Argentina pone a los violadores en una lista negra

La lista negra incluirá a los delincuentes sexuales con condena en firme y será accesible para funcionarios que tengan en sus manos causas judiciales. El jueves está prevista una reunión con todos los laboratorios forenses que dependen del Ministerio Público Fiscal para decidir cómo extraer y conservar las muestras de ADN y se creará una comisión tripartita con integrantes de los ministerios de Justicia, Seguridad y Ciencia y Tecnología para supervisar su funcionamiento. El registro será una realidad en pocas semanas, confirman desde la cartera judicial.

"Hace años que la asociación civil (Madres del dolor) lucha para que tome cuerpo el banco de datos genético, pero en Argentina parecemos bomberos. La ley se votó cuando apareció el cuerpo de Ángeles y ahora apareció el de Micaela", dice a EL PAÍS Yaconis. "Tengo el ADN de la persona que mató a mi hija pero es un NN (no name, un desconocido). Y no es el único, son muchos", lamenta la madre de Lucila, quien espera que la aplicación de la ley ayude a resolver casos judiciales abiertos. "Con esto no vamos a terminar con las violaciones, pero vamos a empezar a acorralar al violador", agrega.

Mendoza, pionera

La provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina, fue la pionera en aprobar un registro de violadores, pero también faltó voluntad política para que entrase en vigor, denuncia por teléfono el autor de la ley, el diputado Luis Petri. Actualmente, el registro se ha ampliado e incluye a personas condenadas por todo tipo de delitos dolosos. En total, cuenta con unas 800 muestras, tomadas en el último año, según Petri. El legislador celebra la cercana reglamentación de un banco de ADN nacional. "Es trascendental para impedir la impunidad. Ayuda al esclarecimiento de casos, sobre todo de violación, porque los agresores sexuales en muchos casos dejan huellas genéticas de piel, sangre o semen", remarca. Cree que la ley ayuda también a evitar la reincidencia, al desalentar la comisión de nuevos delitos.

Según datos del Ministerio de Justicia, las condenas por delitos sexuales aumentaron un 33% entre 2012 y 2015, el último año contabilizado. Pero el colectivo Ni Una Menos considera que esas cifras son solo la punta del iceberg y con el registro pasará lo mismo. "Las mujeres recibimos múltiples formas de violencia sexual y muy pocas tienen condena efectiva", advierte la abogada Sabrina Cartabia, integrante de Ni Una Menos. Por ese motivo, Cartabia sostiene que el registro "va a identificar a un mínimo número de agresores sexuales" y no tiene en cuenta que la mayoría de mujeres "no denuncian y a las que denuncian no las creen". "No es una medida que nos beneficie. No va a terminar con violencia sexual ni van a terminar las violaciones", asegura.

Este colectivo, nacido dos años atrás contra los feminicidios, critica la decisión del Gobierno de Macri de combatir estos crímenes con medidas punitivas en vez de promover la prevención. "Hay una herramienta que ya existe, pero no se implementa, que es la educación sexual integral. Brinda conocimiento y respeto, que es lo que hace falta, porque si sabés identificar lo que es abuso podés reaccionar a tiempo, ponerle freno o pedir ayuda. En ese momento esto no se está haciendo porque el Gobierno ha desarticulado el programa", denuncia la letrada.

Con esta iniciativa Argentina sigue los pasos dados antes por países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y España. Será necesario esperar para ver sus resultados.