Maduro llama a unas elecciones constituyentes diseñadas a su medida

El chavismo busca un salvavidas exprés y a su medida con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Si eso ya se esperaba de esa iniciativa, anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo, quedó comprobado este martes, cuando el propio mandatario dio a conocer el decreto por el que se establecen las condiciones en las que se elegirán los diputados de la asamblea.

Maduro dio lectura y firmó el decreto de las “bases comiciales” -el nombre técnico del documento- al final de una marcha convocada por el oficialismo para denunciar “la violencia y el fascismo” que atribuye al sector opositor, luego de 53 días de protestas callejeras que se saldan con 55 muertes y miles de heridos. El evento, condicionado por la lluvia que desde temprano cayó sobre Caracas, cubrió una ruta que iba desde la avenida Libertador hasta el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de la capital venezolana.

El presidente venezolano anunció el pasado 1 de mayo que convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente que sirviera como foro de diálogo “para lograr la paz que necesita la República”. Aunque la Constitución vigente data de 1999 y quedó confeccionada bajo la atenta mirada del comandante Hugo Chávez, , ya para entonces en el poder, se entendió que el llamado a una Asamblea Constituyente se proponía, en el mejor de los casos para el chavismo, reconfigurar las reglas del juego institucional a su favor o, en el peor, hacerle ganar algo de tiempo ante una crisis socioeconómica y de gobernabilidad que no hace más que agudizarse.

“El dilema está muy claro en Venezuela”, dijo este martes Maduro a sus seguidores, “o Constituyente o violencia; o balas o votos”.

Pero cuando el líder del chavismo dio a conocer enseguida las condiciones para la elección de los constituyentes, quedó claro por qué su Gobierno, el mismo que pulsó las teclas institucionales para bloquear en 2016 la realización de un referendo revocatorio o de las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores -que, de acuerdo a todos los estudios de opinión, iba a perder-, presiona ahora para que se celebren estos comicios. Y es que se jugarán con las cartas marcadas.

De los 540 diputados que el oficialismo plantea conformen la ANC, 168 provendrán de lo que el decreto presidencial llama el “ámbito sectorial”. Se trata de un componente corporativista que recuerda disposiciones de regímenes totalitarios de otrora, por el que se escogerán representantes provenientes de listas gremiales. Maduro ha definido ocho sectores que tendrán derecho a postular candidatos: los trabajadores, los estudiantes, las comunas, los pensionados, los empresarios, los discapacitados, los campesinos y pescadores. Se espera que el chavismo saque provecho del dominio clientelar que ejerce sobre algunos gremios de base y de la ambigüedad prevaleciente para definir quién pertenece y quién no a cada uno de esos sectores.

Así mismo se elegirán 364 diputados “territoriales”, la mayoría a razón de un diputado por municipio, sin reparar en la población de esas circunscripciones. La medida busca disminuir el peso electoral de circunscripciones urbanas -como los estados Zulia y Miranda, las dos mayores del país- que votan por la oposición, y aumentar la proporción de los municipios rurales donde el chavismo conserva el control.

Se reservarán ocho curules para representantes de las etnias indígenas.

Aunque voceros del oficialismo se han apresurado a aclarar en días previos que la Constituyente no se propone disolver los poderes constituidos, ni siquiera la Asamblea Nacional opositora que incordia al Gobierno desde enero de 2016, el decreto presidencial dado a conocer este martes da una pista sobre cuál puede ser el destino del parlamento: se ordena que la Asamblea Constituyente se instale en el Palacio Federal Legislativo, la sede donde hoy delibera la Asamblea Nacional.

La oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha manifestado, aún desde antes de conocerse la enrevesada arquitectura de los comicios constituyentes, su rechazo a la convocatoria. Ese criterio lo ratificó el martes en la noche Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado de Miranda y dos veces ex candidato presidencial, quien calificó la iniciativa como “un fraude” y llamó a marchar este miércoles en Caracas y otras ciudades para desconocerlo. “Pretenden hacer una constitución a su medida y eso los venezolanos no lo vamos a aceptar”.

Mientras tanto, casi al mismo tiempo, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) -entidad controlada por el Gobierno- declaró que el organismo se prepara para realizar las elecciones para la Constituyente a finales del próximo mes de julio. De paso, aseguró que los comicios para escoger gobernadores tendrán lugar en diciembre de 2017, un año más tarde de la fecha que correspondía por mandato constitucional.

Sin embargo, no todo ocurrió este martes a pedir de boca para el presidente venezolano. En la jornada se hicieron públicas las primeras disidencias con respecto a la Constituyente, provenientes del oficialismo.

Dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marisela Godoy -de la Sala de Casación Civil- y Daniel Mojica -de la Sala de asación Social- manifestaron su repudio a la Constituyente a través de medios de comunicación.

En el mismo sentido se pronunció la exministra de Hugo Chávez  y ex vicepresidenta regional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Maripili Hernández, a través de un texto difundido por un canal de televisión colombiano. Para Hernández el actual llamado a Constituyente “contradice absolutamente los principios fundamentales del chavizmo”.

La crítica desde el chavismo fundamentalista a la Constituyente de Maduro apunta a la negativa del Gobierno a someter a consulta popular tanto la convocatoria a la asamblea como la Carta Magna que eventualmente produciría.

En 1999 Hugo Chávez hizo celebrar sendos referendos para aprobar el llamado a Constituyente, así como la Constitución resultante.