro, ya que, francamente, no hay otra oferta”.

Blair propone forzar a los inmigrantes europeos a registrarse a su llegada a Reino Unido, una medida que ya ponen en práctica algunos países comunitarios. Además, negaría el derecho a alquilar una vivienda, a solicitar ayudas públicas, a abrir una cuenta bancaria o a acceder a la sanidad pública a aquellos europeos que vengan sin contrato de trabajo. La medida entraña un ataque a Theresa May, ya que señala que la primera ministra no ha aprovechado la actual legislación que permitiría ciertos controles a la inmigración europea sin salir de la UE.

La propuesta de Blair trata de producir un giro en un debate atascado en la imposibilidad de superar la evidencia de que, solo aceptando un perjuicio a la economía, se podrá recuperar el control de la inmigración. El reloj de Michel Barnier, jefe negociador de los Veintisiete, corre y el horizonte pasa del gris al negro oscuro.

La tramitación parlamentaria de la gran ley del Brexit, que llega a su segunda fase este lunes, exhibirá de nuevo el enconado conflicto entre los dos bandos del Partido Conservador que amenaza la supervivencia de una primera ministra desautorizada tras unas desastrosas elecciones en las que perdió su mayoría absoluta. Bruselas desprecia, por vagos y poco serios, los pocos documentos producidos por Londres. Las carencias del jefe negociador, David Davis, se hacen cada vez más evidentes, y el Gobierno británico no parece capaz de avanzar un solo paso por temor a irritar a uno u otro de los bandos enfrentados.

Así las cosas, nadie en su sano juicio espera que, en las dos rondas negociadoras que quedan antes de la cumbre de mediados de octubre, se alcance el “suficiente progreso” en los términos del divorcio que Barnier dijo necesario para empezar a hablar de la relación futura. Parece imponerse, y así lo reclaman los más pragmáticos, un periodo de transición en que Reino Unido siga de facto en la UE a partir de 2019, una vez vencido el plazo impuesto por los tratados. Pero el sector duro de los tories euroescépticos, que esta semana ha circulado una carta rechazando medias tintas y exigiendo un Brexit duro, está dispuesto a dar la batalla. Parece el momento adecuado para ideas nuevas.

Blair reconoce que “no está claro” que una estrategia como la que propone pueda tener éxito. “Los ataques serán amargos y se me acusará ferozmente de fomentar la decepción”, reconoce, anticipándose a las criticas de uno y otro bando que no han tardado en llegar. “Pero en este momento que definirá el futuro del país”, concluye, “todos los diputados tienen la obligación de poner el país por delante del partido”.